El abogado Fernando Atria (52) señala que desde 1992 viene argumentando que el Tribunal Constitucional funciona como una “tercera cámara” y que no se justifica su existencia.

El exPS hoy es el presidente del movimiento Fuerza Común, el cual forma parte del Frente Amplio. Quiere ser parte de la convención constitucional que redactará la nueva Constitución por eso postula por el distrito 10 en la lista Apruebo Dignidad en un cupo de RD.

¿Cuáles son sus principales banderas para el debate?

Hay tres dimensiones. La primera es que la Constitución tiene que crear una institucionalidad política que le devuelva el poder al pueblo para decidir, y eso significa que se puedan realizar los proyectos que resulten democráticamente vencedores, con mecanismos de participación, iniciativa popular de ley, plebiscitos revocatorios de leyes y otros. La segunda es que la nueva Constitución deseche completamente esta idea del Estado subsidiario y la reemplace por un Estado social, cuyo deber fundamental no es asegurar las condiciones del mercado, sino derechos sociales como salud, educación, seguridad social, vivienda, y otros. En tercer lugar, cambiar la posición del Estado en la economía.

¿Cómo cree que se logra eso?

Esto tiene dos dimensiones: la recuperación del contenido económico de los recursos comunes y la dimensión que tiene el Estado respecto a la economía. Que también tiene que crear la posibilidad de que a través de él y junto a los ciudadanos, puedan orientar estratégicamente el desarrollo.

Ha criticado los quórums que establece la actual Carta Magna. ¿Qué plantea?

La solución de la tradición democrática: que las leyes se aprueben con mayoría simple. Este sistema de leyes ordinarias, de quórum calificado, orgánicas constitucionales y otros, está pensado para incapacitar a la política y darle a quienes defendían el modelo de Pinochet un veto constante. Las leyes deben aprobarse por mayoría, ese es el estándar democrático.

¿Por cuál régimen político está usted?

El parlamentarismo asegura coordinación entre el Ejecutivo y Congreso. Entonces, esta situación de obstrucción característica del presidencialismo la forma parlamentaria lo soluciona de cuajo. Lo que legitima la institucionalidad es la participación. Chile es un país que tiene un pluralismo político. En ese contexto de multipartidismo, un sistema parlamentario es mucho más adecuado para producir coaliciones con contenido político real.

¿Ese parlamentarismo sería unicameral?

Va junto con la idea de ser unicameral o de un bicameralismo muy atenuado. El bicameralismo como está hoy en Chile es duplicación, la solución a eso es el unicameralismo o que la Cámara Baja tenga el impulso político, que sea donde se decida, y la Cámara Alta funcione en ciertas materias para dar su opinión más que para decidir. En principio una fórmula parlamentaria unicameral es adecuada.

Respecto al Tribunal Constitucional, ¿lo eliminaría o lo reformaría?

Se ha convertido en una tercera Cámara. He argumentado desde 1992 que no se justifica un TC. Por eso yo diría que es mejor no tenerlo pero hay mucho espacio para la conversación porque probablemente muchos van a querer crear un órgano. Este no debería poder anular una ley con un mero empate de sus miembros como es hoy, que para ello se exija una mayoría calificada. Lo mismo con la elección de sus miembros que hoy está binominalizada y los cupos tienen nombres de partidos políticos, la solución podría ser a la alemana, que todos los miembros sean nombrados por el Congreso y por mayoría simple, eso evita la repartija. Además, el tribunal no debería tener competencia preventiva.

¿Qué puntos debe considerar el reglamento de la Convención?

Todas las deliberaciones deben ser públicas y transparentes, cualquier regla distinta a eso es un camino al fracaso. Segundo, el éxito del proceso va a depender de que la discusión que esté dándose al mismo tiempo en la sociedad se vea reflejada en la discusión constituyente. Los convencionales tienen el deber de ir a rendir cuentas a sus distritos, cosa que espero que el reglamento contemple. La Convención debe recibir en audiencia a organizaciones sociales y sesionar en los territorios.