Una ley para ayudar a empujar cambios culturales
En diciembre del 2017, llegó una denuncia por acoso sexual a una mujer desde la Universidad Austral de Chile y esto gatillaría una serie de hechos que finalmente nos tienen ad portas de una ley que previene y sanciona el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en las instituciones de educación superior.
Entre medio pasaron casi 5 años en que se cerró este caso puntual con un sumario interno que señaló al hasta ahora académico titular como culpable de acoso sexual. La historia quizás la conozcan, a pesar de la sugerencia del fiscal de despedirlo, desde rectoría primero se le sancionó con un traslado, como a los sacerdotes de las iglesias cuando reciben denuncian de índole sexual, mismo modus operandi. Luego tras la toma de la Universidad, se decidió despedirlo, pero ningún trabajador puede ser sancionado dos veces por lo mismo, por lo que el traslado fue su mayor sanción y actualmente ya cumplió con esta y sigue desempeñándose en la misma casa de estudios.
Mientras tanto en marzo comenzaban desde Valdivia las tomas feministas en las universidades, que se extendieron por todo Chile, que removieron las conciencias de todo el país en un tema que no había sido tomado adecuadamente en consideración por las instituciones, sus autoridades, ni por la sociedad chilena.
La naturalización de situaciones de acoso sexual y violencia de género parecían enquistadas en instituciones que nacieron con las puertas cerradas para las mujeres y que luego se fueron abriendo, poco a poco. Muchas personas, la mayoría de ellas mujeres (de acuerdo con las estadísticas existentes) han denunciado. Muchas víctimas se atrevieron a hablar desde el 2018, otras apoyamos la causa, y todas han sufrido hasta hoy las consecuencias de la indiferencia, el cálculo tendencioso que pretende proteger el prestigio de una institución, de un académico o de un alumno modelo. Muchas de esas mujeres no volvieron a la Universidad, se paralizaron y parte de sus vidas también lo hizo. Duele pensar en estos casos, en especial porque una conoce sólo algunos, pero otros permanecen invisibilizados por una niebla de poder e impunidad.
El primer proyecto de ley se presentó el 18 de mayo del 2018 luego de determinar que no existía paraguas legal para estos casos, se empujo desde la Asociación Red de Investigadoras con la firma de senadoras y un senador, diversos políticamente. Luego, paso a la cámara de diputados y diputadas, se cambió de comisión para que avanzara, y se incorporaron cambios que fortalecieron la ley.
Sin duda, las universidades han avanzado desde el 2018 hasta ahora; pero esta ley es un nuevo desafío que implementar, partiendo porque quienes estén a cargo de las unidades de género de cada institución tengan formación en género, y nos sólo sean alguien de confianza del rector o rectora. Además, considera a los CFTs y escuelas de las FFAA.
Además, esta ley contempla protocolos integrales de prevención y no solo sanción de acoso sexual, discriminación y violencia de género que deben ser generados en forma triestamental, y determina que aquellas instituciones que no establezcan una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional, entre otros.
Esperemos que con esta ley se avance al cambio cultural necesario para generar ambientes libres de violencia en instituciones de educación superior, para que todas las personas podamos desarrollarnos adecuadamente en ellas.
*Presidenta Asociación Red de Investigadoras
