Reglas y financiamiento: Los temas que marcarán la Cumbre climática de Glasgow

“Lo que tenemos que lograr en Glasglow es, en muchas formas, más difícil de lo que se hizo en París”, dijo esta semana Alok Sharma, ministro para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña y presidente de la COP26.

Sharma tomará el cargo de las manos de la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, este domingo 31 de octubre, cuando la cumbre comience. Schmidt lideró la complicada cumbre de Madrid en 2019, cuyos resultados dejaron insatisfechos a varios líderes mundiales y a la sociedad civil. Para evitar un final similar, el británico viajó por más de 35 países durante el último año para tratar de acercar las posiciones de las 192 partes que se sentarán durante dos semanas a negociar.

La urgencia, como cada año, está en las narices. Esta misma semana Naciones Unidas publicó su análisis del contenido de compromisos climáticos, que dice que el mundo se acerca a los 2.7° de calentamiento global para fines de siglo, lejos del límite de 2°C y de la meta de 1,5°C fijados en el Acuerdo de París en 2015, la principal herramienta política que tiene el mundo para limitar el calentamiento global y enfrentar las consecuencias del cambio climático.

Las actuales políticas solo reducirían emisiones de gases de efecto invernadero un 7,5% para 2030, cuando la comunidad científica mundial ha establecido que para cumplir las metas de París se necesita una reducción de 45% para fines de la década. El análisis contabiliza los compromisos de más de 100 países de ser carbono neutral para mitad de siglo. Aún así no es suficiente según el reporte.

Christiana Figueres, ex cabeza de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, dijo esta semana que uno de los resultados de la Cumbre del Clima de Glasgow debe ser un mandato a una nueva ronda de compromisos: “Tiene que haber un acuerdo claro para que los gobiernos vuelvan en 2023 con garantías de que estamos avanzando hacia los 1,5°C”.

Aparte de intentar avanzar en acciones concretas para enfrentar el cambio climático, la COP también estará marcada por discusiones que buscarán darle operatividad al acuerdo de París y por las promesas -hasta ahora incumplidas- de países desarrollados de aumentar el financiamiento para países vulnerables.

En 2009, en la cumbre climática de Copenhagen, los países desarrollados se comprometieron a entregar 100 mil millones de dólares anuales para financiamiento climático a países menos desarrollados.

El financiamiento es uno de los temas más complejos de las cumbre, porque no existe una única forma de medir el financiamiento. Según un análisis de la OCDE, en 2019 se entregaron 80 mil millones de dólares, 20 bajo la promesa. Oxfam, por ejemplo, considera que los datos de la OCDE están sobreestimados, porque incluye financiamiento a través de préstamos que se deben pagar después.

Si bien aún faltan los datos de 2020 que, por la pandemia, se estima fueron menores, a estas alturas se asume que el compromiso no se cumplió. Y este año, se espera que los países desarrollados propongan una nueva cifra, por lo que el financiamiento será una uno de los principales puntos de discusión.

Para Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina, “no hay ninguna COP más centrada en financiamiento que esta, porque en el contexto de la pandemia hubo importantes restricciones. Los países en desarrollo llegan con una visión de necesidad de querer más recursos para cubrir tanto las acciones de mitigación y adaptación como otras asociadas a sus demandas que trae consigo la pandemia”.

“La meta de los 100 mil millones se deben cumplir, porque es una meta política que se hizo en el contexto de la convención. Los 100 mil tienen que ser el piso mínimo hacia la nueva meta. Pero el tema crucial no es el monto per sé, sino la capacidad política de movilizar los recursos para cumplir con una meta y, que de no cumplirse, puede romper el ya frágil marco de cambio climático que tenemos internacionalmente”, agrega Guzmán.

Quienes hicieron la promesa en 2009 fueron los países desarrollados, pero no existe un acuerdo formal respecto a cuánto debería pagar cada uno. Según el World Resources Institute, considerando la riqueza del país, las emisiones de gases de efecto invernadero históricas y la población, Estados Unidos debería aportar el 40% de la cifra, pero solo contribuyó entre 8 mil millones entre 2016 y 2018.

Durante la semana, la presidencia de la COP26 anunció un plan para cerrar la brecha de financiamiento, cumpliendo los 100 mil millones en 2023 y llegar a los 120 mil millones en 2025.

Sin embargo, las discusiones de financiamiento en la COP no se acaban ahí. Existen muchos cuestionamientos a la desigualdad en la distribución de los recursos tanto en el tipo de proyectos financiados como en los países receptores. En América Latina, por ejemplo, la mayor parte del financiamiento va para países grandes México, Brasil y Colombia. La región, eso sí, recibe menos financiamiento que África y Asia.

Según un informe de la ONU, de todo el financiamiento de 2019, el 80% fue a “mitigación”, proyectos que reduzcan emisiones de gases de efectos invernaderos. Aquí entran, por ejemplo, proyectos de energía renovables, como centrales solares o eólicas.

La “adaptación”, relacionada a las acciones para adaptarse a las múltiples consecuencias del cambio climático, se lleva la menor parte. Una de las razones esgrimidas es la complejidad de cuantificar el adaptarse a una crisis multisistémica. Aún así, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha impulsado a que los nuevos compromisos de financiamiento se distribuyan en partes iguales entre mitigación y adaptación.

Tal como las leyes de los países necesitan un reglamento que les permita funcionar en la práctica, lo mismo pasa con el Acuerdo de París, firmado en 2015 por todas las partes que asisten a las cumbres climáticas.

Cerrar el “libro de reglas” de París es otro gran desafío este año. El artículo 6, respecto a cómo van a funcionar los mercados de carbono, nuevamente se llevará gran parte de la atención, sobre todo tras el fracaso de las negociaciones en Madrid.

El acuerdo de París permite a los países intercambiar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, que un país pague por un proyecto de energía renovable en otro país y lo contabilice como sus políticas para mitigar el cambio climático.

Evitar el “doble conteo” (que tanto el comprador como el vendedor contabilicen la reducción para sus políticas climáticas), qué pasará con los créditos pendientes del Protocolo de Kyoto y cómo garantizar que los proyectos se hagan cargo de posibles daños ambientales y sociales en los territorios donde se realizan son algunos de los puntos donde no hubo acuerdo en previos años y que ahora volverán a estar sobre la mesa.

En Madrid, países como Costa Rica y la Unión Europea terminaron privilegiando la postura del “no acuerdo” antes de un mal acuerdo, lo que terminó posponiendo la discusión.

Para Isabellla Villanueva, presidenta de la ONG CEUS Chile, que estará en Glasgow en calidad de “observadora” del proceso, la cumbre debe resolver este tema: “Hay que poner sobre la mesa que mientras no llegan a acuerdo para el artículo 6, el mundo se está quemando. Hace muchos años que las conferencias no avanzan al ritmo que nos demanda la crisis climática y ecológica. Así que el justificativo de ‘no acuerdo’ funcionó para la COP25, pero esta es hora de demandar buenos acuerdos, que permitan movilizar recursos pero que tengan como pilar fundamental la integridad ambiental y el respeto por los derechos humanos”.

Actualmente, según el World Resources Institute, 120 países incluyeron el uso de mercados de carbono en sus respectivos compromisos para mitigar gases de efecto invernadero (NDC, por sus siglas en inglés).

Independiente de la negociación, los mercados de carbono hoy son una realidad en el mundo privado, y la principal herramienta de las cada vez más comunes promesas de carbono neutralidad entre grandes empresas. Si bien el Acuerdo de París no intercede en lo que hagan o no los privados, sí puede establecer señales políticas respecto al funcionamiento de este tipo de sistema de intercambio.

Además del artículo 6, aún resta por cerrar del libro de reglas los estándares básicos de transparencia que, a través de formatos establecidos, permita que a los países se les pueda hacer responsables por sus compromisos. El llamado “marco de transparencia” es uno de los temas más técnicos, pero puede resultar clave para el diseño, credibilidad y funcionamiento del Acuerdo de París.

También queda por definir cada cuánto se entregarán las nuevas NDCs y a partir de qué año será la misma fecha para todos.