“Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, los procesos de cambio constitucional son oportunidades excepcionales para crear una visión compartida del futuro de los países que se embarcan en ellos, con impactos profundos y duraderos en términos de paz, democracia, derechos humanos, igualdad y desarrollo sostenible”.

Así comienza el texto sobre participación ciudadana en la convención constitucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El texto, que será dado a conocer mañana a las 11 horas en un foro virtual donde participarán, entre otros, Consuelo Alvial, directora ejecutiva del Instituto Libertad, Bernardo Pardo, de la Fundación Superación Pobreza, y Marcela Ríos, Representante Residente Adjunta del PNUD Chile, abarca propuestas y ejemplos de mecanismos para concretar esta participación.

El documento entrega recomendaciones a los constituyentes, como por ejemplo, incluir en forma temprana los mecanismos de participación en el reglamento de la convención, sumar criterios de paridad para los espacios participativos e incorporar miradas diversas y grupos históricamente excluidos en las instancias participativas.

La participación ciudadana en la convención ha sido uno de los temas más discutidos en el proceso constituyente. Muchos candidatos y organizaciones han resaltado su importancia en la discusión de la redacción de la nueva Constitución.

En el estudio, el PNUD resalta que “el objetivo no es otro que orientar e informar a los actores políticos y sociales sobre las alternativas para construir un proceso de redacción del nuevo texto constitucional que incluya a todas y todos”.

Y destaca la importancia en el contexto global, ya que entre 1979 y 2018 se identificaron 29 procesos en 27 países “que incluyeron espacios de participación ciudadana regulados y/o promovidos por gobiernos o instituciones públicas”.

Ríos explica que lo que proponen “es que se cuiden estándares y principios de participación”. Aboga por que existan mecanismos que ayuden a una participación amplia de la ciudadanía, y opina que “se debe permitir participación que tenga incidencia y no sea solamente un gesto simbólico o una obligación”.

A esto, agrega que se debiera evitar replicar los mecanismos de participación que usan por ejemplo en el Poder Legislativo. “Está bien y es razonable hacer audiencias con expertos, grupos de interés, recepción de propuestas en línea. Pero en este caso se requiere complementar con otros espacios más cercanos a las comunidades donde se promueva que participen quienes suelen estar fuera de los procesos de decisión”, agregó Ríos.

El documento enumera distintos mecanismos de participación: las manifestaciones de carácter social o popular, (como por ejemplo, dice el texto, la iniciativa Marca Tu Voto); las elecciones populares, consultivas y vinculantes; la participación directa en la deliberación y redacción de una Constitución, y los mecanismos consultivos.

Señala que “dichos espacios/mecanismos buscan relevar aquellas materias que preocupan a la opinión pública y aquellos aspectos que las personas consideran que debieran mantenerse, modificarse o incorporarse en la nueva carta magna”. Si bien destaca que no deben ser necesariamente vinculantes, si deben “ofrecer garantías de incidencia efectiva en el proceso de deliberación y redacción”.

Respecto a la participación ciudadana, el PNUD distribuye en tres grandes grupos: Contribuciones, Cuestionarios o Encuestas, y Reuniones.

Las contribuciones son las solicitudes, sugerencias o peticiones enviadas a quienes redactan la Constitución. Si bien entre lo rescatable está la fácil utilización, lo que ayuda a la confianza de las personas a que serán escuchadas, se puede ver enfrentado a la “complejidad en la sistematización y análisis e inclusión en la toma de decisiones debido a la extensión y diversidad de temas que pueden incluirse en las peticiones o sugerencias”.

Frente a las encuestas, el documento indica que estas pueden ser enviadas a los constituyentes para aportar miradas desde algún sector de la ciudadanía, sea de la sociedad, académico u otro. Como pro está que pueden ser aportes en materias específicas desde un área de la sociedad. En contra existe el riesgo de que “se omitan preguntas importantes, falta de personalización, preguntas intencionadas, difíciles de entender o difíciles de analizar”, además de sesgos en el muestreo, la imparcialidad y logística, entre otros.

En cuanto a las reuniones, el análisis dice que estas pueden catalogarse en audiencias o asambleas públicas, audiencias o reuniones con expertos o grupos de interés, audiencias con grupos históricamente marginados en las decisiones y el ejercicio de poder, y finalmente, en conferencias.

Las primeras “suelen ser reuniones públicas abiertas en las que personas o grupos pueden realizar presentaciones o exposiciones”, las segundas en tanto, a menudo se utilizan para conocer la opinión de grupos claves en temas específicos, o sirven para escuchar la opinión de especialistas y académicos “que puedan aportar desde su experiencia y conocimiento en materias particulares”.

Este tipo de asambleas se desarrollaron en Colombia (1991), Bolivia (2009), Ecuador (2008), Brasil (1988), Sudáfrica (1996), Túnez (2011), Islandia (2010), y en Irlanda (2016-2018).

Las audiencias a grupos marginados históricamente permiten, por esta razón, abordar temas para los distintos grupos, como pueden ser las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías religiosas, personas mayores, niños y niñas, entre otros. Este mecanismo se usó en los procesos de Ecuador (2008) y en Bolivia (2009) destaca el estudio.

Sobre las Conferencias, el PNUD señala que se realizaron en Islandia y en Irlanda. Consiste en que el órgano constituyente convoca a reuniones masivas, que pueden durar días, para debatir temas o incluso el borrador constitucional.

Cada tipo de reunión tiene sus ventajas y desventajas.

Así, por ejemplo, las asambleas públicas pueden generar el símbolo de acercamiento entre la ciudadanía y los constituyentes, pero siempre y cuando se asegure una representatividad amplia, por lo cual también es relevante que se cuente con una alta convocatoria.

Las reuniones con expertos o grupos de interés permiten por un lado tratar con profundidad ciertos temas, es un plus que exista rigurosidad académica. Pero a su vez, “estos espacios generan el riesgo de reproducir sesgos ideológicos, camuflados como saber técnico”, en especial, apunta el análisis, al considerar los criterios la elección de un experto.

Respecto a los grupos marginados, una ventaja que ven en el PNUD es el crear espacios donde estos grupos puedan tener voz, pero, “existen dificultades para llegar a todos los grupos marginados, en especial cuando se encuentran geográficamente aislados o tienen altos niveles de desconfianza en las instituciones”, justo cuando es clave que existan espacios de confianza.

Se indica que en las conferencias existe “el riesgo de que sean muy generales y no permitan un real intercambio de ideas”, y que depende de la metodología que se haga.

El documento tiene en cuenta que se trata de un trabajo difícil, pero resalta que “para que los procesos de creación y remplazo constitucional gocen de legitimidad y tengan mayores posibilidades de éxito, deben ser participativos, inclusivos, transparentes, y efectivamente apropiados por la ciudadanía”.