Todavía es legal violar a tu esposa en India, una ley que data del siglo XVII

A fines de febrero, un tribunal de Delhi terminó de escuchar un caso sobre el derecho de las mujeres indias casadas a la autonomía sexual y ahora se espera una decisión al respecto.

El Código Penal de la India, promulgado por el estado colonial británico en 1860, exime de la definición de violación las relaciones sexuales forzadas entre esposos y esposas. Esto significa que un hombre no puede ser acusado de violación si la víctima es su esposa. Aunque las disposiciones sobre violación del código penal han sufrido varios cambios desde entonces, se ha mantenido la inmunidad del marido.

En el caso actual, que comenzó en 2015, dos organizaciones no gubernamentales (la Fundación RIT y la Asociación de Mujeres Democráticas de toda India) impugnaron la validez constitucional de la exención por violación conyugal. Según los peticionarios, la distinción que la legislación india sobre violación hace entre las mujeres en función de su estado civil no es razonable y, por lo tanto, viola la igualdad garantizada por la constitución de la India.

El fundamento original de la exención se derivó de los juristas ingleses de los siglos XVII y XVIII. Para Mathew Hale (presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra entre 1671 y 1676), el consentimiento para el matrimonio en sí mismo implicaba el consentimiento para las relaciones sexuales, que una vez otorgado no podía ser revocado.

De manera similar, el juez y político inglés, Sir William Blackstone, argumentó que si el esposo y la esposa se convertían en una sola entidad legal al contraer matrimonio, como era la ley en ese momento, entonces, lógicamente hablando, el esposo no podía ser acusado de un crimen contra uno mismo. En resumen, estos juristas enfatizaron la imposibilidad conceptual de la violación marital.

En Inglaterra, donde se originaron estas ideas, y en Australia, donde viajaron con el colonialismo, la exención ya no existe. Los tribunales de estos países han sostenido que la exención nunca fue parte del derecho consuetudinario (conjunto de leyes no escritas basadas en precedentes judiciales), y que los jueces anteriores se equivocaron al creer que lo era.

Sin embargo, la cuestión ante el tribunal indio no es sobre la validez histórica de la inmunidad del marido, sino sobre su compatibilidad con los derechos y libertades garantizados por la constitución india. Los sucesivos gobiernos han evitado responder directamente a la pregunta.

Frente a la tesis de la “imposibilidad de la violación conyugal” defendida por los juristas ingleses, la actitud del Estado indio puede describirse como la tesis de la “inconveniencia de la violación conyugal”.

El estado indio no invoca las teorías del consentimiento implícito de la esposa para tener relaciones sexuales con el esposo o la fusión de su personalidad con la del esposo al contraer matrimonio. Tampoco niega que la violencia sexual tenga lugar dentro del matrimonio.

En cambio, se niega a reconocer la violación conyugal, citando una serie de factores que, según afirma, plantean dificultades prácticas para hacer cumplir una prohibición penal sobre las relaciones sexuales no consentidas en el matrimonio. En otras palabras, la negativa a reconocer la violación marital se presenta como una decisión política que busca equilibrar consideraciones contrapuestas que son igualmente relevantes.

En 2013, India reformó sus leyes sobre violación. Y si bien ampliaron la definición de violación de varias maneras, incluso a actos distintos de la penetración peneana-vaginal, el gobierno de entonces se negó a tipificar como delito la violación marital con el argumento de que debilitaría la santidad del matrimonio. Como alternativa, un comité parlamentario sugirió que las esposas de las víctimas deberían optar por el divorcio o buscar remedios para la violencia doméstica.

En 2017, en su respuesta a la petición de las ONG, el gobierno de coalición liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) afirmó que dado que no estaba claro qué evidencia podría usarse para probar si un encuentro sexual entre marido y mujer fue consensuado, la violación marital no debe reconocerse.

Continuó argumentando que poner fin legalmente a la inmunidad del esposo no evitará de todos modos la incidencia de la violación conyugal, ya que los cambios legales son inútiles sin " conciencia moral y social “. Dadas las diferencias entre India y los países occidentales, debido a su pobreza, analfabetismo y diversidad social, validar las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio no tendrá el efecto deseado, argumentó el gobierno.

La posición del actual gobierno liderado por el BJP no es diferente. En el transcurso de la audiencia recién concluida, solicitó al tribunal diferir la audiencia para poder consultar a los gobiernos estatales sobre el tema.

El gobierno afirmó su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de todas las mujeres, pero pidió a la corte que no se pronuncie sobre el asunto basándose únicamente en principios constitucionales o argumentos legales, dadas sus implicaciones sociales de gran alcance .

Sin embargo, los jueces se negaron a acceder a esa solicitud y continuaron con la audiencia. Mientras tanto, en respuesta a una pregunta sobre la postura del gobierno sobre el tema, un ministro dijo al parlamento que se estaba considerando una reforma integral de todas las leyes penales. Este proceso comenzó durante la pandemia de Covid-19 y ha sido criticado por abogados, juristas y activistas por su naturaleza apresurada y no participativa.

El estado indio nunca ha respondido directamente a la pregunta de si las mujeres indias pierden sus derechos a la integridad corporal y la autonomía sexual al contraer matrimonio. En cambio, ha señalado los inconvenientes de reconocer y hacer cumplir estos derechos.

Pero la larga lista de inconvenientes citados por el estado a lo largo de los años no se trata realmente de los jueces, los fiscales o la policía. Las preocupaciones con respecto a la intrusión del estado en la esfera privada, las dificultades para probar la violación o el posible uso indebido de la ley se utilizan para enmascarar el hecho de que la persona que sufrirá más molestias si se anula la exención por violación conyugal es el esposo.

Solo podemos esperar que el Tribunal Superior de Delhi, en su tan esperado fallo, ponga de relieve de qué se trata realmente el problema: el reclamo incuestionable del esposo sobre el cuerpo de la esposa.

Saptarshi Mandal, profesor asociado de derecho, OP Jindal Global University