Como parte del esfuerzo mundial por mitigar los efectos del cambio climático, muchos gobiernos están buscando soluciones basadas en la naturaleza para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir los compromisos contraídos en el acuerdo de París sobre el cambio climático.

El pasado 9 de abril, Chile presentó la actualización de sus contribuciones nacionales determinadas (NDC, por su sigla en inglés), en las que se integró a las turberas como uno de los objetos de conservación. Las NDC son compromisos que toma cada país para evitar que la temperatura del planeta aumente y para fortalecer la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático.

Específicamente, los compromisos asumidos en relación con estos ecosistemas fueron tres: la realización de un inventario nacional de humedales y turberas para 2025; el desarrollo de indicadores para la evaluación de su capacidad de adaptación o mitigación al cambio climático al 2030; y la implementación de acciones para potenciar sus beneficios en cinco áreas protegidas del país. Estos compromisos significan un gran paso para Chile en la protección de estos importantes y amenazados hábitats.

Según la Convención sobre Humedales Ramsar, las turberas son un tipo de humedal de zonas de clima frío a frío-templado, que cubren aproximadamente el 3% de la superficie del planeta y que, al mantenerse húmedos, almacenan más carbono que todos los bosques de la Tierra. De ser intervenidas (secadas por escasez de lluvias, por el aumento de temperatura o por su extracción deliberada), las turberas se degradan liberando el carbono secuestrado a la atmósfera. Así, asegurando su salud, pueden mantener la capacidad para absorber carbono y prevenir el aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero.

En Chile, según un reciente estudio del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral, las turberas se concentran principalmente en la Patagonia, cubriendo aproximadamente 3,2 millones de hectáreas. El 63% de ellas está dentro de áreas protegidas del Estado, quedando 1,18 millones de hectáreas sin resguardo. Fuera de parques y reservas, las turberas quedan expuestas y amenazadas por la extracción minera, ya que en nuestro país son consideradas “sustancia fósil”, regidas por el código minero y, por lo tanto, susceptibles de ser concesionadas y explotadas.

Bajo esta lógica, en 2017 se extrajeron 4.383 toneladas de turbas sólo en la Región de Magallanes, según el informe de la Mesa de Cambio de Uso de Suelo de la COP25. Luego de ser extraída, la turba seca se usa como combustible, sustrato para cultivos, filtro de aguas, aislante térmico y como absorbente, entre otros.

La inclusión de las turberas en las NDC de Chile refleja su importancia ecológica y puede ser el primer paso para un reconocimiento mucho mayor por parte del Estado. Las acciones venideras debieran incluir el retiro de su regulación desde código minero y la integración a áreas públicas o privadas de conservación de aquellas que se encuentren fuera de parques y reservas. Así se las podrá proteger como lo que realmente son: una solución que nos entrega la propia naturaleza para mitigar los efectos del calentamiento global.

* Francisco Solís Germani dirige el trabajo de The Pew Charitable Trusts en la Patagonia chilena.