“Este es un hecho histórico para Chiloé”, fue la frase con la que el convencional Julio Álvarez (PS) celebró las 15 mil firmas que alcanzó la iniciativa popular de norma “Nuevas Regiones de Chiloé y Aconcagua”, el pasado jueves 20 de enero, propuesta que pretende la creación e implementación la región del archipiélago de Chiloé y el Valle del Aconcagua con el fin de constituir expresamente dos nuevas entidades territoriales que, en conjunto con el resto de las regiones, “permitan distribuir el poder político, mejorar la descentralización fiscal y acercar las decisiones y los servicios públicos a las personas y habitantes del territorio”.

La iniciativa fue ingresada el 8 de diciembre por el presidente de la Unión de Junta de Vecinos de Chiloé, Daniel Pantoja y junto a esta se suscribieron 24 agrupaciones del mundo social del archipiélago y el Valle del Aconcagua, además del apoyo de figuras políticas como los constituyentes por el Distrito 26, Adriana Ampuero (Ind) y Julio Álvarez (PS), quienes están a favor de una nueva distribución administrativa de Chiloé. Además se sumaron los constituyentes por el Distrito 6 Claudio Gómez (Ind-PS) y Cristóbal Andrade (Ind) a favor de una nueva región de Aconcagua. A tan solo seis días de ingresada dentro del portal de participación popular de la Convención, la iniciativa logró sumar más de 6 mil firmas.

En concreto, la propuesta busca la constitución de dos nuevas entidades territoriales que reconozcan “el Valle de Aconcagua como una unidad política y administrativa en que se agrupen las tres provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes y a la provincia de Chiloé como una entidad territorial propia”. Además, establecer una distribución del poder económico, político y territorial más equilibrado, en el que se “reconozca la autonomía política, administrativa y fiscal de las entidades locales bajo los principios de coordinación, solidaridad interregional y cohesión social entre los distintos entes territoriales y entre estos y el gobierno central”.

El hecho llega en la misma jornada en que la Comisión de Forma de Estado aprobó en general la norma que establece la regionalización del Estado, superando el modelo de Estado Unitario centralizado para avanzar hacia uno de regiones.

La propuesta que busca convertir al Valle del Aconcagua en una región autónoma no es reciente, sino que ha tenido lugar desde antes de 1974 -año en que se fusionaron las provincias para crear 13 regiones- donde hasta entonces el Aconcagua funcionaba como un solo territorio, uniendo a San Felipe, Los Andes y Petorca.

Según explica Gómez (Ind-PS) tal proceso de regionalización creado bajo la dictadura de Augusto Pinochet quedó mal hecho, puesto que “se tomaron en consideración factores geo militares, de seguridad nacional interna y externa de regionalización que desde nuestra perspectiva quedaron mal hechas. Y ya con el retorno a la democracia se crearon nuevas divisiones territoriales como Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble, mientras que Aconcagua quedaba tras la puerta”.

La demanda volvió a activarse en 2013 luego de la creación de la Asociación de Municipalidades de Aconcagua, colectivo que tuvo por objetivo separar y convertir al valle en un territorio autónomo al respaldarse en el informe técnico “Proyecto Creación Región de Aconcagua” que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) elaboró durante dos años hasta 2017, pero entregó en marzo de 2018 por el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

El estudio respalda la creación de la región argumentando que “las provincias de Aconcagua aportan un 73% del Producto Interno Bruto a la región, sin embargo, reciben un 18% en inversión”. Sumado a esto, Gómez menciona que en 2018 se realizó una consulta ciudadana en la que participaron más de 25 mil personas, donde el 96.4% estuvo de acuerdo con la creación de la nueva región. No obstante, para el constituyente, la falta de voluntad política dificultó el avance del proyecto.

“Luego del informe de la Subdere quedó pendiente un estudio financiero que fue confiado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera que nunca llegó. Este tenía por objeto determinar el costo de implementación de la región pero por la revuelta popular, la pandemia y reafirmación de recursos de la Subdere no se continuaría con el estudio”, mencionó.

Andrade (Ind) constituyente por el distrito 6, comenta que si bien el factor histórico convierte al Valle del Aconcagua en un territorio autónomo, también lo son sus características sociales, económicas y culturales. “Aconcagua es una región rica en materia prima, agricultura, minería -en comparación a Valparaíso- y demandante con respecto al turismo. Son características que le darán un crecimiento a la nueva región”, agregó.

Álvarez (PS) expresa que antes de la regionalización de 1974, Chiloé gozaba de sus derechos como provincia junto a 24 territorios de la zona gracias al tratado de Tantauco de 1826. “Pero a partir de finales de la dictadura y comienzos de la democracia empezó a escucharse fuertemente una idea más bien de que Chiloé no tiene las mismas características que nuestros vecinos, y así comenzaron a oírse las voces de una mayor autonomía para nuestro territorio”, sostiene.

Para el convencional, Chiloé posee elementos que lo configuran en un territorio con identidad propia. “Tenemos particularidades que no se dan en otra parte de Chile, no solo culturales sino que del lenguaje, del folclore, de la forma de ver la sociedad. Además, Chiloé constituye un espacio geográfico por sí mismo. Somos un archipiélago constituido por más de 40 islas. En consecuencia creo que nos da el espacio suficiente para querer formar una región propia”.

En la misma línea que su par, Adriana Ampuero (Ind) agrega que la errónea distribución económica-financiera del país y las regiones es otro de los factores que influyen en la nueva configuración de Chiloé.

“En Chiloé se concentran dos industrias sumamente importantes a nivel nacional: La salmonicultura y la mitilicultura, con una mínima o nula tributación en este archipiélago. Es decir, no solo han sido industrias que han impactado de manera irreversible -especialmente la primera- en los principales ecosistemas marinos, sino que el centralismo financiero en Chile les entrega un rol nulo en el abordaje de la gran pobreza multidimensional a la cual se ha condenado a este territorio”, sostiene Ampuero.

Por último, Álvarez (PS) señala que “la falta de equidad o justicia territorial, además de solidaridad interprovincial” son otras de las características que justifican la autonomía del archipiélago. Esto debido a que a pesar de contar con aproximadamente 170 mil habitantes, la provincia recibe alrededor del 16% de la inversión regional, situación que para el convencional explica la inequidad en materia de infraestructura, conectividad, salud y educación.

Frente a lo anterior, Ampuero ve con optimismo el proceso constituyente para alcanzar la autonomía del archipiélago: “Somos un territorio relegado que busca autonomías políticas, administrativas, financieras y tributarias que vemos con esperanzas a través de la nueva Constitución, puesto que hasta Chiloé región ha sido siempre meras promesas de campañas parlamentarias que han encontrado una pared en el congreso nacional”, concluye.

El Artículo 3° del Capítulo 1 de la actual Constitución consagra que el Estado de Chile es unitario y su administración “será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”, sumado a que los órganos del Estado “promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

No obstante, desde la Comisión de Forma de Estado expresan que tales características no se cumplen en la práctica. Por eso, es que el pasado jueves 20 de enero, dicha comisión aprobó la propuesta de norma que establece la “regionalización del Estado”. Por un lado, establece que “Chile es un Estado Regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.

Así también, el artículo segundo menciona que “el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales (..)”.

Para Pedro Varela, abogado e investigador del Programa Legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, la respuesta para alcanzar la descentralización no apunta hacia un estado regional, sino que, al contrario, hacia un estado unitario descentralizado, de la mano “del principio de subsidiariedad territorial (priorizando lo local)”, comenta.

Según el investigador, una de las principales diferencias entre un estado unitario y regional sería la creación de parlamentos regionales y autoridades legislativas, características que para Varela “no solo son complejas por aumentar la burocracia estatal, sino que también por abrir la puerta a una dispersión normativa a la que nuestro ordenamiento jurídico no está acostumbrado”.

En la misma línea, Florencia Serra, cientista política e investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (CPP UNAB) concuerda con que las regiones necesitan mayor autonomía y mejor distribución de los recursos. No obstante, señala que el problema de la centralización no se soluciona con dividir el territorio, sino potenciarlo de forma económica y fiscal. “Creo que es mucho más útil entregar más distribución a los gobernadores, entregarles más presupuestos; tener comunas más grandes en otros lados y dividir las de Santiago que son gigantes. Ese tipo de cosas puede generar más impacto que la creación de una nueva región en el largo plazo”, agregó.

En caso contrario, Guillermo Díaz, Doctor en Planificación Territorial y Desarrollo Regional del Centro De Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos (Ceder) menciona que si bien queda la gran tarea de precisar qué es lo que se entiende por estado regional y cómo afectará el desarrollo y bienestar de las regiones, destaca que una de los pros de “un territorio al transformarse en una región es que dicha unidad política administrativa tendrá mayor injerencia en la decisión de la inversión pública regional”, además de que “sin duda es una mayor proximidad de la ciudadanía con sus autoridades subnacionales, sobre todo con una nueva autoridad nueva elegida de forma directa y con una gran legitimidad política”, señala.