Esta mañana la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó, en general, la norma sobre los “Derechos de los Pueblos y Naciones Preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales”.
La iniciativa fue patrocinada por los constituyentes Natividad Llanquileo, Victorino Antilef, Alexis Caiguan, Machi Francisca Linconao, Eric Chinga, Isabel Godoy, Margarita Vargas, Wilfredo Bacian, Elsa Labraña, Giovanna Grandón, Fernando Salinas, Ericka Portilla, Tania Madariaga, Nicolás Núñez, Ivana Olivares y Manuel Woldarsky.
¿Qué dice concretamente la propuesta? los dos artículos transitorios deliberados tienen relación con la restitución de tierras y la consulta indígena.
El primer artículo señala que, dentro de los primeros cinco meses posteriores a la entrada en vigor de la nueva Constitución, el gobierno deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional -con una representación proporcional de todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado- y paritaria, “encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados”.
Subrayan que se deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras “que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural”. Además, sostienen que dentro de los primeros tres meses de funcionamiento de la comisión, esta deberá informar al gobierno “las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución”.
Terminan agregando que “aquellas tierras indígenas catastradas que estén posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas”, esto dentro de un plazo máximo de dos años.
Dicho artículo transitorio fue visado con 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
El segundo, en tanto, se enfoca en decretar nulidad de pleno derecho “de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas”, pero siempre y cuando estos permisos hayan sido otorgados sin el consentimiento “previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta”.
En ese sentido, añaden que se evaluará un nuevo otorgamiento de estas autorizaciones en un plazo que no exceda los dos años “después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional”.
Este segundo artículo transitorio fue aprobado con 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. De esta forma, la iniciativa avanza hacia la discusión en particular, instancia donde se le pueden ingresar indicaciones.
En caso de ser aprobada en particular, pasará a ser votada por el pleno del órgano redactor. Si la iniciativa consigue los 2/3 necesarios en el hemiciclo podría ser parte de la nueva Carta fundamental.
