Es un hecho que la elite política y económica ha ido mucho más atrás que los cambios sociales y culturales que ha experimentado nuestro país en los últimos 30 años. Se entiende que la sorpresa mayor esté en quienes redactarán la propuesta de nueva Constitución, pero nadie, medianamente informado, puede mostrar asombro por los temas constitucionales que abordará el debate. Estos estaban en nuestra discusión ciudadana desde hace años.

Integrantes del Observatorio Nueva Constitución hemos participado del debate de contenidos constitucionales y vemos como desde los resultados del proceso participativo constitucional general e indígena de 2016 se anunciaron parte de los principales asuntos del debate. Entre los valores preeminentes aparecieron la justicia, la democracia, el respeto a la naturaleza, la igualdad, la descentralización, el bien común y el respeto en la convivencia social. Los derechos más valorados fueron la educación, la salud, la igualdad ante la ley, la vida, el derecho a la vivienda digna, la seguridad social y el respeto a la naturaleza. Entre los deberes el respeto a los derechos humanos, la protección de la naturaleza, el respeto a la Constitución, el respeto y conservación del patrimonio histórico y cultural, el respeto a los derechos de los otros, el respeto a la ley y el ejercicio no abusivo de los derechos. En el apartado de instituciones se priorizaron los plebiscitos y consultas, el Congreso, el defensor del pueblo, las fuerzas armadas, el gobierno regional, la forma de gobierno con equilibrio de poderes. El proceso participativo indígena mostró la necesidad de su reconocimiento constitucional, de la plurinacionalidad, del derecho a autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, los derechos políticos y culturales de los pueblos.

Luego, en las propuestas de los candidatos(as) y de los 155 electos a la Convención hay coherencia con lo anterior y también nuevos temas. Los principales valores son la democracia, el principio ecológico y aparece con fuerza el principio feminista, junto con la dignidad y el bien común. Pasar de una forma de gobierno hiperpresidencialista a un régimen de colaboración entre ejecutivo y legislativo que la mayoría visualiza en el semipresidencialismo o en presidencialismo atenuado es la prioridad. Los derechos sociales son el núcleo central y mayoritario de las propuestas, ligado al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, la seguridad social y la vivienda, con preferencia de provisión estatal más la necesidad de su protección. También aparecen nuevos derechos, en especial, el derecho al género y diversidad sexual, al medio ambiente, a los recursos naturales en especial nos hídricos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la cultura y a la ciencia. A ello se suma la necesidad de descentralización política, administrativa y financiera. El reconocimiento de los pueblos indígenas, la plurinacionalidad, participación, autonomía, los derechos culturales, la propiedad indígena y los recursos naturales ya están en la mesa para el diálogo político.

En breve, los contornos de la nueva Constitución vienen desde la ciudadanía y del debate público desde hace tiempo. Giran hacia un Estado social, democrático y ecológico, sostenido en la igualdad de género, con una distribución territorial profunda del poder y de forma participativa, con un sistema de derechos sociales garantizados e incorporando nuevos derechos propio de los cambios culturales, más un estatuto de pueblos indígenas que irradie a toda la Constitución y una forma de gobierno que equilibre el poder con el Congreso y la ciudadanía.