Vulnerabilidad y pobreza: cómo afecta a los migrantes y sus familias la pandemia de coronavirus

“Trabajo en cuatro casas particulares, por horas. Si no voy a trabajar, no puedo pagar la habitación donde vivo, ni mantener a mi hija de 10 años. Pero ahora muchas de la gente no quieren que vaya pues, por esto del coronavirus. Y en verdad no sé cómo lo voy a hacer, en verdad no sé qué hacer”. El testimonio es de una migrante latinoamericana que reside en Chile hace más de 15 años.

Cerca del 25% de las migrantes procedentes de países latinoamericanos se ocupan en el trabajo doméstico, según datos de le encuesta Casen 2015. La mujer que da su testimonio como empleada doméstica o ‘nana’, prefiere no dar su nombre. Pero sí comenta cómo le afecta la actual situación de pandemia en su condición de migrante. Para poder llegar a fin de mes, realiza aseo por horas, relata. Actualmente tiene incertidumbre de lo que viene en estos meses.

La población migrante en Chile asciende a un millón 500.000 mil personas, de acuerdo con las últimas cifras entregadas en marzo de este año por el Departamento de Extranjería y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 1.492.522 personas las extranjeras residentes habituales, una cifra que implica un aumento absoluto de 242.157 personas y un aumento relativo de 19,4% respecto del año 2018, año en que el número estimado se situó en 1.250.365 personas.

Una cifra, dice Caterine Galaz, coordinadora del Núcleo Diversidad y Género y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, “que sólo aparece en la opinión pública cuando se les toma como chivos expiatorios de males sociales, cuando se discuten temas referentes a derechos y acceso a bienes y servicios que chilenos identifican como propios y que supuestamente se disputan con esta nueva ciudadanía”.

Respecto al sexo de la población extranjera, si bien la proporción de hombres es mayor en ambos años de estimación, los datos INE muestran un leve aumento de la presencia de mujeres, que pasa de 48,4% en 2018 a 48,8% en 2019. Al mismo tiempo, en relación con los grupos de edad, se observa una estructura etaria similar a la de la estimación de 2018, con un 58,9% de la población entre 20 y 39 años.

En 2018, un informe de Clapes-UC sobre los migrantes que trabajan en el país, establece que solo el 20% de los inmigrantes trabaja en empleos calificados. Una situación que no se debe a la falta de preparación que puedan tener los extranjeros, sino que a un problema administrativo, ya que el proceso de validación es engorroso.

Los datos muestran además que la población migrante tiene más estudios que la población chilena, en promedio 13,2 años de escolaridad, por encima de los 11,1 años promedio de los nacidos en Chile, según la encuesta Casen 2017.

Sin embargo, a pesar de exhibir un mayor nivel educacional y mayor participación laboral, la pobreza es más alta entre los migrantes que entre los nacidos en Chile. Las cifras Casen lo grafican: en lo relativo a la pobreza por ingresos, ésta es de 10,8% entre la población extranjera y de 8,5% entre los chilenos. Y en pobreza multidimensional, estos porcentajes son de 24,6% y 20,5%, respectivamente

Las personas migrantes han llegado y aportan cotidianamente a nuestro país, han ocupado espacios laborales que muchos sectores chilenos habían desestimado y además bajo condiciones laborales que muchas veces raya en la explotación y precariedad, detalla Daisy Margarit, académica del Instituto Estudios Avanzados IDEA Usach e investigadora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios MOVYT.

Gracias a ellos muchas personas pueden desarrollar labores profesionales, agrega Margarit, ya que cuidan de sus hijos e hijas y personas mayores, o personas no autovalentes que requieren de cuidados y compañía. “Además aportan una riqueza cultural que se evidencia a diario no solo a través de hechos culturales clásicos como la gastronomía, sino también con saberes y vivencias dentro de la ciudad que nos entregan riquezas culturales que nos invita abandonar estereotipos y subvaloraciones, deconstruyendo esos imaginarios que nos instan a pensar a otros y otras como diferentes, avanzando en una construcción de ciudades interculturales”.

Por ello, ante la presencia de amenazas como la pandemia del Covid-19, para la cual se han tomado medidas de cuarentena en algunos casos para evitar la propagación de contagios y se ha instado a muchos a teletrabajar, dice Galaz, "debemos preguntarnos si es una posibilidad no sólo para personas chilenas que son autogestionadas sino en las posibilidades efectivas que tienen estos nuevos ciudadanos”.

Las personas migrantes y sus familias se ven expuestos a más vulnerabilidad y vulneración de sus derechos cotidianamente, agrega Galaz, “por cuanto principalmente acceden a tipos de empleo temporales, precarios e informales que los condiciona a no poder dejar de trabajar para recibir una remuneración, de la cual depende su familia, no sólo en Chile sino a través de remesas enviadas a sus países”.

La pregunta que cabe es ¿quién cuida a los más frágiles?, indica Margarit: “Ante un sistema neoliberal en el que los derechos sociales no están garantizados, imaginen esta situación para quienes estando en tránsito de su regularización, no se les reconoce como miembros plenos de la sociedad y muchas veces son invisibles para la opinión pública, particularmente cuando se habla de garantizar ciertos derechos como el acceso a la salud”.

Las medidas para frenar el Covid-19 que se han implementado en otros países, dicen las especialistas, en su mayoría tiene un Estado más fuerte, una protección de bienestar mínima, “muy lejos del sistema chileno”.

“Pero las opciones barajadas para enfrentar esta pandemia a nivel mundial y que podrían implementarse nos enrostra nuevamente las múltiples desigualdades que operan en nuestro experimento neoliberal: las diferencias de clase, género, procedencia nacional y edad se hacen más plausibles en quienes pueden decidir protegerse o no por sí mismos”, indica Galaz.

Sin duda, un grupo importante de personas migrantes tienen menos opciones de decisión y están a la merced de las precarias condiciones en las que les situamos en este país, principalmente laborales, pero también residenciales y de acceso a derechos básicos, destaca Margarit: “Muchas de estas personas, junto a otras chilenas en situación económica similar, están sustentando, por los hilos, un sistema cotidiano que funciona de manera paralela a las informaciones y precauciones que nos llegan diariamente por los medios”.

Parecieran ser parte de los ‘colectivos sacrificables’, señala Galaz, “mientras otros podemos decidir cuidarnos para que esta epidemia no toque a nuestras familias”.

“Cuando vemos a obreros nacionales y extranjeros trabajando en las construcciones que se mantienen en sus labores sin interrupción, cuando vemos que se sanitiza el metro por la epidemia y vemos personas extranjeras haciéndolo, cuando la gente se protege en su casa en sectores acomodados pero deja que sus ‘nanas’ extranjeras y chilenas crucen Santiago para que les atiendan, cuando vemos el comercio ambulante chileno y extranjero seguir haciéndolo porque no les queda otra, entonces este Chile duele, por esas diferenciaciones sociales que son crónicas y que sin duda, tendrá efectos muy específicos en las trayectorias de vida de la comunidad migrante residente”, señala Galaz.