Presupuesto público para Ciencia, Tecnología e Innovación: una realidad incómoda

Nos encontramos una vez más en medio de la discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año y el pesimismo se instaló en gran parte de la comunidad científica, que ve postergada una vez más su aspiración de un incremento importante en las partidas dedicadas a investigación y desarrollo (I+D). Una esperanza que fue alimentada por la reciente promulgación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI), institucionalidad que crea la oportunidad histórica de diseñar estrategias, políticas y planes de acción de mediano y largo plazo, alineados detrás de un objetivo mayor: construir un nuevo pilar para el desarrollo integral del país basado en ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Las señales que ha entregado la administración del Presidente Piñera revelan un obvio desinterés por la instalación del nuevo ministerio. Peor aún, entre los nombres que han sonado como candidatos a encabezar la nueva cartera, existen personas del mundo científico que fueron abiertos detractores del proyecto y del diseño del ministerio, con argumentos a lo menos cuestionables.

Pese a que hoy se lamenta un recorte del presupuesto público para CTI en 2019, la partida de CONICYT – donde se juega el grueso del financiamiento para iniciativas científicas y tecnológicas – crece en términos reales. Sin embargo, lo hace en un monto apenas suficiente para mantener precariamente lo que ya existe. Una lectura más optimista diría que se trata de un presupuesto de mantención, a la espera de que la nueva cartera del ramo defina las áreas y programas donde se debe priorizar una mayor inyección de inversión pública, pero mientras no exista una señal contundente del gobierno en ese sentido solo cabe especular.

Con todo, resulta cada vez más difícil sumarse a las demandas de los investigadores locales que estiran la mano para pedir más financiamiento público sin acompañar el gesto con propuestas responsables que permitan mejorar la gestión, el diseño y el impacto de los instrumentos donde se destinan estos recursos. Sin ir más lejos, existe una propuesta de la Academia Chilena de Ciencias para alcanzar en 4 o 5 años el 1% del PIB en inversión pública para ciencia y tecnología. Al analizar este documento resulta evidente que se trata de un ejercicio voluntarista para inyectar más dinero fiscal a los programas e instrumentos ya existentes, además de resucitar iniciativas como las Cátedras Presidenciales, que transfirieron cuantiosos recursos a científicos de renombre para apoyar sus investigaciones con un retorno sobre la inversión que hasta hoy no ha sido evaluado en otras dimensiones distintas a la producción de papers. Es decir, se plantea continuar en piloto automático, sacando recursos de alguna parte (tampoco queda bien claro de dónde) para financiar más de lo mismo, sin abordar seriamente ningún aspecto relativo al diseño de los instrumentos, su impacto multidimensional, su gobernanza, etc.

Ante este tipo de propuestas, nuestros investigadores debieran comenzar a procesar el fracaso reciente que experimentó la expansión de la inversión en ciencia y tecnología en Argentina. El país vecino casi duplicó en 10 años su inversión en I+D hasta más del 0.6% PIB, empujando la inserción masiva de investigadores de carrera en el sistema público, todo lo cual terminó este año con el desmantelamiento de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de recortes presupuestarios en programas e instrumentos de financiamiento. Lo más grave: el impacto de toda esa inversión sobre el desarrollo del país vecino no se alcanzó a notar antes de verse obligada a retroceder. Entonces, si desde las más altas esferas del mundo científico chileno no existe la capacidad de generar propuestas integrales, responsables e innovadoras, que incluyan una necesaria evaluación de impactos y sustentabilidad, va a ser difícil convencer a quienes manejan la billetera fiscal que el esfuerzo vale la pena.