Distintos ránkings nacionales e internacionales sobre universidades se publican por estas fechas del año. En ellos, las casas de estudios son categorizadas, existiendo una competencia velada por encontrarse cada vez más arriba del listado como reflejo de la calidad que las caracteriza, pero también para posicionarlas en el entorno como referentes en diferentes ámbitos.
Cuando revisamos estos resultados hay dos importantes desafíos para las Universidades Estatales.
Uno, de orden interno, que enfatiza la importancia de modernizar y mejorar, como un proceso de mejora continua, sus propias estrategias de gestión académica, económica y administrativa.
Otro, en relación con el entorno, que enfatiza la responsabilidad del Estado. Citando a nuestro poeta Nicanor Parra respecto a la Casa de Bello, nunca se debe dejar de ser “Una pulga en el oído del Minotauro”. Para ello, retomando lo señalado en reiteradas oportunidades por los Rectores de la Universidad de Chile, Víctor Pérez y Ennio Vivaldi, es necesario avanzar a un nuevo trato que termine con las trabas administrativas y la burocracia que afecta el trabajo de las Universidades Estatales, las que muchas veces logran llegar a la cima de estos rankings “a pesar” de ello, pero que permanentemente tensionan en cumplimiento de sus fines públicos.
En efecto, las Universidades Estatales han sido categorizadas por diversos órganos jurisdiccionales y contralores como “servicios públicos creados para el cumplimiento de la función pública” (Sentencia del Tribunal Constitucional 1892-11-INA). En la práctica, esto implica la aplicación de una serie de normativas que limitan el cumplimiento de sus fines que la igualan al estándar de cualquier servicio público. Si bien este tema ha sido relevado en múltiples oportunidades, la Ley de Universidades Estatales no avanzó mayormente en aspectos vinculados a la autonomía y a la responsabilidad efectiva del Estado para dar cuenta de un modelo que responda a los problemas de nuestro tiempo y que piense en el futuro.
El actual proceso constituyente abre un espacio para reflexionar y reformular el papel de las Universidades Estatales para que puedan cumplir su misión de docencia, investigación, innovación y creación artística más allá de las prioridades de los gobiernos de turno, posicionando la autonomía como un eje clave para el quehacer de las universidades estatales. El principio de autonomía universitaria debería tener rango constitucional como núcleo para sus ámbitos académicos, económicos y administrativos, propiciando además que el estatuto jurídico de las Universidades Estatales sea coherente con sus funciones públicas.
Frente a una sociedad que se complejiza y enriquece de su plurinacionalidad, de su diversidad de género, de sus diferentes culturas y pensamientos, lo público y lo estatal cobran especial relevancia especialmente para avanzar a un trato justo de las Universidades Estatales. No perdamos la oportunidad.
*Académicas y académico de la Universidad de Chile
