La vulnerabilidad de las personas mayores, en especial aquellas con enfermedades graves, ha quedado duramente de manifiesto en la actual pandemia por Covid-19.
Aquello se aprecia no sólo por las características del virus, que hace que los mayores de 60 años, especialmente aquellos con afecciones médicas preexistentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes o cáncer, tengan más probabilidades de una infección grave por coronavirus, que incluso, puede llegar a ser mortal, que otros grupos de edad, sino también por las necesidades sociales, económicas, de cuidado, acompañamiento y hasta éticas, que urgentemente requieren.
Los países que se enfrentaron antes a Covid-19 lo vivieron. China, Italia y España, no sólo fueron testigos de cómo un alto número de personas mayores falleció por esta causa, sino que muchos vivían solos, y murieron sin compañía en sus hogares. Pero, además, los que estaban internados en condiciones graves producto del virus, muchas veces no fueron considerados la primera opción a la hora de decidir a quién dar opción de un ventilador mecánico.
La actual pandemia se minimizó por afectar, se creía, en especial a población mayor de 60 años. Tedros Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo recalcó en marzo: algunos países consideraron que la amenaza del coronavirus es “menos digna de los mejores esfuerzos para contenerla” porque las personas más afectadas son personas mayores.
“Si algo va a lastimar al mundo, es la decadencia moral. Y no tomar la muerte de los ancianos o las personas de la tercera edad como un problema grave es la decadencia moral”, subrayó en esa oportunidad Ghebreyesus. “Cualquier individuo, cualquier edad, cualquier ser humano importa”.
El director general de la OMS señaló además que la organización tomó la decisión de declarar al virus una pandemia debido a la velocidad y la escala de transmisión del virus y a la “falta de compromiso político en algunos países para controlarlo, a pesar de nuestras frecuentes advertencias”.
Chile envejecido
En Chile la crisis sanitaria por coronavirus no ha terminado. Pero es posible ir sacando algunas enseñanzas e ir construyendo una nueva política pública dirigida a las personas mayores de 60 años, es decir, al 19,3% de la población chilena según última la encuesta Casen del año 2017, indica Agnieszka Bozanic, psicogerontóloga de la Universidad de Barcelona, fundadora y presidenta Fundación GeroActivismo.
Según establecen cifras del Censo abreviado de 2017, en ese momento el país contaba con 2.003.256 personas mayores de 65 años, es decir, un 11,4% del total de la población. La mayoría reside en la Región Metropolitana (767.377 personas), le siguen Valparaíso (247.113) y Biobío (183.145). Para el año 2050 se estima representarán el 31,6% de la población nacional.
Una población hoy en mayor riesgo. El Ministerio de Salud indicó que el 25% de los fallecimientos por Covid-19 se registra en los mayores de 75 años, cuando decretó cuarentena obligatoria a ese grupo etario, ampliando así el aislamiento estipulado para personas mayores de 80 años.
Bajo este contexto, el primer aprendizaje que nos deja esta situación, “es la necesidad urgente de transitar hacia políticas públicas gerontológicas con enfoque de derechos y género”, dice Bozanic.
Javiera Pérez Duvauchelle, terapeuta ocupacional y gerontóloga, agrega que, si bien la Política Integral de Envejecimiento Positivo de Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) tiene como objetivo proteger la salud funcional de las personas mayores, mejorar su integración en los distintos ámbitos de la sociedad e incrementar sus niveles de bienestar subjetivo, actúa de manera asistencialista. “Como dice María Isolina Dabove, abogada experta en derechos de la vejez, no son perdurables ni permanentes al estar su desarrollo condicionado por el poder económico y político”, indica.
¿Pero qué significa transitar hacia un modelo de derechos y género? Bozanic, explica que es cuando la política nace desde el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores en igualdad de condiciones, así como el resto de los ciudadanos, “derribar el paradigma discriminatorio que rige, dejar de observar a las personas mayores como objetos de caridad y comenzar a actuar hacia y con ellos como sujetos de derechos”.
Incorporar la perspectiva de género en la política gerontológica tiene como finalidad, visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades de género. Esto, pues en Chile, explica Pérez, vivimos un fenómeno de la feminización de la vejez, “las mujeres vivimos más tiempo, con más enfermedades crónicas y con peor situación socioeconómica, es decir, con peor calidad de vida”.
La creación del “Ministerio de la Persona Mayor, del Envejecimiento y Vejez”, señalan ambas, es una necesidad que tiene que considerarse en el actual escenario de pandemia. Un organismo, que desde su origen trabaje desde los enfoques mencionados y que, además, lo haga de forma intersectorial y coordinada con la red ya existente, para generar una respuesta integral a las necesidades de la persona mayor.
“Abordando no sólo los determinantes de la salud individual, sino también los determinantes sociales, culturales, económicos y geográficos que impactan de igual manera el bienestar y calidad de vida de las personas”, dice Bozanic.
El transitar hacia una política gerontológica, señala Pérez, es también responder a las nuevas y distintas “vejeces” determinadas multifactorialmente.
En el mismo sentido, se requiere generar alianzas efectivas entre los organismos estatales, actores de institutos de investigación e instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones privadas dedicadas a brindar servicios, dice Bozanic, “que cuentan con conocimiento empírico de las problemáticas asociadas a la vejez y en su repercusión tanto en las comunidades como en las familias”. Eso permitirá generar prácticas de cuidado colectivas que otorguen respuestas a las necesidades según el territorio o entorno de las personas.
La necesidad de un ministerio no es un capricho, indica Bozanic: “No olvidemos que Chile ha firmado y ratificado la Convención Interamericana sobre los DDHH de las Personas Mayores, donde queda explícitamente señalado que las personas mayores tienen una serie de garantías como el derecho a la autonomía, a la vida, a no ser discriminado por edad ni género, a la salud y a la asistencia sanitaria, entre otros. No podemos seguir con la visión de asistencia y suficiencia. Debemos transitar hacia nuevas políticas públicas proactivas en vez que reactivas, como ha quedado demostrado en estos tiempos de pandemia. Debemos ya comenzar a colocar los cimientos del Chile 2050, el más envejecido del Cono Sur”.
