Pasar de una “Constitución concentrada en la protección de negocios” a una “que establezca derechos”. Es una de las definiciones del exministro y exsenador, Carlos Ominami, candidato a la convención como independiente en un cupo del PPD por el distrito 6, que abarca comunas como Los Andes, Petorca y Puchuncaví.

Además, considera importante la redistribución del poder ente las instituciones y la ciudadanía, por lo cual propone que se pueda participar en los procesos legislativos.

Ha propuesto avanzar hacia un régimen semipresidencialista, ¿qué ventajas tiene sobre el actual?

Veo tres. La primera es parte de la redistribución del poder. Transferir poder del Ejecutivo hacia el parlamento es darle atribuciones para que pueda cumplir con su cometido. La segunda, creo que en el mundo moderno priman las conducciones en equipo, las conducciones colectivas. Un régimen semipresidencial permite eso. Un tercer elemento es que es un sistema mucho más flexible porque frente a crisis es posible generar coaliciones más amplias.

Un modelo es el francés, con un presidente (jefe de estado) y un primer ministro (jefe de gobierno) y donde se puede producir una cohabitación si es que son de distinto color político, ¿esa forma de cohabitar podría ser complicada?

No creo. En condiciones normales de régimen semipresencial, la coalición de gobierno es la que gobierna. Soy partidario de que es importante hacer las elecciones de parlamentarios posterior a la elección presidencial, de manera que haya un incentivo fuerte para que la mayoría parlamentaria coincida con la mayoría presidencial. Ahora, se puede dar la cohabitación. Creo que ella se da en casos de emergencia, cuando hay necesidad de una cierta unidad nacional, como una emergencia, puede haber cohabitación. En la experiencia francesa Mitterrand cohabitó con Chirac y funcionó.

¿Cuánto cree que la baja aprobación del Presidente Piñera influirá en la figura presidencial en la convención?

Creo que influye pero no que sea el factor determinante. Lo del régimen semipresidencial era un consenso en la Concertación de la época. Las discusiones constitucionales de los 80, del grupo de los 24 planteaba el régimen semipresidencial. Aylwin estaba de acuerdo, Lagos estaba de acuerdo. Desgraciadamente esa convicción se fue perdiendo. En un primer momento el argumento principal para no avanzar era finalmente el de Pinochet, que seguía siendo comandante en jefe del Ejército. Entonces, se necesitaba una figura fuerte y no era recomendable avanzar hacia un régimen semipresidencial.

Usted además propone avanzar hacia una cámara...

No tiene sentido mantener un parlamento bicameral que muchas veces reproduce las mismas discusiones, generando más tardanza en el proceso legislativo. Creo que la renovación es urgente.

¿Cómo plantearía esta renovación?

Pienso lo siguiente. La convención elegirá a los delegados el 15 y 16 de mayo, ella debería instalarse a más tardar en los primeros días de junio. Tiene máximo 12 meses para funcionar, por lo cual el nuevo texto debería estar hacia junio de 2022. Lo lógico es que el plebiscito fuera después de 60 a 90 días. Incluso pudiera ser, para que tenga una carga simbólica, los días 18 y 19 de septiembre. Aprobada una nueva Constitución, creo que sería perfectamente posible que se convocara en marzo de 2023 la elección de un nuevo parlamento y que se llamara más bien Asamblea Nacional. Eso no les va a gustar a los parlamentarios elegidos en noviembre pero me parece que es una garantía de que estamos creando una nueva institucionalidad y que sea un nuevo comienzo.

Usted ha afirmando que en la actualidad el Banco Central “prácticamente no rinde cuentas a nadie”. ¿Lo cambiaría?

Soy partidario del concepto de autonomía responsable. Lo que tenemos hoy es una autonomía irresponsable. Lo vimos fuertemente a fines de los 90, en el manejo de la crisis asiática, donde, al controlar la inflación el Banco Central le infringió mucho mayor al crecimiento, al empleo y al desarrollo exportador. Por eso, en consecuencia, soy partidario de que la autonomía del Banco Central se haga con un sentido de responsabilidad respecto al crecimiento y al empleo. No estoy inventando nada nuevo, es remitirse a la experiencia de otros bancos centrales, como la Reserva Federal Norteamericana. Además, me parece que los consejeros no pueden ser irresponsables respecto de sus actuaciones y deben estar sometidos a algún mecanismo de responsabilización política.

Yo esto lo discutí arduamente cuando se introdujeron algunos cambios a la ley orgánica del Banco Central, con Farfán particularmente, que creo que le tocó tramitar esto como ministro de Hacienda, y fue francamente muy obtuso respecto a estos temas. Yo planteaba tres cosas que sigo planteándolas. Primero, el tema de responsabilidad frente al país frente al crecimiento, el empleo y la competitividad internacional, que sus consejeros sean responsables respecto de sus actuaciones, que estén sometidos a un mecanismo de responsabilización política, y tercero, que tengan una obligatoriedad mayor de rendición de cuentas.

¿Pero con eso no se politizaría?

Creo que hay que terminar con la ficción de que el Banco Central es un organismo puramente técnico. Al final es político. Las decisiones que toma tienen una influencia monumental en la política.

Otra institución autónoma es el TC, ¿debiera mantenerse?

Tiene que haber justicia constitucional, alguien tiene que velar por el respecto a la Constitución. Me parece razonable que exista un Tribunal Constitucional. Me parece que debiera estar más acotada a asuntos de procedimiento, como verificación de los quórums, pero sin que el Tribunal Constitucional pueda, por ejemplo, intervenir en temas de contenido.

¿Estaría por plebiscitar normas que donde no se alcancen los 2/3?

Es una discusión compleja porque soy partidario de cumplir los acuerdos que abrieron paso a este proceso. Sin embargo, me parece perfectamente posible que se plantee la discusión en aquellas materias en donde haya una mayoría sustancial en una norma, supongamos de 3/5, que ya sería una mayoría sustancial. Creo que en ese caso se podría abrir a la posibilidad de discutir un plebiscito. Pero esa decisión tiene que tomarse primero por los dos tercios.