En 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que buscadores de Internet como Google, debían eliminar los enlaces e informaciones publicadas en el pasado si eran consideradas "ofensivas" para alguna persona. El fallo además, obligó a ofrecer resultados diferenciados para Europa y el resto del mundo.
¿La contienda? "El derecho al olvido", aquel que le da poder a los ciudadanos de la Unión Europea de solicitar a una organización, ya sea oralmente o por escrito, la eliminación de datos sensibles o privados sobre ellos.
La medida inédita, llevó a más de 70 mil personas en Europa a pedir que se retirarán enlaces que los afectaban. Google, señaló en ese momento que cada petición sería analizada de forma individual.
La disputa, sin embargo, no quedó ahí. El pasado martes, nuevamente Google se enfrentó a otra importante decisión sobre la privacidad. En este caso, debía responder ante un regulador francés de protección de datos, y la posibilidad de que el derecho al olvido se pudiera aplicar exclusivamente en Europa o tuviera un alcance global.
¿El veredicto? La Corte Europea de Justicia le dió la razón a Google, después un tira y afloja legal de tres años contra la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia. Con ello limitó además el derecho al olvido a la UE.
Sin embargo, es cuestión de que un ciudadano europeo con una Red Privada Virtual o VPN (en inglés Virtual Private Network) que oculte su proveniencia escriba google.com en lugar de .de (Alemania) o .fr (Francia) para encontrarse con datos "olvidados" en los resultados. Es en este contexto que, en 2015, la CNIL ordenó a Google remover a nivel mundial datos sensibles sobre a una persona afectada. Google se rehusó, y escaló la contienda hasta la Corte Europea, la cual ayer emitió su veredicto.
Google ha recibido 845,501 peticiones para "derecho al olvido" en los últimos cinco años, de los que la empresa ha eliminado un 45% de los 3.3 millones de links solicitados en dichas peticiones.
¿En Chile?
Actualmente en Chile este derecho está en discusión en el Senado como parte del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, no significa que los ciudadanos estén sin alternativas para hacerle frente a la difusión de información que atente contra su honra.
Pablo Viollier, analista de la ONG Derechos Digitales encuentra que, bajo las reglas del "derecho al olvido", las empresas son las que tienen el poder de ponderar entre privacidad y acceso a la información. Es por eso que considera más efectivo el sistema chileno, donde la persona puede "recurrir a un recurso de protección y que sea una corte imparcial de justicia la que esté encargada de hacer una ponderación entre derechos fundamentales".
"Hay muchos recursos de protección donde se ha recurrido directamente contra medios de comunicaciones, y se ha logrado llegar a soluciones menos lesivas que desindexación (que el enlace no aparezca en los resultados de búsqueda)," dice Viollier. Por ejemplo, indica, "obligar a medios de comunicación a actualizar las noticias, que creo es una solución más ponderada".
De aprobarse el actual proyecto de ley de datos personales, el usuario tendría que reclamar primero contra la empresa, como Google. Si la solicitud es rechazada, habría que recurrir a la Agencia de Protección de Datos Personales, órgano que se implementaría de ser aprobada la ley. En última instancia, tendría recurrir a la Corte Suprema de Justicia.