Se trata de un día clave. Hoy, luego de cinco años de tramitación y a nueve de que se presentara el primer escrito en el Congreso, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) podría avanzar a su segundo trámite legislativo y ser revisado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa se ha transformado en el bastión de la cartera de Medio Ambiente en el último tiempo, y de la propia ministra Carolina Schmidt, quien ha levantado una fuerte campaña en redes sociales -incluso con un hashtag, #YoQuieroSBAP- para fomentar la aprobación en la Cámara Alta del proyecto en que en 2016 recibió la recomendación de la OCDE para que se acelerara su implementación.
El proyecto será votado esta tarde en la sala del Senado y, de contar con los votos, en agosto ingresaría a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara para su revisión. La idea del gobierno es que éste pueda ser aprobado antes que comience la COP25, en diciembre próximo.
La necesidad de contar con un servicio de este tipo es reconocida de forma transversal. Sin embargo, desde algunos sectores se considera que la iniciativa presenta algunas deficiencias que, de no corregirse, podrían significar que el objetivo de la entidad no se cumpla.
Pese a esto, para la secretaria de Estado se trata de algo clave para completar la institucionalidad ambiental del país y con esto "permitir e impulsar un desarrollo sustentable".
[caption id="attachment_749629" align="aligncenter" width="600"]
La ministra Schmidt junto al jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, al jefe del Departamento de Conservación de Especies y al Encargado del proyecto de ley SBAP.[/caption]
"La gestión integral de nuestras áreas protegidas terrestres y marinas es fundamental para el cuidado de nuestro patrimonio natural. Tenemos que acabar con esta división burocrática y administrativa que dificulta el cuidado y gestión de nuestra biodiversidad y no responde a una lógica ecosistémica", señaló Schmidt en declaraciones a Qué Pasa.
¿Presupuesto insuficiente?
Desde el mundo medioambiental miran con buenos ojos la creación del servicio, pero le ponen advertencias. Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, señala que si bien es positiva la legislación sobre el tema, "la creación de un servicio de biodiversidad debe contemplar ciertas características mínimas".
En ese sentido, señala que "probablemente se le va a otorgar al servicio un amplio poder de creación de regulaciones relacionadas con biodiversidad". Por este motivo, dice, los lineamientos que se le den deben ser "estrictos y que entiendan que la protección de la biodiversidad y sus hábitat es el fin de este servicio, y que, por lo tanto, no se comprendan esas potestades desde una lógica económica, sino que desde la lógica de la protección de la biodiversidad".
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, es más crítica: señala que aunque la creación de esta identidad representa una prioridad para el país, "creemos que presenta diversas falencias". Una de las más importantes, aclara, es el financiamiento.
La iniciativa considera un salto en el presupuesto de 15 mil millones a 38 mil millones de pesos. Esto, dicen desde el MMA, ayudaría a contrarrestar la inversión que Chile da en la actualidad para cuidar su patrimonio natural, que lo ha llevado a transformarse en uno de los países de América Latina que menos destina para este propósito: menos de dos dólares por hectárea.
Y aunque es así, Liberona señala que el aumento en las cifras "no subsana" el problema. "Tenemos una preocupación por el proyecto, ya que no va encaminado a mejorar la situación de las áreas protegidas", dice. Y agrega: "Si queremos proteger de verdad la biodiversidad el presupuesto es insuficiente, si queremos tener un servicio deberíamos por lo menos, duplicarlo".
Según explicó en conversación con este medio, el servicio contaría con una elevada carga operacional, por lo tanto, sus costos de administración serán alrededor del 30%, es decir, $11.623 millones. Con esto, la cifra disponible baja a $27.168 millones. Si a ese monto se le descuenta lo actualmente destinado al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (de Conaf), el saldo para operar llega a los $11.668 millones, de los cuales $2 mil millones están ya destinados al Fondo Nacional de la Biodiversidad.
Por lo tanto, añade, el presupuesto disponible para asumir las nuevas funciones que tendrá el SBAP -como la protección de áreas marinas- llega a los $9.668 millones.
Sobre su aprobación, la directora de Terram sostiene que, si bien la COP25 "abre oportunidades", el proyecto estuvo trabado en el Congreso durante años por tanto "es difícil que la Cámara logre aprobarlo" antes de la cita. Pese a esto, reconoce que lo positivo es que "podemos discutir el tema".
¿Cuáles son las labores del SBAP?
En palabras simples, el objetivo del servicio será impulsar la conservación de la biodiversidad del país. Pero además, permitirá contar una entidad pública que unifique la gestión de las áreas protegidas -tanto terrestres como marinas- que actualmente se encuentran dispersas en cinco ministerios distintos: Agricultura (administra parques y reservas nacionales), Economía (administra parques y reservas marinas), Cultura (tuición de los santuarios de la naturaleza), Bienes Nacionales (administra los bienes nacionales protegidos) y Medio Ambiente (administra áreas marinas protegidas de múltiples usos, custodia los santuarios de la naturaleza y supervigila todo el sistema).
En cuanto a la permanencia de Conaf, desde el Ministerio de Medio Ambiente explican que el organismo se transformará, en una primera instancia, en el Servicio Nacional Forestal (Sernafor) y luego, la gerencia de áreas protegidas de Sernafor pasarán a la SBAP.
Pero, ¿de qué se preocupará el servicio?
