En 2016, Julie Libarkin, profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Michigan, comenzó a recolectar información de acoso sexual y abuso por parte de académicos y académicas. La base de datos partió con 12 casos y actualmente hay 753.
La idea de crear este registro surgió a partir de una experiencia personal de Libarkin. Mientras era profesora asociada, sufrió acoso sexual por parte de un profesor emérito durante una fiesta en el campus universitario. Al final, la justicia falló a favor de ella.
La base de datos contiene sólo los casos probados, señala Libarkin a Qué Pasa. "Aquellos que puedo verificar a través de informes de los medios de comunicación, documentos universitarios o documentos judiciales legales", explica.
Se habla principalmente de académicos implicados, dice Libarkin, porque ellos representan el 98% de los perpetradores. "Al analizar los datos, hasta el momento el 2% de los perpetradores son mujeres".
"Recibo varias solicitudes de otros países para la creación de bases de datos similares. Espero reunir a personas interesadas en hacer esto para que podamos compartir recursos, métodos y esfuerzos", señala Libarkin a Qué Pasa sobre la posibilidad de extender la iniciativa a otros países.
Universidad segura
Actualmente, en Chile está en tramitación el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, pero no contempla la idea de un registro de académicos acusados de conducta sexual inapropiada.
Según explica Adriana Bastías, bióloga de la Red de Investigadoras, esta es una discusión que han tenido y que les gustaría que esta medida sea adoptada en el proyecto. "Una de las sugerencias es efectivamente que haya, al igual como hay registro de pedófilos, un registro de abusadores y acosadores sexuales en universidades chilenas".
La científica aclara que esto es necesario para prevenir, por ejemplo, que el académico que está siendo sumariado renuncie a la universidad en que trabaja y se cambie a otra. "Como no queda registro alguno del sumario, el profesor se inserta en otra universidad diciendo que necesitaba un cambio, nuevos desafíos, etc.", advierte.
"Otra cosa que hemos propuesto es que, de alguna forma, los acusados no puedan recibir fondos públicos a través de Conicyt. Quienes entregan financiamiento deberían tener un mínimo de ética. El año pasado, junto a un grupo de investigadoras, enviamos una carta a Conicyt pidiendo esto, pero para ellos no basta que el acusado esté siendo investigado, ya que se amparan en que no es algo legal. Como no hay ley de acoso sexual, te tienes que quedar solo con el sumario de la universidad", indica Bastías.
Según una encuesta realizada por Corporación Humanas, el 89,9% de las chilenas asegura haber sufrido acoso sexual al menos una vez en su vida. Por otra parte, la encuesta de Acoso Callejero publicada en 2014, afirma que en el 97% de los casos, los victimarios son hombres.
Respecto a esto, Bastías comenta: "Si se ve desde el punto de vista de las carreras más "masculinizadas", en las que hay una mayor cantidad de hombres, esto aumenta la probabilidad de que la mujer sufra abuso o acoso sexual, lo que va desde los estudiantes hasta la planta docente, los que también suelen ser hombres. Y no porque el hecho ocurra fuera de la universidad deja de ser responsabilidad de la universidad. Alguien tiene que hacerse cargo".
Un estudio de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, realizado en 2017, indica que entre el 20 y 50% de las mujeres estudiantes de estas carreras, han sido víctimas de conducta sexual inapropiada.
Bastías agrega que otra de las peticiones que surge con el proyecto de ley, tiene que ver con el tema de la acreditación universitaria. Es decir, aclara, cuando se vaya a acreditar una universidad, deben tenerse en cuenta los protocolos o políticas de género. "Tampoco se trata de una cacería de brujas, sino de algo justo y necesario para que quienes pasen por la universidad se sientan seguras y puedan desarrollar su futuro sin tener miedo", sostiene.
