La semana pasada, durante la primera sesión de discusiones de fondo de la Convención, los miembros de la comisión de Sistema Político sinceraron sus posiciones sobre el régimen político que debería adoptar Chile bajo la nueva Constitución. El resultado: 10 de los 25 convencionales de la comisión se mostraron a favor de instaurar un régimen presidencial atenuado, que suele caracterizarse por quitar algunas de sus facultades al Ejecutivo y empoderar al Legislativo.

Sin embargo, el presidencialismo atenuado, al menos en la Convención, tiene distintas interpretaciones respecto de su aplicación en Chile. Y es que en el órgano constituyente la inclinación a hacer reformas al régimen actual ha sido notoriamente transversal: convencionales desde el PC y el PS como también de la UDI y RN han encontrado puntos de convergencia para impulsar este tipo de régimen.

En concreto, los constituyentes que defendieron el presidencialismo atenuado durante la sesión citada fueron Raúl Celis (RN), Maximiliano Hurtado (PS), Marcela Cubillos (ind-UDI), Cristián Monckeberg (RN), Marcos Barraza (PC), Bárbara Sepúlveda (PC), Hernán Larraín Matte (Evópoli), Arturo Zúñiga (UDI), Pedro Muñoz (PS) y el coordinador Ricardo Montero (PS).

Aunque los 10 convencionales no alcanzan la mayoría simple dentro de la comisión, sí muestran una tendencia al interior de la misma. Esta propuesta es, actualmente, la que se impone frente a otras opciones como el régimen parlamentario o el semipresidencial. Pero, en concreto, ¿qué tipo de presidencialismo atenuado proponen algunos de esos constituyentes que lo defienden?

Las posturas apuntan, en general, a modificar las atribuciones que actualmente tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, en lo relativo a la iniciativa fiscal que hoy tiene el Mandatario y el control de las urgencias parlamentarias.

Barraza (PC) afirmó que para él sería relevante que el presidencialismo atenuado permitiera “establecer un traspaso de competencias políticas significativas” al futuro Congreso, que para él debería ser unicameral. A criterio del convencional, el Parlamento debería tener atribuciones de urgencia legislativa e iniciativa en materia tributaria y de gasto público, todas hoy en manos del Presidente.

Por otro lado, Cubillos (ind-UDI), quien también es partidaria de un régimen presidencial atenuado, señaló que le parece interesante crear la figura de un jefe de gabinete nombrado por el Presidente, el que tendría la posibilidad de realizar una moción de censura. También sugirió que se podrían reemplazar las comisiones investigadoras por comisiones de control político permanente. “Así se podría evitar el mal uso de la constitución de comisiones investigadoras frente a hechos políticos puntuales”, opinó. Junto con esto, la exministra de Educación planteó la creación de una unidad en el Congreso Nacional dedicada a estudiar y asesorar al Legislativo en materias como los costos fiscales de las iniciativas de ley y la Ley de Presupuesto.

Hurtado (PS), por su parte, sugirió que la mejor manera de atenuar la figura del Presidente está en el manejo de la agenda legislativa. Además, dijo ser partidario de mantener la facultad exclusiva del Ejecutivo de manejar la billetera fiscal. No obstante, advirtió: “Hay que hacer la separación respecto de las cosas que implican gasto directo del Estado y aquellas que son gasto indirecto”.

Celis (RN), por otro lado, destacó que sería importante que en un régimen presidencial atenuado existan nuevas y diversas figuras, las que podrían crearse para equilibrar el poder del Presidente de la República con el Parlamento. Por ejemplo, “intentar despersonalizar el Ejecutivo creando la figura del vicepresidente, para establecer un vínculo de coordinación legislativa, aumentar considerablemente el número de autoridades sujetas a confirmación por la Cámara territorial, que es el actual Senado”.

En esta misma línea, Montero (PS) sostuvo que en el Colectivo Socialista están “revisando el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, viendo las iniciativas exclusivas que tiene el Presidente, estamos evaluando la opción de un jefe de gabinete y/o un vicepresidente y estamos viendo cómo eso conversa con todas las otras distribuciones de poder”.

Asimismo, Larraín Matte (Evópoli) dijo estar a favor de un “presidencialismo reformado con eventuales elementos de sistemas semipresidenciales”. Y agregó que su postura es el bicameralismo asimétrico -dos cámaras, pero con distintas funciones-, mantener la iniciativa fiscal del Mandatario, que está abierto a la idea de una vicepresidencia paritaria (es decir, que si el Presidente es hombre, la vicepresidenta sea mujer, y viceversa) y favorecer gobiernos de mayoría acotando la “fragmentación excesiva” del sistema de partidos.

El diagnóstico de que en Chile habría un presidencialismo exacerbado no solo proviene de los convencionales. Desde hace algunos años, expertos y académicos de distintos sectores han advertido lo mismo.

Una de ellas es Julia Urquieta, abogada PC y exsubsecretaria de Previsión Social, quien aseguró que en Chile existe un “presidencialismo excesivo” que se debe resolver con una reforma al régimen político. “Una de las cosas fundamentales que habría que regular de manera distinta es el papel del Ejecutivo como colegislador, porque en estos momentos tiene un poder omnímodo sobre el Parlamento”, explicó.

Para ejemplificar aquello, Urquieta comentó que “nadie puede entender que si, después de uno o dos años de debate en el Parlamento, el Presidente no considera alguna norma, lo lleve al Tribunal Constitucional y que por esa vía se cambie la voluntad del legislador. Es una cuestión antidemocrática, porque cuestiona en la práctica el papel del Legislativo con respecto al Ejecutivo”.

Por su parte, Ana María García, presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y académica de la Universidad de Chile, afirmó que existe un desequilibrio de poder que debe corregirse, porque “el Ejecutivo está dotado de numerosas atribuciones, incluyendo las colegisladoras”. Por ejemplo, según explicó, tiene la iniciativa exclusiva en una serie de materias, la facultad para hacer nombramientos de manera unilateral, además de una potestad reglamentaria “bastante amplia”.

Aunque partidario de un “presidencialismo de coalición” -es decir, uno que permita formar mayorías estables en el Congreso-, Sebastián Soto, académico de la Universidad Católica e integrante de la mesa técnica que reformó la actual Carta Magna para habilitar el proceso constituyente, explicó que el presidencialismo atenuado facilitaría la conformación de “mayorías más estables en el Congreso, pues permitiría compartir las urgencias o el poder de agenda”.

“La pregunta que debe hacerse no es si el régimen del mañana favorece a las izquierdas o a las derechas, sino que cuál es el régimen que nos va a permitir una mejor gobernabilidad, sea desde las derechas o desde las izquierdas. Esa pregunta creo que nos debe llevar a un sistema presidencial con ciertas modificaciones respecto del actual, y no a avanzar hacia un sistema semipresidencial”, comentó Soto.

Por otra parte, Arturo Fontaine, novelista y profesor del Departamento de Filosofía de la U. de Chile y de la Escuela de Artes Liberales de la UAI, consideró que existe un consenso general para “disminuir la probabilidad de que los gobiernos queden en minoría”. A su juicio, la reforma adecuada sería mover la fecha de la elección parlamentaria y hacerla coincidir con la segunda vuelta presidencial. “Eso tendería a darle mayoría al Presidente. Además, haría que las coaliciones tuvieran una proyección gubernamental”, aseguró.

Además, y en una dirección similar a la que apuntaron los convencionales Montero y Celis, Fontaine sugirió que es necesario “desconcentrar el poder y potenciar la paridad, la representación regional e indígena y la participación popular. Al respecto, una de las ideas más novedosas es crear la institución de la vicepresidencia paritaria”.