El 14 de abril un grupo de científicos de la Universidad de Harvard realizó una simulación del desarrollo de la pandemia del coronavirus en un sistema computacional: arrojó que éste será estacional, al igual que otras patologías, aumentando en meses de invierno. También indicaban que el distanciamiento social podría ser necesario hasta 2022.

También hace poco, Carolina Torrealba, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) anunció un fondo de $1.500 millones para fortalecer 29 laboratorios de 15 universidades y así responder a la demanda de diagnósticos.

Hay al menos 15 centros universitarios certificados en diagnóstico de Covid-19. Previo a eso, fueron revisados por el Minsal y certificados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y por el Instituto de Salud Pública. Están en 11 regiones, aportando 29 laboratorios. Cuatro son de regiones: de la Universidad de Atacama, la de Valparaíso, la de Magallanes y otro de Iquique.

Los ejemplos anteriores demuestran la relevancia que tiene la ciencia en no solo la investigación del impacto futuro del Covid-19, si no en el trabajo del día a día de hoy para ayudar en los diagnósticos de la pandemia más relevante en las últimas décadas. Por esta razón, dado que en medio año será el plebiscito por el apruebo o rechazo a una nueva Constitución, surge la pregunta de si lo que hay en la actualidad en la Carta Fundamental basta respecto a esta área o debieran realizar reformas o derechamente rehacerla. En Re:Constitución consultamos a constitucionalistas, expertos y a los propios científicos.

¿Una Constitución “lejana” a la ciencia?

La actual Constitución dice lo siguiente: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación (artículo 19, inciso 10)”. Además, en el inciso 25 se protege la propiedad sobre productos del trabajo científico y tecnológico ¿Es suficiente?

Javier Couso, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales opina que en derecho comparado, “mirando todas las constituciones del mundo (frente a lo que dice nuestra Constitución), no es mucho más allá de eso lo que se establece”. Agrega eso sí que podría existir un reforzamiento de libertad científica, “en el sentido de libertad de cátedra”. Couso explica que si bien en el actual texto está asegurada la libertad de enseñanza no está asegurada la de cátedra.

¿Por qué sería relevante? El abogado señala que “permite evitar que en universidades que tengan alguna adscripción confesional se prohíba la libre investigación científica”. Este reconocimiento “es un principio fundamental para el desarrollo de las ciencias”, dice Couso.

Lucas Sierra, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), indica que lo señalado por la actual Constitución “me parece que es suficiente y en línea con otras constituciones como, por ejemplo, la española. Por lo mismo, quizás, parecen no haber formado parte del debate constitucional que hemos tenido. Hasta ahora, al menos”.

Una opinión distinta tiene Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Cree que la actual Carta Fundamental está “carente o lejana de los aspectos de la ciencia y tecnología”. Explica que la relevancia no es solo hacer investigaciones en universidades, si no que “debería estar de una forma más transversal dentro de una constitución”.

“Por ejemplo, los aspectos de educación, de formación de la ciencia y la tecnología debiera estar mucho más presente. Debiésemos incentivar una cultura de aspectos más científicos en los niños”. Ossa afirma que al largo plazo, entre los beneficios de esto, estará dejar de exportar materias primas y poder “diversificar nuestra economía”.

Asegura que “hay algunos países en donde le han dado mayor énfasis en términos constitucionales a los aspectos de ciencia y tecnología como por ejemplo Portugal”.

Agrega que en otros países se incentivan los desarrollos locales. Y pone de ejemplo la pandemia: “Si nosotros hubiésemos tenido la capacidad, hubiésemos generado incentivos para hacer desarrollos propios de ventiladores mecánicos, de materiales protección para los trabajadores de la salud. El escenario sería otro y no estaríamos dependiendo de producciones internacionales”.

Este último caso referido a los ventiladores ha provocado una polémica por las declaraciones del ministro de Salud Jaime Mañalich, quien semanas atrás afirmó que China donaría unos 1.000 ventiladores mecánicos. La cifra bajó con los días y este fin de semana el embajador de China en Chile, Xu Bu, señaló a La Tercera que no tenía la información al respecto. Más allá de la polémica, la pandemia ha hecho que entidades como la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago trabajen en la creación de ventiladores.

La subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González cree que es esencial y prioritario para el desarrollo de la innovación y de la ciencia que se garantice “el derecho a la propiedad industrial e intelectual” que existe en la actualidad (lo referido en el inciso 25 anteriormente). Afirma que no se verán mayores desarrollo tecnológicos o mayor experimentación “si no aseguras a grupos científicos, a privados, a organismo de la sociedad civil, que ese desarrollo y esta investigación no va a estar empatada por la propiedad industrial”.

González argumenta: “Diría que en casi todas las innovaciones científicas y tecnológicas el 80% es privado. Hay aportes estatales y de universidades, pero en general 80% del costo es privado. Entonces, debes permitir a ese privado con un sistema de patente, con un sistema de protección a la propiedad industrial (...). Al ignorarlo, sería ignorar los incentivos por los cuales se mueven las personas”.

Y afirma: “Está demostrado que los países que mejor protegen la propiedad, el derecho a la propiedad, y sobretodo la propiedad industrial, son los que tienen mayor desarrollo e innovación. Son los países que más emplean, como porcentaje de la población, a científicos”. Por esto opina que en una discusión por una nueva Constitución, “esto es un piso esencial y básico”.

El desconocimiento de los chilenos

El pasado 1 de octubre entró en funcionamiento de manera oficial el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Con esto, la nueva secretaría de Estado iniciaba su etapa de instalación que incluía la puesta en marcha de la Subsecretaría de Ciencia y el proceso de desconcentración territorial en cinco macrozonas.

Ese mismo mes se entregaron los resultados a la encuesta de Percepción Social sobre Ciencia y Tecnología en Chile realizada por Conicyt. Éste reveló por ejemplo, que las personas reconocían saber más de deportes que de ciencia.

Un 80,8% respondió que no conocía alguna “institución que se dedique a hacer investigación científica y tecnológica en nuestro país”. Es más, el 86% dijo no haber escuchado de Conicyt antes de la encuesta. Un 60,5% creía que los científicos se esfuerzan poco en informar al público sobre su trabajo y solo el 38,7% cree que ellos tienen suficiente espacio para divulgar su trabajo.

“En general, los temas de ciencia y tecnología han estado siempre fuera del debate político (...) no dan votos”, espeta Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Salazar afirma que existe un mayor interés en temas relativos a la economía, a la regulación de los negocios, “pero no al rol que podría cumplir la creación de conocimiento en un país como el nuestro en un modelo de desarrollo”.

El vicerrector señala que la pandemia ha expuesto la necesidad de contar con una estructura adecuada, preparada para “amenazas que no podemos controlar” y enumera el cambio climático, la sequía, la contaminación ambiental. Indica que si bien existe una capacidad para adquirir conocimientos de fuentes extranjeras y aplicarlas en el país, esto genera que una nación se termine haciendo dependiente, “y no incentiva una competitividad a nivel internacional”. Aunque es optimista dado el cambio que ha tenido tanto la mirada como el trabajo de los últimos cinco años, siendo uno de los principales hitos el ministerio.

Salazar opina qué es importante en el debate por una eventual nueva Constitución, “superar el rol subsidiario del Estado y transformarlo en uno mucho más activo del punto de vista de políticas públicas. Esto determinará mayor relevancia para ciencia y tecnología, porque los privados van a aportar una vez que exista un umbral de capacidades mínimas que realmente les permitan a ellos poder proyectar en un plazo relativamente corto innovaciones que le generen una mayor competitividad”. Cree que de parte de los privados no se van a hacer investigaciones con proyecciones de 10, 15 años más. “El Estado tiene que hacer inversiones para 10, 15 años más”.

Con los años, y pese a lo demostrado en la encuesta, la ciudadanía ha demostrado interés ante ciertos eventos relacionados con la ciencia: así por poner solo un ejemplo, en 2018 el astrónomo José Maza logró al considerada charla científica más concurrida del país en la Medialuna Monumental de Rancagua (unas 6.000 personas) para tratar el tema: ‘Marte, la última frontera’.

Pandemia, cambio climático y el futuro

En los últimos meses ha existido, como en todas las áreas, una reflexión en torno a la labor de la ciencia tras el estallido social del 18 de octubre pasado. El 28 de octubre, los centros científicos de excelencia Fondap: Cedeus-Cigiden-Ciir-Coes en una carta en La Tercera expresaron que “la violencia vandálica y los excesos policiales, así como la masividad de este estallido nos enrostra que la nociva desigualdad que se instaló en nuestra sociedad, excede lo que nuestros documentos científicos previeron”.

Frente a esto reflexionaban: “En este nuevo contrato social, las investigadoras e investigadores estamos llamados a jugar un rol como actores sociales activos, participando en diálogos transversales y comprometidos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a conducir adecuadamente la transformación que requiere el país”.

A eso se sumó un diciembre un escrito de la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Cecilia Hidalgo en la prestigiosa revista Nature.

Era un especial titulado Dispatches from a world in turmoil que agrupaba reflexiones de científicos sobre el exaltado 2019. La académica, bajo el título “Want social justice? Spend on science” (¿Quieren justicia social? Gasten en ciencias) sostuvo que “una mayor inversión en investigación ayudará a comprender y corregir las injusticias sociales y acelerará el desarrollo a largo plazo del país”.

En su escrito en Nature, Hidalgo detalló que algunos de los problemas que deben ser abordados mediante soluciones basadas en la ciencia son la “escasez de agua derivada de la desertificación provocada por el cambio climático en gran parte del país; la epidemia de obesidad infantil; los desafíos de tratar con una población que está envejeciendo a tasas del mundo desarrollado, pero con un sistema de salud del mundo en vías de desarrollo; y los factores que alimentan el actual malestar social”.

Expertos indican que la pandemia actual es solo una de las crisis que vive el mundo. Antes de la llegada del virus la humanidad ya estaba enfrentando el cambio climático, y por ejemplo, Chile desde hace años viene siendo golpeado por la mayor sequía de su historia.

El 17 de abril el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile realizó un encuentro virtual sobre la relación de derecho y naturaleza de cara a una nueva Constitución. En ella participaron Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ana Lya Uriarte, exministra de Medio Ambiente y exjefa de gabinete de la exMandataria Michelle Bachelet, Lilian Galdámez, profesora del Centro de Derechos Humanos, y Bárbara Saavedra, ecóloga y directora de Wildlife Conservation Society Chile.

Saavedra opinó: “Cuando pensamos en una nueva Constitución, no es el ser humano lo que tiene que ponerse al centro ni tampoco la naturaleza, si no que la relación indisoluble entre uno y otro (...) que si es incorporado en la Constitución puede permitir avanzar hacia el próximo siglo”.

Durán, quien también es directora de Espacio Público, consultada por Re:Constitución sobre la relevancia de la ciencia en la discusión constitucional indica que la ciencia es fundamental para cualquier decisión de gestión ambiental pública y privada. “Cada vez que se define, por ejemplo, cuál va a ser el umbral de una norma de calidad, cuál va a ser el nivel de presencia de un determinado contaminante que un ecosistema pueda tolerar, necesitamos a la ciencia para que nos dé esa respuesta”.

Agrega que la investigación científica permite el conocer los distintos escenarios que puede tener un ecosistema sobre una población, y lo que puede generar tanto una acción como una inacción en la toma de decisiones. “Cuando la ciencia es de mala calidad, o no se sabe cuál es la ciencia que se debe escuchar, se toman malas decisiones".

El exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Bachelet, Jorge Andrés Cash opina que “el marco constitucional debe permitir que el conocimiento científico sea una fuente necesaria para la formulación de leyes y políticas públicas. Para eso, es necesario que el mundo científico transite del qué al cómo”.

Con una mirada crítica frente a los científicos, Cash dice que “no es suficiente que su aporte consista en indicar qué emisiones se deben reducir para combatir el cambio climático, sino cómo debemos hacerlo. Eso implica que los científicos se involucren en la política, asumiendo responsabilidades públicas, despojándose de la comodidad de la academia o la docencia. La comunidad de objetivos que se ha instalado en el planeta con esta pandemia, les garantiza conservar o aumentar la libertad de opinión que poseen en dichos espacios”.

Jorge Gibert, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valparaíso, quien se ha especializado en el área de la la sociología de la ciencia, indica que en Chile existe “una integración subordinada” frente al contexto mundial, pese a la gran calidad del trabajo científico en el país. “En el caso chileno en particular más bien la ciencia responde a lo que la sociedad le demanda y no al revés”.

Agrega que un punto relevante es que en Chile hay una ley que creó el Ministerio de Ciencia, “pero eso es burocrático. En realidad a nosotros nos falta una ley de Ciencia y Tecnología”. Argumenta que por ejemplo Argentina y Costa Rica tienen leyes al respecto que podrían servir de referentes. Opina que sería algo deseable que el derecho al conocimiento como un bien público fuera incluido en la Constitución.