El informe sobre consensos y disensos en salud que elaboraron la presidenta y el vicepresidente de la Convención

Desde octubre del año pasado, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constitucionales) y Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional, tuvieron jornadas de reuniones con 13 de algunos de los actores más relevantes en salud, como colegios de profesionales -incluido el Colegio Médico-, asociaciones gremiales y de pacientes.

Y es que además de participar de la comisión de Derechos Fundamentales, instancia que se encargará de discutir, deliberar y votar sobre normas constitucionales ligadas a la salud, antes de ser constituyentes, ambos dedicaban sus carreras a esta área. Quinteros (MSC) es odontóloga, magíster y doctora en Salud Pública y epidemióloga ambiental, mientras que Domínguez (INN) es médico y magíster en Salud Pública.

Durante las reuniones desarrolladas en los meses previos a su reciente elección, los convencionales solicitaron a las 13 agrupaciones que trabajaran en propuestas de salud para el proyecto de nueva Constitución y que señalaran a través de fichas los elementos que consideraban más relevantes. Con ese material, junto a investigadoras de la Universidad de Talca, la presidenta y el vicepresidente de la Convención sistematizaron las respuestas y elaboraron un informe sobre consensos y disensos en propuestas de salud.

A través de este trabajo, Quinteros (MSC) y Domínguez (INN), según se señala en el documento, pretenden “levantar una propuesta común, que represente los planteamientos fundamentales del nuevo sistema de salud para Chile”.

De las 13 organizaciones que participaron, cinco definieron lo que para ellas es el concepto de salud. Según concluye el informe, se reconocen tres orígenes distintos desde donde se concibe la salud: como derecho -universal y proveído por el Estado garantizando su acceso, salud como construcción social -como resultado de condiciones naturales y culturales- y salud como Estado -vinculada a un Estado de bienestar, asociado al buen vivir de algunos pueblos originarios-.

Por otro lado, las propuestas también incluyen algunos derechos transversales. Entre los que reúnen el mayor número de respaldos están el derecho a la salud, con 13m el Estado garante, que reúne 10 apoyos, y la autonomía y autodeterminación con 11. Esto útlimo se refiere a la independencia política del modelo de salud frente a los gobiernos en su funcionamiento. El derecho a la salud, de hecho, es el único principio explícitamente transversal en todas las propuestas recibidas por los convencionales.

Sobre este punto, en el informe se lee: “Las propuestas apuntan a la definición de la salud como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, a través de un sistema de salud público, universal, equitativo, solidario, democrático, participativo, inclusivo, no sexista, descentralizado, plurinacional, multicultural y orientado hacia la salud planetaria -reconocimiento de la salud como un fenómeno interrelacionado con el bienestar del planeta-. Adicionalmente, el informe menciona que las propuestas coinciden en el desarrollo de un modelo de salud en que “el lucro está prohibido para todos los actores que participen de él”.

En el informe también señala que, de manera unánime, las propuestas de salud recibidas plantean que la calidad de la salud de las personas es producto de determinantes sociales, entendidas como las condiciones de vida de la población y que son de responsabilidad pública. De esta forma, según señalan los autores, “el enfoque de los determinantes sociales de la salud, coincide también con el enfoque bio-psicosocial, o aquellos que se refieren a la integralidad en su definición de la noción de la salud”.

En este sentido, las propuestas revisadas plantean como eje central al Estado como responsable de la organización del sistema de salud, el que debiera proveer de los incentivos a los prestadores de salud para alcanzar ciertos estándares en la población objetivo.

En cuanto al financiamiento de la salud, en ocho de las 13 propuestas recibidas se hace referencia a los mecanismos de financiamiento del sistema de salud y se proponen recomendaciones para el desarrollo de un sistema único, materializado en un seguro público de Salud y que evite todo tipo de segregación.

Además, en tres propuestas existe coincidencia sobre que el sistema de salud debe ser financiado mediante aportes del trabajador a través de sus cotizaciones, con aportes del empleador y el Estado, impuestos generales, cotización entre el trabajador y el empleador, y un porcentaje del PIB.

En este sentido, el estudio exhibe que ocho de las 13 propuestas analizadas reconocen que el sistema de salud se debe fortalecer mediante la participación activa del Estado, y que corresponderá exclusivamente a él la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo su regulación, supervisión y fiscalización.

Entre los puntos abordados en las propuestas, se menciona que el sistema debiese ser único, público y autónomo, que potencie el rol de FONASA, que permita la entrega de un servicio de salud integral durante todo el ciclo vital y con un enfoque comunitario, con énfasis en la atención primaria de salud.

Además, cinco de las organizaciones participantes propusieron que el Estado debiese asegurar la provisión de cuidados a las personas, a través de la creación de un “Sistema de Salud Universal y Público”, que entregará atenciones preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, y durante todo el ciclo vital de las personas, priorizadas por criterios sanitarios, las cuales estarán basadas en un modelo de redes integradas con base en la Atención Primaria de Salud.