Residencias para personas mayores, Covid-19 y derechos humanos

Antes de comenzar, quiero decir que escribir esta columna me ha sido muy difícil, pensaba que tal vez no encontraría las palabras para dimensionar lo complejo que debe ser para las personas mayores residentes, los equipos de trabajo y los familiares, estar viviendo la crisis sociosanitaria más grave de la época moderna, siendo, además, la que ha impactado de manera tan desgarradora a este grupo. Ante esta realidad, la Organización Mundial de la Salud ha identificado a las personas mayores que viven en estos centros, como una población vulnerable que tiene mayor riesgo a contagiarse, debido a la convivencia con otros que no son sus familiares (OMS, 2020).

El impacto, gravedad y letalidad del contagio del Covid-19 en las residencias, comenzamos a presenciarlo mediante los medios de comunicación internacionales, los que aludían a la gran cantidad de personas mayores contagiadas en estos centros habitacionales. Según datos recientes, se estima que se han registrado más de 16.000 fallecidos por esta causa, y esto, sólo en residencias de personas mayores en España. Además, se han pesquisado testimonios que reflejan la angustia, estrés e incertidumbre permanente que presentan los residentes y equipos de trabajo.

Últimamente en las noticias, se han denunciado negligencias y mala gestión a nivel de las autoridades estatales y del manejo de los equipos al interior de las residencias españolas. Reflejando la vulneración de derechos humanos, que, según organismos internacionales, deben primar para todas las personas mayores sobre todo institucionalizadas (CEPAL, 2000).

Las estadísticas de los casos confirmados de coronavirus y de las muertes asociadas no solo han aumentado, sino que han ido al alza día tras día. El martes 3 de junio del 2020, el Ministerio de Salud anunció que se habían pesquisado y confirmado 21.605 personas que presentan el virus y que, a la fecha, han fallecido 1.275 bajo la misma premisa, siendo una curva de rápido ascenso, que aún no muestra llegar a su peak.

A pesar de que las personas mayores no son el grupo etario con mayor número de contagios (14,6%), el problema está en que este grupo presenta la tasa más alta de hospitalización, por tanto, de complejidad del cuadro, siendo los hombres mayores quienes presentan más riesgo de hospitalización e incluso doblan la tasa en relación a las mujeres. Considerando estos datos, las personas mayores presentan un riesgo más alto de letalidad, según datos interpretados del 22° Informe Epidemiológico (Minsal, 2020).

¿Y qué pasa con las personas mayores en residencias de larga estadía? Hemos visto, al igual que ocurre en otros países, y esperemos no llegar a los números de España, ha ido en aumento la cantidad de personas mayores contagiadas con Covid-19.

Hace un poco más de una semana, la Seremi de Salud convocó a una reunión de emergencia a representantes de Senema de la Agrupación de Eleam y de otros departamentos técnicos del Minsal, con el objetivo de revisar la situación de estos centros, los que al 25 de mayo contaban con 137 brotes de Covid-19 al interior de sus instalaciones (Seremi, 2020). En esta reunión anunciaron datos, demostrando que la situación es sumamente crítica, en los 419 Eleam formalizados, es decir, que cuentan con autorización sanitaria y que suman 4.000 residentes, el 20% de esas personas mayores (¡801 personas!) han contraído el virus.

Además, según información de La Tercera del 29 de mayo, el 22,1% de los decesos de la Región Metropolitana fueron de personas mayores institucionalizadas. Además, se informó que durante el periodo de pandemia, la Seremi ha fiscalizado al 48% de los 419 centros con autorización sanitaria, de los cuales ha iniciado 112 sumarios, por tanto, se han encontrado deficiencias sanitarias en el 60% de los centros fiscalizados. Importante destacar que tanto los brotes de Covid como los sumarios, han ocurrido en todo tipo de residencias, sean públicas o privadas a lo largo de Chile.

Lamentablemente estos datos tan alarmantes corresponden sólo la información oficial, ya que como es sabido aún existen muchas residencias sin autorización sanitaria, por lo tanto, no son fiscalizadas. Al 2018, se había realizado denuncias a la Seremi, las que señalaban que, a esa fecha, había 457 Eleam que funcionan de forma clandestina, otras denuncias fueron por malas las condiciones estructurales, déficit en condiciones sanitarias y maltrato a residentes (INDH, 2018).

Junto con esa cruda realidad de un número no menor de Eleam, existen otras experiencias de equipos que trabajan en residencias con el interés genuino en ofrecer una buena calidad de la atención, realizar acompañamientos terapéuticos interdisciplinares y donde fluyen las ideas innovadoras, el anhelo de un trabajo en equipo, la implementación de acciones y actividades que promuevan el buen trato y el respeto a los derechos humanos de los residentes.

Y esto lo sé de primera fuente, ya que en ambos espacios en los que trabajé y sé que hay otros, se ha hecho todo lo humanamente posible para evitar los brotes de contagio e intentar a toda costa que esto genere un desmedro en la calidad de vida, lo que es sumamente difícil y en momentos imposible. Hace poco me he contactado con compañeros que siguen trabajando en residencia y me han comentado lo difícil que ha sido instalar medidas, y que han hecho lo imposible para evitar los brotes de contagio, y que se han visto sumamente sobrepasados/as. Y esto, me hace recordar las veces que escuché a integrantes el equipo de residencias, que demandaban mejoras y mayores recursos, así como espacios de formación, autocuidado y trabajo en equipo, los que como sabemos aún están en deudas en todos los Eleam de nuestro país.

Estos último días, hemos visto en las noticias como las autoridades y representantes de Eleam refieren que no estaban preparados para una pandemia de estas características, y es verdad, ¿qué organismo pudo prever la rapidez y tan alta tasa de contagio?, ¿quién o quiénes pueden estar preparados para enfrentar una catástrofe de esta envergadura?, ¿con qué recursos tanto internos a las residencias como del intersector pueden dar cabida a la cantidad y gravedad de los casos?

Junto con eso, me pregunto también, ¿los familiares siempre están al tanto de los protocolos de acción dentro de las residencias, estaban en contacto con su madre, padre o abuelos/as, los visitaban, acompañaban?, ¿cuántos profesionales y técnicos, entre ellos mis colegas psicólogos/as se forman y quieren dedicarse al trabajo con personas mayores y trabajar en una residencia?, ¿cómo los grandes empresarios y directivos de las fundaciones no pensaron que el formato actual de residencias, que incluye más de 70, 100 o 200 personas por casa, no podría ser un foco no sólo de contagio, sino un formato irreal de hogar?

Destaco y pongo el acento justamente en la transversalidad de la responsabilidad y sin ánimo de encontrar culpables, sino de hacernos a todos y a todas responsables de la exclusión, discriminación, abandono y deficiente calidad de la atención que se ha brindado a este grupo etario y que, nos duela o no, hemos promovido y no hemos querido ver. Con esto me refiero principalmente al contexto chileno, donde desde la más alta autoridad hasta el ciudadano/a común como cada uno de nosotros y nosotras, ha dejado a nivel de desecho de la sociedad a las personas mayores.

Puede que sea crudo leerlo, pero es verdad y tú lo sabes, porque lo has visto y no has reparado en ello. Si no lo crees, te cuento que el mismo Servicio del Adulto Mayor -Senama- el año pasado mencionaba: las personas mayores son constantemente y siguen siendo vulneradas en sus derechos fundamentales, primando situaciones de abandono, maltrato psicológico y abuso patrimonial. Por lo mismo, y tal vez me duela decirlo, pienso que hemos creado una sociedad que favorece que las personas mayores, sobre todo las institucionalizadas, sean un grupo invisible.

Las noticias y los datos reflejan la crisis de las residencias de larga estadía, la que explotó y se visibilizó por la pandemia del Covid-19, y que vino a complejizar cada uno de los ámbitos de la persona mayor, incluyendo la precariedad en la que vive la mayor parte de ellos y ellas. Por lo tanto, es urgente de desde las personas mayores hasta los más jóvenes nos replanteemos dónde y con qué condiciones queremos vivir siendo mayores.

Y con esta reflexión, no quiero estigmatizar ni tildar de indolentes a los equipos de los Eleam, es verdad que algunos han realizado acciones negligentes, pero por mi parte, quiero hacer un llamado a la conciencia y responsabilización a nivel individual, comunitario e institucional. Reconozcamos que la crisis de las residencias no comenzó con la pandemia del coronavirus, se inició hace décadas, y como tantas otras demandas sociales tan relevantes, la dejamos reprimida, promoviendo así la vulneración de derechos de las personas mayores.

Para finalizar y reflexionando en torno a este escenario, hoy más que nunca debemos interiorizar el llamado de la OMS (2020), quien destaca que hay que garantizar que las personas mayores, independiente de su lugar de vivienda, sean protegidas de Covid-19 sin estar aisladas, estigmatizadas, dejadas en una situación de mayor vulnerabilidad o sin poder acceder a las disposiciones básicas y a la atención social. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar la realidad de las personas en proceso de envejecimiento.

*Psicóloga Universidad Diego Portales. Mg. Psicología Clínica línea Psicoanálisis U. de Chile. Máster Psicogerontología U. de Barcelona. Secretaria Fundación GeroActivismo