Desde el año 2000 que Chile viene manifestando alertas climáticas de un terremoto silencioso, evidenciando científicamente que nos estamos secando lentamente. Los pronósticos no son muy alentadores, dado el gran impacto ambiental, económico y social que significa carecer del agua suficiente para la vida y el desarrollo, generando fracturas sociales profundas que impactarán la calidad de vida y equidad de nuestra sociedad, poniendo en riesgo nuestra sostenibilidad futura.
Reflexionando sobre la historia de la humanidad y la repercusión de las grandes sequías en la sociedad, podemos rescatar el conocimiento que nos entrega el pasado para superar los obstáculos y tomar las mejores decisiones para nuestro futuro, las que deberán desafiar la forma de gestionar el agua y romper los actuales paradigmas que se encuentran enraizados en nuestra idiosincrasia.
La personas y familias más vulnerables son las que sienten con más fuerza el problema y han percibido los cambios en su entorno, donde los ríos ya no tienen agua y la vegetación comienza a secarse. Este fenómeno avanza paulatinamente hacia el sur de Chile junto a la migración de los sectores productivos que buscan lugares con disponibilidad de este valioso elemento para su producción. El problema sobrepasa las capacidades actuales del Estado para abordarlo en forma integral y sinérgica desde los territorios, donde es insuficiente tratar de resolver un problema de alta complejidad solo desde el punto de vista jurídico, técnico y tecnológico, dejando olvidado el principal factor de desarrollo sustentable: las personas vinculadas al medio ambiente que habitan, dado que ellos reciben el impacto de las decisiones e intervenciones en su entorno.
Esto nos obliga a pensar fuera de la caja y dejar de mirar el agua solo como un insumo productivo para comenzar a otorgarle el valor como elemento fundamental para la vida y el desarrollo. La idea es caminar hacia un desarrollo sustentable, apoyando la sostenibilidad de los diferentes usuarios del agua, quienes deberán adaptar sus procesos productivos para extraer menos agua desde fuentes naturales y usar menos suelo. No se trata de negar el crecimiento sino de apostar por un desarrollo sostenible con equidad en el acceso al agua para todos, incluyendo los ecosistemas naturales que sostienen el ciclo hidrológico.
¿Qué podemos esperar si continuamos haciendo lo mismo de siempre? Podemos esperar que comiencen a crecer las “guerras por el agua” y levantamientos sociales como una consecuencia directa de la sequía. La falta de agua obliga a los usuarios a competir por este valioso recurso en un mismo territorio. Bajo estas condiciones, muchos comienzan a usar intensivamente el agua subterránea, aumentando exponencialmente su demanda y llegando a extraer más agua de la que se puede recargar en forma natural en los acuíferos; la pregunta es ¿quién se está preocupando y será el responsable de recargar los pozos para asegurar el agua en un futuro no muy lejano?
Muchos acuíferos están siendo actualmente sobreexplotados, lo que se evidencia en la necesidad de profundizar los pozos con mayor frecuencia, siendo una medida extremadamente peligrosa si miramos a futuro, porque estamos profundizando el problema al usar nuestras principales reservas de agua sin preocuparnos de sostenerlas en el tiempo. Esto deja en evidencia una profunda desigualdad en el acceso al agua por parte de las comunidades vulnerables, Servicios Sanitarios Rurales y pequeños agricultores, quienes quedan con sus pozos sin agua debido a la sobreexplotación por parte de quienes poseen los medios para profundizar los pozos y extraer más agua. La sobreexplotación de acuíferos se evidencia al contrastar los derechos de aprovechamiento de agua otorgados (sin considerar las extracciones ilegales) en cuencas como Copiapó que posee siete veces más derechos que la capacidad de recarga del acuífero (DGA); en la cuenca del Maipo este valor llega a un 35% y un 13% en el Maule (EH2030, 2022).
Es importante poner especial atención en la historia y relevancia de la pequeña agricultura en Chile, quienes sostienen índices de empleo importantes y producen gran parte del alimento para consumo nacional. La falta de agua en la pequeña agricultura podría generar un desequilibrio social generalizado, dado que el alimento comenzará a escasear, los precios de los alimentos comenzarán a subir, aumentará el desempleo y la migración hacia las ciudades, entre otras consecuencias derivadas de un mismo fenómeno, la sequía.
Por otro lado, la amenaza de un posible racionamiento de agua para el consumo humano en el gran Santiago también hace trasladar el problema de la sobreexplotación del recurso a la sociedad en su conjunto, quienes deberán pagar una tarifa más cara por el agua desalada, siendo que el consumo humano solo representa el 6,3% del uso de agua nacional, comparado con el 88% del consumo agrícola que no alcanza el 50% de eficiencia en todo Chile.
La gran paradoja de nuestro actual sistema de gestión de agua es que los usuarios intensivos de agua no pagan por ella, sin embargo, el Estado deberá pagar con dinero de todos los chilenos las consecuencias derivadas de la sobreexplotación, subsidiando a las comunidades vulnerables que carecen de los medios para acceder a este importante recurso. Mirar como única solución las fuentes alternativas de agua para el consumo humano y la pequeña agricultura no resuelve el problema de fondo, sino que deja en evidencia una inequidad en la distribución de los pasivos ambientales cuyo costo económico, social y ambiental termina recayendo en los ciudadanos.
Bajo este análisis, el Estado pasa a tener un rol relevante en la solución del problema, generando los liderazgos, políticas y lineamientos estratégicos necesarios para dirigirnos hacia la Seguridad Hídrica con equidad social, calidad de vida y un desarrollo en forma sustentable con respeto y valoración al medio ambiente. Para ello, es el Estado quién debe dar el primer paso para cambiar los paradigmas en la forma de gestionar el agua:
El primer cambio en este sentido es considerar la cuenca hidrográfica (desde la cordillera hasta su desembocadura en el mar) como un sistema que integra el ecosistema natural, social, económico y político en un territorio compartido por diversos usuarios, donde las intervenciones aguas arriba de la cuenca tendrán un efecto irremediablemente aguas abajo de la misma. Esta mirada nos obliga a verificar que la información técnica/científica que se está generando tiene correlación con las realidades locales, dejando atrás la gestión de forma sectorial y temática, para pasar a una mirada integral y sinérgica en el territorio. El desafío no es menor, dado que Chile posee 101 cuencas hidrográficas que, en su gran mayoría van de cordillera a mar, fluyendo el agua por pendientes pronunciadas en cortos periodos de tiempo, donde la descentralización en la gestión y la generación de capacidades locales serán claves para lograr avanzar en este ámbito. A nivel mundial y en Latinoamérica la mayoría de los países cuentan con organismos de cuenca para abordar este tema, siendo Chile el único país de la OCDE que no posee este tipo de organización.
El segundo cambio de paradigma es reconocer que el agua es un recurso limitado, donde la demanda de agua ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años y la oferta se ha reducido por efecto del Cambio Climático, generando un desbalance hídrico que impone nuevos desafíos para sostener la vida y el desarrollo con el uso de menos agua y menos suelo. Si bien podemos culpar al Cambio Climático del problema, el análisis realizado por la iniciativa de Escenarios Hídricos 2030 (2019) muestra que solo un 17% de las causas responden a este fenómeno, siendo un 83% atribuibles a causas netamente antrópicas. Por lo tanto, nuestras acciones y decisiones deben pasar desde la mirada de la oferta hacia una adecuada gestión de la demanda de agua, que permita equilibrar ambas en forma armónica y sostenible.
El tercer cambio importante es en la estructura del Estado para abordar el problema, donde contamos con las capacidades científicas, tecnológicas y los antecedentes técnicos suficientes para tomar mejores decisiones, sin embargo, actualmente Chile posee 56 organismos del Estado que tienen facultades por ley para gestionar y administrar los recursos hídricos, siendo una institucionalidad dispersa y centralizada carente de un liderazgo con capacidades y atribuciones para abordar la gestión del recurso hídrico en forma integral y sistémica para alcanzar la Seguridad Hídrica, incorporando la mirada estratégica al largo plazo pero actuando con sentido de urgencia en el corto plazo.
Esto es un tremendo desafío para Chile, donde las responsabilidades son compartidas entre el Estado, los privados, el mundo científico y la ciudadanía, avanzando en el desarrollo de confianzas, solidaridad y cooperación para dar el impulso que permitan sembrar un futuro mejor para todos.
Ya no tenemos tiempo de plantear metas que son alcanzables “en la medida de lo posible”, sino que debemos pensar en lo que realmente necesitamos para alcanzar la Seguridad Hídrica en Chile, en el poco tiempo que nos queda para actuar. Es deber del Estado enfrentar esta crisis con altura de mira y comenzar a liderar el cambio que necesitamos.
*Líder de Estrategias Hídricas FCH 2030, MSc. Gestión Ambiental, MBA© Alta Dirección Empresarial
