¿En qué coinciden las distintas propuestas para el Reglamento Interno de la Convención?

A contrarreloj está la fecha de la elección de los constituyentes. Y aunque gran parte del debate entre los candidatos se ha enfocado estas semanas en qué tipo de derechos debiera incluir la Carta Magna, régimen de gobierno o el rol del Estado, lo cierto es que el primer gran obstáculo que enfrentarán los constituyentes será consensuar un Reglamento Interno que establezca cómo funcionará y se administrará la entidad.

Por eso, aunque solo la Convención puede establecer su Reglamento -como se lee en la Constitución, “la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”- desde el año pasado comenzaron a surgir sugerencias y propuestas.

El debate por el Reglamento es crucial debido a que en países como Bolivia la Asamblea Constituyente tomó siete meses en establecer su funcionamiento. Y el proceso chileno tiene 9 meses para escribir una nueva Constitución con una prórroga de tres meses.

Hasta el momento existen al menos cinco propuestas desarrolladas por el Consejo para la Transparencia; la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Sofofa; el centro de estudios Horizontal (ligado a Evópoli) y la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución (que incluye a Chile 21, el Instituto Igualdad y Rumbo Colectivo, este último ligado a RD del Frente Amplio). En Re:Constitución los revisamos y buscamos los puntos de encuentro.

Uno de los temas que más consenso genera es la importancia de la participación de la ciudadanía.

El documento de Horizontal, elaborado por el abogado Sergio Verdugo, señala la importancia de crear un Comité de Medios, Participación y Comunicación, que proponga y supervise, entre otras cosas, la participación ciudadana.

Verdugo apunta a la posibilidad de establecer periodos de asambleas públicas, que se podrían transmitir por televisión, en la cual participe la ciudadanía, pero sobre todo, expertos en diversas áreas, “de manera de asegurar que se reciban opiniones y propuestas plurales de diversos sectores de la sociedad, y que ellas puedan presentarse de manera ordenada, mediante un procedimiento predecible que permita organizar un debate respetuoso y de calidad”.

“Llevar la Convención al pueblo” es una de las consignas de la propuesta de la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución. Para ella se hace necesario “reconocer el derecho de la ciudadanía a participar de la Convención y asegurar mecanismos que fortalezcan una deliberación democrática amplia e incidente en la toma de decisiones y los procesos que las acompañan”.

Para esto propone una Secretaría de Participación Ciudadana que mantenga un vínculo soberano con la Convención y, en sus palabras, llevar la Constitución al pueblo.

La Red de Centros también promueve contemplar un Registro Público de Participación, “en el que se incorporen las personas, grupos y organizaciones interesadas en participar en las actividades desarrolladas por la Convención Constitucional, a través de los procedimientos que el reglamento establezca”.

La iniciativa del Consejo para la Transparencia está enfocada en Transparencia y Probidad. Respecto a la participación ciudadana destaca que las personas deben mantenerse informadas de “los procedimientos de adopción de acuerdos, los roles en el proceso y retroalimentación por parte de la ciudadanía”.

Para el Consejo esto no se limita a que la ciudadanía sea informada, sino que acceda a la información. Propone que el Reglamento desarrolle un mecanismo que garantice que “cualquier persona pueda solicitar el acceso a información en poder de este órgano”, y que esté a disposición cualquier documento, y “sólo excepcionalmente pueda declararse la reserva en casos previamente calificados y por causales expresamente contempladas en el reglamento”.

Entre las sugerencias de la CNC que coincide con la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución está la de crear una instancia de comunicación entre la Convención y las personas. CNC apunta a que entre las comisiones que se vayan a crear esté una dedicada “a gestionar y canalizar los procesos de transparencia y participación”, con informes periódicos de las actividades realizadas.

Sofofa, en tanto, apunta a llegar a un equilibrio entre transparencia de la información a la ciudadanía y espacios en que se deba optar a la reserva, dado que, “la transparencia genera incentivos para que los constituyentes exageren sus pretensiones y tiendan a ‘hablarle a la galería’”.

El otro punto que concita mayores puntos en común es en la transparencia del proceso. La propuesta de Horizontal y de Redes coinciden en que las sesiones de la Convención sean por streaming para que así el proceso no sea cuestionado de “estar entre cuatro paredes”.

La CNC especifica que las sesiones se difundan en distintas plataformas y medios de comunicación. “En esa dirección, puede utilizarse la capacidad instalada de los canales de televisión del Congreso”, destaca.

El Consejo para la Transparencia dice que “se requiere que la Convención habilite un sitio electrónico institucional” para publicar las declaraciones de patrimonio e intereses de los constituyentes electos.

Crear un sitio web es un elemento que destacan las ideas del Consejo para la Transparencia y la Red de Centros, mientras que la CNC propone “el registro de medios electrónicos al que deba enviarse los informes periódicos de actividad de la Convención y sus comisiones”.

Además del sitio electrónico institucional, el Consejo para la Transparencia expresa la necesidad de una Comisión de Ética y Transparencia (similar propuesta existe desde la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución), y que se aplique la Ley del Lobby tanto a los constituyentes como a quienes integren la Secretaría Técnica.

Al menos tres de los escritos apoyan, con matices, que existan sesiones reservadas. En Horizontal, Verdugo indica que si bien son importantes los mecanismos de transparencia y participación ciudadana, “no deben impedir que existan instancias para que los convencionales puedan comunicarse entre sí de manera genuina”.

Verdugo argumenta que esto no es nuevo: hubo instancias reservadas existieron en la convención ciudadana irlandesa de 2012, y se remontan a la convención de Filadelfia de 1787.

Sofofa expone que si bien los procesos constituyentes deben tener “altos grados” de transparencia y participación ciudadana, debe tener, “espacios reservados para incentivar y posibilitar la deliberación y la negociación necesaria para alcanzar acuerdos”, por lo cual propone “sesiones confidenciales”.

El Consejo para la Transparencia sostiene que excepcionalmente podrían existir comisiones reservadas, pero que solo podrían fundarse “en la afectación a la seguridad de la nación o el interés nacional y deberá ser aprobada por los miembros de la respectiva comisión”.

La Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución opina sin embargo, que, “el privilegio deliberativo no debe invocarse como causal de secreto o reserva en la Convención”.

Las sugerencias para el Reglamento destacan lo importante de una redacción con las menores contradicciones posibles. Verdugo y la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución hablan de o una Comisión (Verdugo) o un Comité (Red de Centros) de Armonización, para velar por una coherencia interna del texto constitucional.

Desde Horizontal, Verdugo señala que esta comisión tendrá dos funciones: una es que durante las comisiones, previo a la votación del pleno, deberá revisar “que no se produzca discrepancias o tensiones”, mientras que la segunda labor será proponer a la Convención, “textos consistentes que integren el trabajo hecho por las otras comisiones. Así, la Comisión de Armonización será el principal redactor de la nueva Constitución”, resalta.

A este punto, la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución agrega que el Reglamento “debe contemplar mecanismos para resolver contradicciones graves del texto constitucional, para velar por su coherencia formal”. Para ello, sugiere una Comisión Revisora, que podría hacer los ajustes finales al texto, pero cuyas modificaciones deberían ser sometidas a la aprobación del Pleno.

Además de estas propuestas que muchas veces coinciden en el fondo, existen otras que son particulares de cada entidad.

El texto de Sofofa plantea un panel permanente de constitucionalistas, “que opere como un órgano autónomo y asesor específico de la Comisión Constitucional”, que permita resolver controversias sin recurrir ir hasta la Corte Suprema, como quedó establecido.

Y la Red de Centros pone hincapié en que se establezcan mecanismos para promover la descentralización del trabajo de la Convención, como implementar semanas distritales para que la Convención se pueda desplazar por el país.

La propuesta de Horizontal apunta a que haya un acuerdo complementario dentro de la Convención, la cual determine los contenidos mínimos que la Constitución tendrá, como forma de gobierno y marco general del sistema político, lo que “condicionará y orientará el trabajo de las comisiones encargadas de proponer textos sobre el capítulo del ‘Congreso’ o del ‘Gobierno’”.