¿Qué es la castración química que propone el presidente de Perú? ¿Se aplica en Chile?

La castración es una técnica quirúrgica destinada a retirar los órganos sexuales, en hombres o en mujeres. Esto causa la esterilización, con lo que se impide la reproducción. De igual manera, su práctica también reduce drásticamente la producción de las hormonas generadas básicamente en dichos órganos, como la testosterona o los estrógenos.

Se trata de una práctica muy usada en la antigüedad por razones religiosas o sociales, pero que en el último siglo fue extinguiéndose, por considerarse degradante. Sin embargo, se sabe que bien avanzado el siglo XX, siguió practicándose en muchas partes, generalmente como una supuesta solución a la homosexualidad o bien para castigar a agresores sexuales.

En los Países Bajos y gracias a la denuncia de unas de las víctimas, un número no menor a diez menores de edad, internados en institutos católicos, habrían sido castrados para suprimir su homosexualidad, durante la década de 1950. La Comisión Deetman, encargada, desde 1945, de investigar los abusos sexuales ocurridos dentro de la Iglesia católica neerlandesa no llegó a profundizarla.

En los Países Bajos, la terapia electroconvulsiva y la castración eran métodos no poco comunes de tratar la homosexualidad en hombres menores de 21 años; se estima que unos 400 hombres fueron castrados en hospitales neerlandeses entre 1930 y 1968, cuando se abolió la práctica.

Hoy se utiliza la llamada castración química, que no implica el retiro de ningún órgano o parte de él, sino en la administración de medicamentos antiandrogénicos que anulan las funciones de las hormonas masculinas y, por tanto, también la conducta sexual del hombre.

No se trata, por tanto, de una forma de esterilización, ya que los efectos son reversibles y tampoco se producen alteraciones físicas como en la castración quirúrgica, que implica la eliminación de testículos u ovarios.

Fue precisamente una propuesta del gobierno de Perú, la que volvió a poner a esta práctica en el radar. El presidente Pedro Castillo propuso el sábado aplicarla a los violadores sexuales luego del ultraje el martes de una niña de tres años que conmocionó al país durante el inicio de la Semana Santa.

Se trata de una fórmula en uso en varios países. Por ejemplo, en EE.UU., se usa en varios estados, En septiembre de 1996, California se convirtió en el primero en usarla como requisito obligatorio para que algunos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional.

La medida ha sido replicada en otros estados como Florida. Hoy también se aplica a los violadores reincidentes, que reciben dosis periódicas de progestina. El tratamiento consigue reducir los niveles de testosterona por lo que, en teoría, también se provoca una disminución de la libido y de algunas de sus fantasías sexuales.

Su aplicación en Corea del Sur data del 2 de enero de 2013, cuando la Corte de Seúl condenó a un hombre de 31 años acusado de pederastia a 15 años de cárcel y a otros tres años de castración química con un tratamiento hormonal.

Ésta permite el uso del tratamiento hormonal para los condenados por pederastia mayores de 19 años que la corte considere proclives a reincidir.

En 2016, Indonesia se sumó a las naciones que usan la castración química para castigar alos agresores sexuales, practica que también se utiliza en Rusia y Polonia también obligan a los delincuentes sexuales que han cometido abusos a menores a someterse a la castración química.

Hay otro grupo de naciones en los que la castración química es voluntaria. Entre ellos están Reino Unido, Australia, España y Francia.

En Chile, en 2014, la exdiputada Karla Rubilar propuso modificar las leyes Nº18.216 y 19.856, incorporando la realización de tratamiento médico como requisito para acceder a algún beneficio en el cumplimiento de la condena por delitos de abuso sexual infantil.

La iniciativa establecía que tratándose de los condenados por los delitos contemplados en los artículos 362, 365 bis numeral 2, 366 bis, 366 quater, y 366 quinquies del Código Penal, “será requisito indispensable, para acceder a algún beneficio de esta ley, que el condenado acceda voluntariamente a un procedimiento médico farmacológico y un tratamiento sicológico, por el tiempo total restante de la condena impuesta. El reglamento establecerá la forma, dosis, lugar y periodicidad”. Añade que el Ministerio de Justicia en conjunto con el Ministerio de Salud, deberá redactar un reglamento que establezca los fármacos, dosis, periodicidad y lugar de cumplimiento.

La normativa no prosperó, y por eso, en 2019, el senador Rafael Prohens, presentó otra proyecto de ley para incorporar al Código Penal la pena de castración química para los condenados por delitos sexuales, como una forma de evitar que ese tipo de delincuentes reincidan en conductas similares.

“La moción parlamentaria que presenté en 2019, donde se pretende incorporar un peritaje psiquiátrico y además analizar la opción de castración química para quienes acceden a la libertad condicional, se encuentra actualmente en primer trámite legislativo”, explica el parlamentario.

Dice que se dio cuenta en la sala y pasó a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Añade que la iniciativa está inspirada en el caso del denominado “psicópata de Paipote”, hombre que fue condenado a 24 años de cárcel en el 2005 por dos robos con violación, y que tras conseguir la libertad en el 2018, se conocieron tres casos en Copiapó en los que presuntamente violó y asesinó a tres personas.

Dice que espera que su tramitación prospere. “Más allá del debate respecto a la castración química, me parece fundamental discutir que exista un peritaje psiquiátrico. Este elemento es clave para que los jueces tengan en consideración otorgarle o no libertad condicional a quiénes son un claro peligro para la sociedad, como los psicópatas”.

Señala que cuando presentó el proyecto, se llevó una grata sorpresa “puesto que para los titulares de la cartera de ese entonces, se vislumbraba un proyecto viable”.

Respecto a la castración química y su aplicación en Chile, dice que el Ministerio se comprometió a establecer un estudio para evaluar su viabilidad.

Pese a que la técnica se usa en muchos países, su uso no logra una aceptación transversal, por implicancias éticas, morales y médicas.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han opuesto a ella, como Amnistía Internacional, que en 2016 y tras su aprobación en Indonesia emitió un comunicado en el que Papan Ayatolá, un investigador de la organización, afirmaba que “la castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional”.

De acuerdo a la ONG, la castración química es un método cruel y degradante.

Otra de las dificultades de su aplicación, es que no se trata de una técnica imperedecera y no modicia la conducta de quién se la aplica, sino que solo reprime los impulsos, y una vez se deja de suministrar la droga fármaco, estos vuelven a aparecer. Se trata de un tratamiento, según especialistas, que debería ir siempre acompañado de una adecuada terapia psicológica.