Fue el único evento público oficial que permitió la Junta Militar al respecto. Frente a unos cinco mil asistentes, Frei Montalva criticó la validez de la Constitución y la forma en que se llevó a cabo. Señaló que el texto constitucional propuesto era “ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto”.

En su alocución, que se extendió por unos 45 minutos, Frei Montalva expuso que una de las formas para que en el país existiera “una patria libre y democrática” era proponer un gobierno de transición, tras el cual “se elija por votación popular una Asamblea Constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución”.

A lo largo de los últimos 40 años, y al igual que el fallecido mandatario, la idea de dar fin a la Constitución de 1980 y crear una nueva ha estado presente en distintos sectores políticos y en demandas de parte de la ciudadanía mucho antes del estallido social del pasado 18 de octubre.

Durante los años 80, el tema de una nueva Constitución se debatió de manera interna en los inicios de lo que después se conocería como la Concertación, afirma Javier Couso, profesor titular de Derechos Constitución de la Universidad Diego Portales y catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda). “El Proyecto Alternativo que lideraba Eugenio Ortega, que era yerno de Eduardo Frei Montalva, incluía una nueva constitución. Fue parte creo yo de las bases”, señala Couso, quien años después sería asesor constitucional permanente durante el segundo mandato de la exPresidenta Michelle Bachelet entre 2015 y 2018.

Gladys Marín, la pionera tras el retorno a la democracia

De acuerdo a Lucas Sierra, abogado de la Universidad de Chile e investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), en su análisis El desafío constitucional: algunas consideraciones, publicado por el CEP, “la primera candidatura relevante que propuso reemplazar la Constitución vigente por una nueva -y no sólo de cambios puntuales al texto vigente- fue la del Partido Comunista en la candidatura de Gladys Marín en 1999”.

La candidata del PC proponía “construir un nuevo Estado democrático. Un nuevo Estado democrático debe surgir de un plebiscito que derogue la constitución de 1980 y convoque a una Asamblea Constituyente que elabore otra constitución”. Proyecto que a su vez -en palabras de Marín- “debería ser, a su vez, sometido a plebiscito”.

El proyecto de la candidata comunista fue recordado por el presidente del PC Guillermo Teillier el 4 de marzo de 2018 en un discurso en homenaje a Marín (fallecida el 6 de marzo de 2005). El también diputado explicó algunos puntos del programa de gobierno que propuso la dirigenta como el fin al sistema binominal o una Reforma Tributaria, entre otros, iniciativas concretadas en gobiernos posteriores.

“Pero faltan otros que el gobierno que termina dejó a medio camino o pendientes y que estaban en ese programa de la candidatura presidencial de Gladys en 1999”, agregó y desglosó que estos eran el cambio de la constitución de constituyente y plebiscito, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y un sistema previsional tripartito.

El “bajón” durante los primeros años del Siglo XXI

Mientras Marín iba por el cambio total, desde la Concertación, durante las candidaturas de los años 1993, 1999 y 2005, siempre buscó reformar la constitución, pero no reemplazarla en su totalidad.

“La verdad es que la idea de una nueva Constitución comenzó a surgir probablemente del 99 y del 2000 con esas últimas elecciones, y digamos que bajó un poco la intensidad con la reforma del 2005 que fue muy amplia”, opina Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile.

Navarro se refiere a la efectuada por el exPresidente Ricardo Lagos. En agosto de 2005, Lagos, al presentar las reformas a la Constitución de 1980 (pero que esta vez contaba con su firma y la de sus ministros, de paso borrando la firma de Augusto Pinochet) expresó: “Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos; y hoy Chile se une tras este texto constitucional”.

Así y todo, el pasado 23 de enero, en su cuenta de Twitter oficial, el exMandatario escribió: “Chile ha esperado 30 años para llegar a este momento: una nueva Constitución que se inicia con una hoja en blanco. Ya lo señalé hace 6 años, el país necesita un nuevo consenso institucional que responda a su presente y, sobretodo, a su futuro”.

Al contrario de la Concertación, según Lucas Sierra, no fue sino hasta la candidatura de Joaquín Lavín que la derecha propuso que hubiera reformas a la Carta Fundamental. A modo de ejemplo dice que en 1993 Arturo Alessandri Besa, candidato por la Unión por el Progreso de Chile (coalición política de centro derecha integrando principalmente por la UDI y RN) dijo “que no proponía cambios a la Constitución a menos que en el futuro fueran estrictamente necesarios”.

Un panorama que cambió luego del 18 de octubre pasado, que ha provocado divergencias al interior de Chile Vamos y que ha llevado a que figuras relevantes dentro de ese sector, como el propio alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, entre otros, a apoyar la opción Apruebo con miras al plebiscito del 26 de abril próximo.

El pasado 4 de marzo en entrevista con Meganoticias, Lavín expresó: “Desde el 18 de octubre la gente ha dado señales muy claras de que quiere un país distinto, un Chile nuevo (...). Eso significa a mi juicio, una nueva constitución y también un nuevo modelo de desarrollo económico-social, que no parta de cero, sino que mejore lo que tenemos”.

Idea de nueva constitución escala a las presidenciales

Diez años después de la intervención de Marín y su propuesta presidencial de una nueva Carta Fundamental, la idea de una nueva Constitución se hizo presente en parte de los candidatos presidenciales de la centroizquierda, como Marco Enríquez-Ominami, por el Partido Progresista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle por la Concertación y Jorge Arrate, por Juntos Podemos Más.

En el caso del hijo del expresidente Frei Montalva, fue a través de Océanos Azules, el equipo programático del entonces senador, se impulsó la idea de una nueva constitución, la llamó Constitución Bicentenario.

Así lo expresaron los abogados Paula Ahumada y Francisco Soto, parte del equipo de Frei. En una carta (publicada en The Clinic en agosto de 2009) indicaron: “Si creemos que hay que hacer una nueva Constitución es porque necesitamos una carta fundamental que recoja la nueva realidad que existe en Chile”.

En septiembre de 2009 Frei se refería a su programa: “Algunos se preguntan:¿Por qué esta obsesión de Frei con cambiar la Constitución?¿Por qué sigue tan pegado en el pasado?¿Acaso no estamos bien con lo que tenemos?¿Acaso no hay cosas más importantes de qué preocuparse?”. Tras las preguntas retóricas respondió: “Seamos francos, la Constitución que tenemos, aunque la hemos reformado, simplemente ‘no da el ancho’, para encarar los retos que tenemos por delante. Por esto he dicho que necesitamos una nueva Constitución”.

En 2009, Arrate, al ser consultado sobre qué propuestas serán las principales de su candidatura dijo: “Una cuestión básica, aunque no novedosa, es otra Constitución Política emanada de una Asamblea Constituyente y aprobada en plebiscito. No es novedosa, porque es de puro sentido común”.

Enríquez-Ominami expresó en esos años que se requería “un cambio constitucional que elimine el actual sistema de mayorías calificadas necesario para aprobar estas reformas legales, las que son virtualmente imposibles de lograr dentro de un sistema binominal actual. Por lo tanto un proceso constituyente que redacte una nueva constitución es un paso necesario para introducir las reformas económicas de transformación real necesarias para avanzar en una democracia económica para Chile”.

Consultado hoy, el exabanderado por el Partido Progresista agrega que: “En el Congreso de la República, del 2006 al 2009 presidí la primera y única comisión que planteaba un cambio de régimen político, que consistía básicamente justamente en discutir cambios en la Carta Fundamental”.

En un informe de 2008 sobre la comisión, que se encuentra en la Biblioteca del Congreso, está el siguiente párrafo: “Una de las tareas de futuro consiste en analizar la posibilidad de modificar el régimen presidencialista y establecer un tipo de gobierno que permita un re‐equilibrio entre los órganos representativos (Presidente de la República y Congreso Nacional), equilibrio que es inexistente e inviable en el marco del régimen presidencialista exacerbado que rige en la actualidad”.

“Después, -agrega Enríquez-Ominami- como candidato presidencial en 2009 plantee la Asamblea Constituyente, y en 2013 y en 2017. Es más, fui el único candidato presidencial que llamó a marcar su voto, ¿recuerda? Bachelet no quiso”.

En el mencionado informe de 2008, aparecía entre otros registrada la opinión de Gustavo Ruz, sociólogo, sindicado como representante del Movimiento Asamblea Constituyente.

Durante la comisión Ruz “dio a conocer que su propuesta apunta a un cambio de la Constitución Política del Estado y no a una nueva reforma. Opinó que la actual constitución ha tenido más reformas que la de 1925 y 1833, y no ha alterado esencialmente su naturaleza autoritaria y plutocrática. Propuso que el cambio de la constitución se haga vía asamblea constituyente, un órgano que represente genuinamente la voluntad soberana de los ciudadanos”. Un año antes, en julio de 2007 fue parte de la presentación oficial del Movimiento por una Asamblea Constituyente. En 2013 Ruz fue precandidato presidencial, pero bajó su candidatura al no conseguir la cantidad mínima de firmas.

Movimiento Estudiantil y AC

Hace casi 10 años que ocurrió la Movilización Estudiantil de 2011. Entre 2011 y 2012 surgieron dirigentes como Camila Vallejo (PC), y Giorgio Jackson con Gabriel Boric (Hoy parte del FA).

Si bien el movimiento estuvo marcado por las críticas al sistema de educación, cuya consigna contra el lucro marcó una época en la historia reciente chilena, hubo demandas que derivaron en impulsar una Asamblea Constituyente para llevar a cabo una nueva Constitución.

La figura ya había sido redescubierta por las generaciones que ingresaron a las universidades tras el año 2000, pero la masividad de las marchas de 2011 llevaron a que el tema escalara en importancia. Algo que resaltan desde participantes del Movimiento Estudiantil es que pese a que no estaban entre muchos de los petitorios “oficiales”, se abogaba por tres pilares: nueva Constitución, Asamblea Constituyente y renacionalización del cobre.

En julio de 2013 más de 400 personas participaron en una cita en el Congreso Nacional en Santiago bajo un lema: Plebiscito para una nueva Constitución.

“Armados con los aprendizajes de ayer y con las banderas que nunca pasarán de moda, con las enormes fuerzas creadoras del mundo actual que brotan de la colaboración de millones y que se expresan en nuevas formas de solidaridad de lucha no seremos sangre nueva para viejas derrotas, porque tenemos la esperanza intacta que lograremos una nueva Constitución mediante asamblea constituyente para nuestro país”, expresó Boric ese día de acuerdo a una crónica de la época.

En esa reunión también participaron, entre otros, Carlos Ominami, Fernando Atria, Camila Vallejo y la histórica dirigenta feminista Rosa Ferrada.

En su intervención, Ferrada expresó que “el patriarcado chileno no ha dado respuesta desde su institucionalidad frente a las desigualdades señaladas. Muchas de nosotras tenemos la certeza que nuestros derechos y libertades requieren de una nueva Constitución, y por eso reconocemos el proceso constituyente como una gran oportunidad de cambios para las mujeres y para todo el pueblo chileno”.

La apuesta inconclusa de Bachelet II

El proyecto, el último que tuvo un impacto público previo al Acuerdo de noviembre del año pasado, estaba entre los pilares fundamentales del programa de Bachelet. En orden eran los siguientes: reforma en la educación, reforma tributaria y “una Nueva Constitución que reconozca y proteja categóricamente las garantías y deberes de los ciudadanos, los Derechos Humanos y los pueblos indígenas, recogiendo de esta manera la demanda nacional por una nueva Carta Fundamental legítima, nacida de un proceso democrático, institucional y participativo”.

Algunas encuestas como la de Cadem de octubre de 2015 indicaron que un 77% de los encuestados apoyaba una nueva constitución (y un 61% lo veía como algo prioritario). En su última encuesta sobre el segundo gobierno de Bachelet, la misma Cadem indicaba que “un 82% dice estar de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución política, 5 puntos más que en lo registrado en la medición de junio de 2017”.

La iniciativa de Bachelet derivó encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y cabildos regionales. En 2017 se realizó la entrega de las actas de estas reuniones: Hubo 8.113 encuentros locales autoconvocados, 71 cabildos provinciales y 15 cabildos regionales.

En marzo de 2018, a menos de una semana de dejar su cargo Bachelet firmó el proyecto de ley para una Constitución. Entre algunas de las ideas esbozadas estaba por ejemplo eliminar el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional.

La iniciativa, dado el momento en que se realizaba, fue criticada en forma transversal: desde el Frente Amplio hasta Chile Vamos, pasando por la DC. Fuad Chahín, diputado de este último partido y hoy presidente de la colectividad, calificó de “saludo a la bandera”, la firma, en un proyecto que fue casi consenso, debió presentarse antes. Tras asumir Sebastián Piñera como Presidente, la nueva oposición buscó que se retomara el proyecto.

El abogado Enrique Navarro reflexiona: “Efectivamente en el caso de la exPresidenta Bachelet el tema de la constitución formó parte del gobierno, en cambio en la elección del presidente Piñera no venía una nueva Constitución sino reformas constitucionales. Entonces, también ha habido dos lecturas: porque hay algunos que dicen que (con Bachelet) hubo una mayoría que quería un nuevo texto, y años después (con Piñera) hay una mayoría que no quiere un nuevo texto”.

Todo eso acabó tras el 18 de octubre, y el acuerdo de noviembre pasado.