“Estamos proponiendo poner como base el proyecto que presentó Michelle Bachelet”.

La frase no es de un dirigente opositor ni tampoco proviene de una figura de la centroizquierda. La dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en enero de este año cuando todavía la pandemia era vista como algo que ocurría en otros países.

La senadora por el Biobío comentó aquello en La Moneda, justo después de la reunión del comité político oficialista y cuando su partido estaba tratando de aunar fuerzas en torno a la opción del “rechazo”. Por su parte, el senador de RN, Manuel José Ossandón, añadió pocos días después: “Planteo retomar el proyecto de nueva Constitución de la exPresidenta Bachelet, que es razonable”. Sin embargo, los dichos de Van Rysselberghe y de Ossandón no sorprendieron mucho en el sector.

Luego del acuerdo del 15 de noviembre, que habilitó el proceso constituyente, varias fuerzas oficialistas comenzaron a buscar insumos para entrar a un debate que, muchas veces, les resultaba “incómodo” y en el cual sentían que “llegaban tarde” en comparación con su contraparte. Por eso, el proyecto de nueva Constitución, ingresado en marzo del 2018 a solo cinco días de terminar el segundo gobierno de la Mandataria, pasó –para varios- de ser asociado a fuerzas de izquierda y centroizquierda a, ahora, ser valorado transversalmente.

El mensaje presidencial de Bachelet consistía en una nueva Carta Magna compuesta por 15 capítulos y 133 artículos con un especial énfasis en los derechos sociales, el reconocimiento a los pueblos originarios y el presidencialismo.

Asimismo, la Constitución planteada desde ese gobierno incluye, entre otras, cosas los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la gratuidad en la educación, así como la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres (como por ejemplo, en materia salarial), el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, la eliminación de los quórum supra mayoritarios en las leyes, y la eliminación del control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional.

Tras la llegada del Presidente Sebastián Piñera a La Moneda, el proyecto de nueva Constitución no prosperó. La frase del exministro del Interior, Andrés Chadwick, a pocos días de asumir, en marzo de 2018, se convirtió en la lápida de la iniciativa:

“Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo”, afirmó Chadwick.

Pero también hubo “fuego amigo”. El mismo año de su presentación, el por entonces diputado de la DC, Fuad Chahin calificó como una “falta de respeto” el que se haya presentado tan tarde. “Toda la gente que participó en los cabildos debe ver con mucha frustración que en los últimos días, en las últimas horas, la Presidenta Bachelet envíe el proyecto de nueva Constitución, sin que ni siquiera se pueda iniciar su tramitación, así que es una falta de respeto, un tongo; esto debió hacerse hace un año”, espetó.

Los dichos de Chahin fueron una muestra más de la mala relación entre los partidos de la exNueva Mayoría tras dejar el gobierno. Y en relación al proyecto de nueva Constitución, una de las principales críticas de los partidos aliados a Bachelet fue que éste se hizo a espaldas de las colectividades.

Hoy, en tanto, con un proceso constituyente dilatado por la pandemia, de forma transversal, varios han desempolvado el proyecto de Bachelet para que sea, dicen, el “puntapié inicial” de la discusión constitucional.

Uno de los prinicipales argumentos a favor que se da cuando se consulta a juristas y expertos sobre el proyecto de Bachelet es el que es un texto que “respeta la tradición constitucional de Chile”.

sin quererlo, pasado el tiempo, hoy día surge como una alternativa de ser base de la discusión parlamentaria o constituyente, o política en general porque se basa en el texto vigente. Y digamos que es más sencillo seguir el texto vigente, viendo qué es lo que se cambia y qué es lo que se deja, qué es lo que se suprime, etc.

El director ejecutivo del Instituto de estudios de la sociedad (IES) y profesor Derecho de la Universidad Católica, Claudio Alvarado señala que “el proceso constituyente que impulsó la Nueva Mayoría fue muy disputado, y jamás logró generar el clima de diálogo y acuerdos que supone un cambio constitucional. Mientras la derecha pecó –salvo escasas excepciones— de poca generosidad y visión en este ámbito, una parte relevante de la izquierda insistió en una retórica refundacional que sólo entorpecía más el proceso”.

Alvarado dice que el texto, su articulado, “no es refundacional. Más allá de los cambios que propone, el proyecto en general recoge nuestra tradición constitucional, incluyendo la evolución post dictadura. Con todo, el proyecto no está exento de problemas, en particular: su catálogo de derechos tan extenso como ambiguo. Se trata de una perspectiva que favorece la judicialización de la política y debilita la deliberación democrática”.

Con todo, cree que “en un contexto muy difícil y polarizado”, como es el actual, “que exige buscar puntos de encuentro, rehabilitar este proyecto como base de la discusión podría ayudar a articular continuidad y cambio en las complejas circunstancias que enfrentamos. Después de todo, comenzó con un gobierno de otro color político e incluyó ciertos hitos de participación ciudadana. Además, permite conversar sobre contenidos, lo que es indispensable para derribar muros e instalar un terreno medianamente compartido. Esto será crucial para encauzar las distintas aristas del debate”.

Este llamado a la conversación, al diálogo, es algo que destaca Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social. Valora que en el proyecto de Bachelet “hubo un proceso de participación ciudadana e incluso una consulta indígena. El itinerario constitucional que conocemos hasta ahora no contempla ningún proceso de diálogo ciudadano previo (solo dos plebiscitos). Más allá de muchas críticas que podemos hacer a dicho proceso ciudadano, lo cierto es que para darle mayor legitimidad al proceso es fundamental que se contemple ese tipo de instancias”.

Fernández agrega que dado el “‘desprestigio' que tiene la actual Constitución para una gran parte de la población, es útil poner como base de dicho diálogo el proyecto de Bachelet, que recoge gran parte de nuestra tradición constitucional. “Es probable que al hacer ese ejercicio se genere consenso en un alto porcentaje de los contenidos, y por lo tanto permite centrarse en los puntos donde sí habría diferencias”, comentó.

Para el investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y miembro del comité asesor de Re:Constitución, Lucas Sierra hay una relación entre lo acordado en noviembre pasado y el proyecto de nueva Constitución que dejó la Presidenta Bachelet, “en el sentido de que ambas cosas se refieren a la posibilidad de que el actual texto sea reemplazado por uno nuevo. Pero, aparte de esta similitud general y abstracta, no veo todavía similitudes específicas (...). Éstas sólo podrán detectarse comparando el nuevo texto que surja si gana el apruebo en el plebiscito, con el proyecto de la Presidenta”.

Con todo, a Sierra le “parece evidente que en un escenario de eventual cambio constitucional caracterizado por una ‘hoja en blanco’, la existencia de un texto con contenidos para ese cambio, adquiere un renovado valor. Al hacerlo, dibuja contornos para una discusión potencialmente infinita. Esto ayuda a reducir la ansiedad propia de la incertidumbre asociada a los dos resultados combinados del eventual apruebo: la hoja en blanco y el nuevo órgano que estará encargado de escribirla”.

Al igual que otros expertos consultados, Sierra destaca que “el proyecto de la Presidenta tiene aspectos valiosos porque trae consigo elementos de una digna tradición constitucional chilena, como la democracia representativa y la división de poderes que ayudan a un ejercicio reglado del poder”.

“Sin embargo, agrega, hay varios aspectos discutibles. Por ejemplo, no propone nada para mejorar el régimen político. Mantiene su carácter presidencial, carácter que se ha mostrado especialmente débil desde que el nuevo sistema electoral atomizó más el Congreso. Por otra parte, el mecanismo de tutela de los derechos políticos y sociales que consagra también es discutible: por juzgados de primera instancia. Sin que esto vaya de la mano de tribunales contencioso-administrativos (que el proyecto no crea), se abre un nuevo espacio al activismo judicial. Hay varios otros detalles que, a mi juicio, son negativos. Pero, como ya dije, es un suelo que permite poner un pie para empezar a discutir”.

Hace algunas semanas, impulsado por el encierro de la pandemia, el excanciller y expresidente de la DC, Ignacio Walker, se sentó a revisar el proyecto de nueva Constitución ingresado al Congreso en 2018. El exsenador apretó “control de cambios” en Word y comenzó a modificar el texto del proyecto el que califica como un “buen puntapié” para cualquier discusión que se dé en una posible convención constitucional.

Walker realizó “sugerencias de modificaciones” al proyecto entre las que se encuentran: implementar el voto obligatorio (el texto contempla el voluntario), reponer “la ley protege la vida del que está por nacer” y agregar concepto de “equidad de género” en la garantía sobre igualdad ante la ley.

Sobre el segundo punto, el exministro escribe: ‘Paradójicamente, el proyecto de la presidenta Bachelet hace suya la tesis de Jaime Guzmán, expresada en la Comisión Ortúzar, en el sentido que bastaría con un solo inciso sobre el “derecho a la vida”. Esa tesis fue derrotada al interior de la Comisión, la que consideró la necesidad de incluir un segundo inciso (la ley protege la vida del que está por nacer) para dejar al legislador el tratamiento de temas como el “aborto terapéutico” y la “violación” (según expresiones y ejemplos de los propios comisionados)‘, se lee en las modificaciones realizadas por Walker.

Asimismo, el senador DC propone mantener los cuatro años de mandato para el Presidente de la República mientras que el proyecto propone alargarlo seis. Además, insiste con su idea del semipresidencialismo. “Se propone introducir lo que se denomina una forma de gobierno ‘semipresidencial’ (con un presidente de la República como Jefe de Estado y un Primer Ministro como Jefe de Gobierno). El proyecto de Bachelet mantiene el presidencialismo de la Constitución de 1980. No se incluye un articulado pues este es un tema que requiere todavía de muchas conversaciones (seguramente será uno de los principales temas a debatir en la futura Convención Constitucional, para el caso de llegar a aprobarse en el plebiscito contemplado para tal efecto)”, se lee en el texto.

El abogado Tomás Jordán y la politóloga Pamela Figueroa fueron los coordinadores del proceso constituyente impulsado en el gobierno de Bachelet. Ambos trabajaron con los ministros de la Segpres, repartición a cargo del tema, y finalmente con el exministro del Interior, Mario Fernández.

“Es un proyecto que ciertos sectores han ido revalorizando. Puede ser un punto de partida para tener una conversación constitucional, ese es el gran mérito”, comentó Jordán.

Jordán agrega que éste fue un proyecto que fue pensado para que, junto con la Convención Constitucional, que se presentó en abril de 2017, “fueran elementos que se tuvieran a la vista para la discusión futura de la Constitución. El proyecto buscó recoger las distintas sensibilidades constitucionales, en todo el espectro jurídico y político”.

Por su parte, Figueroa, quien también fue jefa de la División de Estudios de la Segpres durante el segundo gobierno de Bachelet, señaló que una de las importancias de la iniciativa fue la validez de tomar demandas ciudadanas.

“Muchas de las conclusiones de ese proceso, los factores que se sistematizaron, se mostraron con mucha fuerza posteriormente en las movilizaciones sociales y en las demandas que hizo la sociedad”, comentó Figueroa.

Al igual que Jordán, indica que hay cosas que pueden no ser de consenso general. “Obviamente hay muchas cosas que pueden ser debatidas, pero creo que es un ejercicio democrático con altos fundamentos de participación, y eso es muy valorable y muy novedoso. Creo que corresponde a un constitucionalismo democrático muy ad hoc a los tiempos que vivimos, y me parece que es un documento que puede servir a la discusión, y ese siempre fue como el objetivo de la Presidenta”.