¿Qué son los mercados de carbono, la negociación que marcará la COP25?

Es una discusión técnicamente compleja y políticamente polémica. Las reglas que rijan el artículo 6 del Acuerdo de París, el mercado de transferencia de reducción de emisiones, será la discusión más álgida de la COP25 en Madrid. Chile, desde la presidencia, tendrá la difícil misión de presionar para lograr un acuerdo. Aquí cuatro claves para entender

El artículo 6 del Acuerdo de París consiste en un marco de reglas que permita a los países comprar y vender "acciones de mitigación". Es decir, un mercado que permite el intercambio de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero.

La complejidad no es menor. Las reducciones no son materiales, no se ven. Son acciones que evitan que se emita más CO2 a la atmósfera.

Por ejemplo, un país desarrollado invierte en un proyecto de energía renovable en otro país y contabiliza esa acción de mitigación como parte de sus políticas contra el cambio climático. El tema debía ser resuelto en la COP24 en Katowice, pero las diferencias entre los países impidió un acuerdo. De hecho, la síntesis del encuentro dejó la discusión literalmente en blanco.

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COP24 de Katowice, que definió reglas de cómo los países deben presentar sus planes de reducción de emisiones.[/caption]

Las principales definiciones son tres: Cómo funcionarán los "enfoques cooperativos" entre países; las reglas técnicas del mecanismo que será supervisado por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC); y una serie de enfoques "no relacionados con el mercado" que serán incluidos.

El sistema no solo permitirá el intercambio entre países, sino que también entre un país y una empresa. Una aerolínea, por ejemplo, grandes emisores de CO2 en la actualidad y fuera de toda regulación hasta el momento, podrán comprar "bonos de carbono" financiando proyectos.

El principal desafío es evitar el "doble conteo", que tanto el comprador como el vendedor contabilicen la reducción para sus propios planes. Para Andrea Rudnick, directora ejecutiva del Centro del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile, se debe "demostrar que la reducción de emisiones no hubiese ocurrido en ausencia del proyecto", estableciendo con claridad la "línea de base", desde dónde se empieza a contar.

El nuevo mercado será sucesor del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), instaurado con el protocolo de Kyoto en 1998. Juan Pablo Montero, economista de la Universidad Católica y experto en mercados de carbono, cree que uno de los problemas de Kyoto es que "precisamente estaba lleno de problemas de contabilidad, incluyendo o conteos dobles o reducciones que no se hacían".

Con el Artículo 6, cree Montero, puede "aumentar las metas de reducción, hacerlas mucho más ambiciosas a un costo sustancialmente menor".

Los países deben definir también qué pasará con los créditos del MDL y si es que estos podrán "traspasarse" al nuevo sistema y cómo se utilizarán en las NDC (el compromiso de reducción de cada país), aunque en principio se considera como algo extra.

En la COP24, Brasil mantuvo la posición más rígida: a favor del doble conteo y pidiendo que los créditos remanentes del MDL se traspasen al nuevo mercado, algo que los beneficia directamente como uno de los principales receptores de créditos de carbono bajo el antiguo sistema. Ambas posiciones son rechazadas por la mayoría de los países y la sociedad civil, pero la COP funciona en base a la unanimidad de todos sus miembros.

La herramienta permitirá movilizar recursos, pero la complejidad técnica y diferencias políticas están aún lejos de solucionarse. Una alternativa que se evalúa desde la presidencia chilena es permitir la inclusión de los últimos cinco años del MDL y así acercar las posiciones con los brasileños.

Barro Blanco fue un proyecto hidroeléctrico instaurado en Panamá con financiamiento de bancos de desarrollo de Alemania y Holanda en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Pero de limpio no tuvo mucho: la construcción de la represa provocó la inundación de un pueblo completo, obligando así el desplazamiento de comunidades indígenas del pueblo Ngäbe-Buglé.

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Vista de Barro Blanco, en Panamá.[/caption]

El proyecto, enmarcado en las reglas del mercado mundial de bonos de carbono para enfrentar el cambio climático, nunca tomó en consideración el impacto que generaría en el territorio local. En 2016, el gobierno panameño retiró el proyecto del MDL y reconoció la vulneración a las comunidades indígenas.

Este es uno de los tantos casos dentro del MDL en que las reducciones de emisiones iban acompañadas de otros daños ambientales y sociales. Es por eso que una de las demandas es que para el Artículo 6 se incorpore una salvaguarda, que asegure el total respeto a los derechos humanos de las comunidades locales. Esta discusión parte sobre la base de que el propio Acuerdo de París establece que las acciones de los países deben promover el "desarrollo sostenible" y garantizar "la integridad ambiental y transparencia".

El último reporte del programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas es claro: los países deben quintuplicar sus esfuerzos para cumplir las promesas del Acuerdo de París: mantener la temperatura global bajo los 2°C y apuntar a tenerlo bajo 1,5°C.

Para lograr esto, según el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), se deben reducir para 2030 la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a 2010. Esto es lo que se conoce como el presupuesto de carbono, la cifra que la ciencia estima como el máximo de emisiones de CO2 que se pueden emitir antes de llegar a un punto de no retorno. Las últimas estimaciones hablan 1170 GtCO2 (gigatoneladas de dióxido de carbono) para los 2°C y 420 GtCO2 para los 1,5°C.

Olga Alcaraz, académica de la universidad Politécnica de Catalunya, enfatiza sobre este punto y la expectativa que hay sobre el artículo 6: "El objetivo del Acuerdo de París no son los mecanismos de cooperación, es conseguir estabilizar el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados. Y este es un objetivo ambicioso y que será muy difícil de conseguir. El artículo 6 debe estar al servicio de este objetivo, no al revés".

Alcaraz está preocupada respecto a lo que pueda pasar en Madrid, precisamente porque el presupuesto de carbono es el gran ausente en las discusiones de la COP. "Los países están lanzando una cantidad de emisiones que se están comiendo este presupuesto de carbono muy rápido. El artículo 6 debe tener en cuenta esto", asegura.

El tema preocupa a los países pequeños. Por eso, en junio pasado en la intersesional de Bonn, representantes de islas insulares decían abiertamente que el artículo 6 podría terminar dañando los objetivos del Acuerdo de París. Así lo ve Alcaraz: "Todos los países pueden comprar y vender, pero hay un principio de realidad que nos hace temer que serán países en desarrollo los que vendan opciones de mitigación y los desarrollados los que compren. Podría darse el caso, si es que reglamentariamente no se articulan bien las cosas, que los países desarrollados, compren, compren y compren opciones de mitigación y así paguen por su derecho al espacio atmosférico, estén comprando su derecho a seguir emitiendo y a seguir consumiendo de forma desbocada, como están haciendo ya, el presupuesto global de carbono".

Juan Pablo Montero, por su parte, es un defensor del Artículo 6, asegurando que es una herramienta que puede "incluir más fuentes y precios más ambiciosos, y eso es lo que va a llevar a reducciones más grandes".

El economista reconoce "efectivamente esto puede ser interpretado como una forma de salir de grandes sacrificios comprando reducciones", pero apunta a que "el problema central de todo esto es que han pasado años y no tenemos esfuerzos importantes en mitigación, no existen. Tratamos con un mecanismo anterior, a nivel global, y no funcionó. El artículo 6 es una manera alternativa de buscar ese acuerdo global, pero al final del día necesitamos que todos lleguen a acuerdos grandes y ambiciosos".

Durante todo el presente año, tanto la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, como el propio presidente Sebastián Piñera, se han referido a la importancia de que la COP25 termine con un mecanismo claro y definido del Artículo 6, para que empiece a funcionar lo antes posible.

Desde la presidencia de la COP25, Carolina Schimdt y el equipo de negociadores chilenos deberán impulsar un acuerdo en los mercados de carbono durante la cita. Eso significa moderar el debate, tratar de acercar posiciones entre las partes y redactar opciones de consenso que después serán votadas en el plenario final.

En teoría, Chile no se mostrará a favor de determinadas posiciones en este debate. Sin embargo, el país es parte del grupo negociador de AILAC, con otros países latinoamericanos y uno de los más "progresistas" en términos de las negociaciones climáticas. En ese sentido, se apostaría por un mecanismo claro que evite el doble conteo y respete principios básicos de desarrollo sostenible y transparencia.

Chile ya tuvo una muy activa participación con el Mecanismo de Desarrollo Limpio, llegando a ser el sexto país emisor de certificados de reducción de emisiones (CERs) en 2013, detrás de países más grandes como China, India, Corea del Sur, Brasil y México. Para Andrea Rudnick, "nuestro país posee una capacidad instalada de consultores y certificadores de muy buen nivel que podría reactivarse ante un nuevo mercado. Asimismo, se podrían acelerar inversiones orientadas a reducir emisiones más allá del statu quo, siendo la venta de certificados de reducción de emisiones un incentivo a la inversión".

Esto lo confirma Claudio Seebach, presidente ejecutivo de las Generadoras de Chile: "Chile y sus empresas tienen una gran oportunidad como oferentes de reducción de emisiones gracias al enorme potencial del país en materia de energías renovables, en particular gracias a la riqueza solar de Atacama. A modo de ejemplo, Chile podría convertirse en un exportador de Hidrógeno Verde en el mediano plazo, dado que tiene las mejores condiciones para su producción cuando esta sea económicamente viable".

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Planta de energía solar en el desierto de Atacama. Foto: Corfo.[/caption]

Juan Pablo Montero explica cómo funcionaría el mercado en el país: "Por ejemplo, Nueva Zelanda, Corea del Sur, querrán ser ambiciosos en sus reducciones, pero si lo hacen solo internamente, les saldría bastante costoso, y podrían ir a otros países, como Chile o Colombia, a buscar esas reducciones".

El ejemplo no es azaroso. El informe "Moving towards next generation carbon markets" de Climate Focus analizó distintos "pilotos" del Artículo 6 que ya están en funcionamiento. Uno de ellos es un acuerdo entre Chile y Canadá, que nace a raíz del acuerdo de cooperación ambiental suscrito por ambos países con la firma de su Tratado de Libre Comercio en 1998.

Canadá ofreció un piloto de $5,3 millones de dólares consistente en la reducción de emisiones en el sector basura mediante la optimización y eficiencia de los procesos, específicamente a través del empleo de tecnologías que permitan reducir la emisión de metano. Este acuerdo, según ambos países, se podrá entender como parte del Artículo 6.