Pasaportes de vacunación: El documento que pone en jaque la salud y los derechos humanos de las personas

El turismo ha sido uno de los rubros más afectados durante la pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, sus siglas en inglés), en 2020, todas las regiones del mundo se vieron afectadas por el descenso de turistas. Europa en un -66%, América un -55%, África y Oriente Medio con -57% y Asia fue la más golpeada con una caída del 72% de viajeros internacionales.

En Chile, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) durante enero y octubre la llegada de turistas extranjeros descendió un 72%. La organización afirma que se verá un repunte en este sector recién a mediados del 2021, basados en los avances en la contención de la pandemia y la implementación de vacunas alrededor del mundo.

Sin embargo, la necesidad de reactivar los sectores mermados por el coronavirus se contrapone al deber de los países de resguardar la salud pública de sus habitantes y evitar la proliferación de brotes en sectores turísticos del territorio, que podría llevar a un nuevo descontrol de la enfermedad y la continua implementación de restricciones en los traslados.

Esta problemática ha llevado a varios países a evaluar la posibilidad de crear un pasaporte de vacunación, documento que acreditaría que el viajero se encuentra inoculado, la fecha de la inyección y con qué vacuna fue inmunizado.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió a las agencias gubernamentales evaluar la viabilidad de producir certificados digitales de vacunas en una de sus primeras órdenes ejecutivas. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis ha propuesto a la Unión Europea seguir adelante con un certificado de vacunación común para toda la región que podría ayudar a crear una “vía de circulación rápida”.

El ministro de Desarrollo Digital de Suecia, Anders Ygeman, dijo que dicha documentación tendría que convertirse en la norma si el mundo quería “ponerse en marcha” nuevamente.

Pero los países no han sido los únicos que han esbozado la idea de la implementación de un certificado que acredite la vacunación a quienes ingresen a sus territorios.

Aerolíneas como Etihad Airways y Emirates comenzarán a usar un pase de viaje digital, desarrollado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su sigla en inglés), para ayudar a los pasajeros con sus planes de viaje y proporcionar a las aerolíneas y los gobiernos documentos que prueben que han recibido la vacuna o que se han hecho una prueba para detectar Covid-19.

La compañía de transporte aéreo australiano Qantas fue más drástica en su decisión anunciando en noviembre que sólo permitiría pasajeros vacunados a bordo de sus vuelos en el futuro.

No obstante, la posible imposición de un certificado para movilizarse pondría en riesgo la libertad de las personas para trasladarse a otro país, además de discriminar a los que han decidido no vacunarse, haciendo tácita la exigencia de la inoculación.

La Oficial Principal de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, doctora Catherine Smallwood, explicó que la posición del organismo sobre los pasaportes de inmunidad no es favorable a estas herramientas como medio para prevenir la transmisión a través de las fronteras. Smallwood, sostuvo que “lo que sí recomendamos es que los países miren los datos sobre la transmisión tanto dentro de sus países como más allá de sus fronteras y ajusten su guía de viaje a las personas en consecuencia”, expresó la oficial de la OMS.

La Universidad de Exeter en el Reino Unido publicó un informe sobre el impacto que tendrían los pasaportes de vacunación en los derechos humanos consagrados ante la ley.

Ana Beduschi, profesora de derecho y una de las autoras del informe indica que, si bien estos certificados de inmunización pueden contribuir a la gestión a largo plazo de la pandemia, el documento plantea “cuestiones esenciales para la protección de la privacidad de los datos y los derechos humanos”.

Beduschi agrega que el requerimiento rutinario por parte de autoridades públicas de documentos que acrediten el estado de salud de los individuos podría “preservar las libertades de quienes no tienen la enfermedad o han sido vacunados. Sin embargo, si alguna persona no puede acceder, pagar o simplemente no quiere inocularse contra el Covid-19, no podrá probar su estado de salud y, por lo tanto, sus libertades se verán restringidas de facto”, afirma la abogada.

Los certificados siguen en discusión, pero las autoridades sanitarias de los países están tomando en consideración las aristas éticas que podría tener la aplicación de este documento.

De acuerdo al comité de ética de Alemania, organismo independiente que asesora al gobierno, ha recomendado que no se otorguen condiciones “especiales” a los vacunados, ya que, se estarían restringiendo las libertades civiles y además, ante la evidencia científica, todavía se desconoce cuánto duraría la inmunidad de los vacunados, haciendo este certificado más un elemento que provocaría “privilegios individuales”, más que una herramienta para controlar la diseminación del virus por los países.