Un emprendimiento académico interdisciplinario iniciaron las facultades de Derecho y de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para acompañar el proceso constituyente con miras a contar con información veraz para apoyar la calidad del debate, a cargo del abogado Diego Pardow y del economista Guillermo Larraín, más un comité editorial panuniversitario.

Lexen Constitución 2022, como se denomina esta plataforma multimedia -que cambiará de nombre si gana el Apruebo-, cuenta con el apoyo de alumnos, con un canal colaborativo, y entrevistas a exministros que se irán presentando. Ya han realizado dos seminarios sobre procesos similares en Colombia, Sudáfrica, y viene un tercero con la experiencia de España en dos semanas más. “El ideal es que este sitio sirva para quienes estén en la convención constituyente, queremos ser una referencia y que aquí encuentren un grado de reflexión importante, profundo, pluralista, y que refleje el sentir del mundo académico chileno”, explica el exsuperintendente que está imbuido en esta tarea hace un año.

Y aparte del sitio digital, espera presentar en noviembre un libro sobre esta materia llamado “La estabilidad del contrato social” del Fondo de Cultura Económica, pues considera que este es un episodio trascendental en la historia del país, del cual no quiere estar ausente, pero no necesariamente como constituyente, sino que desde la academia. “Hay que tener un optimismo racional sobre el proceso, puede que las reglas gusten más o menos, pero no son reglas tontas, sino que tienen cierta racionalidad que nos dan una oportunidad como país de resolver bien este entuerto institucional”.

El próximo 25 de octubre votará por el Apruebo y Convención Constituyente, porque la considera más transparente, con menos conflictos de intereses. “Estoy por el Apruebo, porque Chile llegó el año pasado a la culminación de un proceso que viene hace 15 años. Este problema requiere una solución institucional y esa opción es la forma de canalizar con legitimidad e inclusivamente las visiones contradictorias que hay en la sociedad chilena”, sostiene Larraín.

La campaña del Rechazo menciona como factor en contra el no pagar otro Congreso, ¿por qué cree que es positiva la Convención Constituyente?

Esa es una de las razones dadas que me dan más rabia. Este proceso está resolviendo una crisis que el último trimestre del año pasado le costó al país varios puntos del PIB (Producto Interno Bruto), entonces, en la medida que lo resolvamos y aunque nos cueste 5,10 o 20 millones de dólares, no tiene nada que ver con los 2 a 4 puntos del PIB que costó el estallido. Esa crítica no tiene proporción, me parece absurda.

Hay varias voces señalando que se está colocando mucha esperanza en este proceso y que la Constitución no cambiará nada, desafectando más aún a la gente, ¿qué opina?

En el día a día, la gente va a seguir exactamente igual. Sin embargo, cuando hemos conversado sobre sus experiencias con sudafricanos y colombianos, nos dicen que hay un cambio no material sino que intangible, como es que la institucionalidad del país los representa. A lo mejor hay gente que no sabe valorarlo, o desde punto de vista de la derecha la institucionalidad actual sí los representa y no entienden por qué cambiarlo. El punto es que debe representar a todo el país.

Si gana el Apruebo, varios especialistas han alertado que Chile quedará en una meseta de crecimiento en torno al 2%, por la alta incertidumbre. ¿Se producirá un freno económico?

Y si ganara el Rechazo, ¿vamos a crecer al 5%? Me gustaría ver un economista que argumentara cuál es ese mecanismo. Acá hay incertidumbre, porque hay un problema político no resuelto, entonces la pregunta es qué opción del plebiscito resuelve mejor ese problema, y yo creo que es el Apruebo, y que el Rechazo es sólo negación.

¿Entonces el 2% de crecimiento seguirá igual con ambas opciones?

Es cierto que esta discusión abrirá nuevas fronteras y eso genera incertidumbre, pero si se examinan otros procesos bien diseñados, también tuvieron un pequeño costo de corto plazo. La diferencia es que en el Apruebo hay un camino de salida institucional que va a canalizar el conflicto político y social, permitiendo que esa solución sea compatible con mayores tasas de crecimiento.

“El agua no es privada, sino común”

Efectivamente se abrirán fronteras como la discusión sobre el derecho de propiedad que enciende dudas sobre su mantención.

Creo que más de dos tercios del país espera que se les respete su derecho de propiedad, incluso más que en la dictadura, cuando allanaban las casas sin orden judicial. Hay que lograr que este derecho sirva para proteger la libertad de la gente, hay que reforzarlo. El tema del derecho de propiedad tiene nombre y apellido: agua y pertenencias mineras.

¿Entonces con razón aquellos que tienen derechos de agua están preocupados?

Es que acá hay un problema con los llamados bienes comunes, como son el agua o los bordes costeros. La teoría económica de los bienes comunes es reciente y bastante posterior a la Constitución del 80, entonces hay que ajustarse a esta nueva realidad. Hoy nos damos cuenta que hay bienes que sin ser públicos no son privados. En el Código de Aguas se lo trata como un bien privado, pero cuando el agua viene de la Cordillera o está en un río, no es tan claro de quién es. Hay un conflicto de derechos de propiedad. La teoría de los bienes comunes, que desarrolló la primera mujer que ganó el Premio Nobel, Elinor Ostrom, es que el agua no es un bien privado, sino desde el punto de vista económico, un bien común.

¿Es probable que ese derecho de propiedad sea restringido?

Va a haber un cambio, aunque es difícil decir para dónde. Es importante respetar los contratos firmados, y si se llegara a determinar en el futuro que hay un interés público, el Estado tendrá que expropiar y pagar al dueño lo que corresponda. Eso dicen todas las constituciones sensatas. Siempre hay una función social de la propiedad, lo que pasa es que en nuestra Constitución está media diluida.

¿Este tema del agua pasa por el derecho de propiedad o es parte de los derechos esenciales?

Se tienen que definir cuáles son los derechos básicos y el agua debe ser uno de ellos porque es esencial para la vida, por lo tanto debe tener un trato especial. El punto es cómo se asigna este recurso escaso entre necesidades múltiples. El mercado es una forma de asignar que funciona bien en bienes privados, pero no opera tan bien en bienes comunes. Hay que pensar en una regla constitucional adecuada, porque la naturaleza del bien es distinta. Hay que satisfacer necesidades de salud, alimentación, agua, y la pregunta es cómo el Estado genera reglas del juego para que esa satisfacción sea eficiente, ello implica distintas combinaciones de Estado y mercado, no hay una sola para todo.

Promover la desconcentración de la propiedad

¿Hacia dónde tenderá el modelo actual de Estado subsidiario?

Una Constitución refleja creencias, y en algún minuto fue tal el desorden que generó la expansión fuerte e inorgánica del Estado, entre los años 60 y 70, que el principio de subsidariedad determina que lo que pueden hacer los privados no lo haga el Estado, interponiendo un muro gigantesco entre uno y otro. Pero esa creencia ha ido desapareciendo, porque ya se instaló la separación y hoy se habla de una colaboración entre lo público y lo privado, lo cual quiere decir que el principio de subsidariedad va a cambiar. Hay que buscar principios que ayuden a armonizar ambos.

¿Cómo se armoniza cuando pareciera que hay dos caminos: subsidiario o empresario. Hay alguna gama de grises entre esos extremos?

Está el Estado empresario y el emprendedor. En Chile tuvimos el primero cuando se desarrolló la Endesa, Huachipato, etc., y eso, salvo excepciones, funcionó más o menos tirando para mal, porque en su naturaleza el Estado tiene demasiados conflictos de interés en la gestión de una empresa. Ello es del pasado, distinto al Estado emprendedor que puede catalizar políticas de desarrollo productivo que permitan al sector privado movilizar capacidades.

¿No ve una demanda social para que el Estado asuma mayor protagonismo como empresario en áreas donde se han evidenciado fallas, como en los remedios?

Uno no puede cerrarse a que el Estado cumpla un rol en esas materias, de hecho hay como 200 farmacias populares. Pero también es un llamado a trabajar bien los temas de competencia. En la nueva Constitución hay que discutir qué tipo de economía queremos: una que se dedique a promover la competencia o vamos a contrarrestarlo con otros objetivos como la desconcentración económica de la propiedad, como la Constitución de Dinamarca.

¿Esa materia debiese ser constitucional?

Es bastante claro que al tema de los abusos y de la concentración hay que darle alguna dimensión, una cabida que debe ser compatible con el crecimiento y el progreso material. Hay que recordar que la palabra abuso fue la que más surgió en el estallido social y hay que hacerse cargo.

En un país pequeño como Chile pareciera complejo que no haya concentración de las empresas, ¿es factible de regular?

Estoy hablando de lo que veo en otras constituciones, no estoy dando mi posición particular. El abuso es un problema objetivo, que dicho sea de paso no está sólo en Chile. El tema es cómo la Constitución puede ayudar a desbloquearlo. Si hay gente que tiene mucha participación de mercado, el día 1 después de la constituyente va a seguir teniéndola, pero habrá un mandato legal para que los parlamentos futuros vean qué hacen, y a su vez los empresarios deberán ver cómo se van a ir acomodando a esa nueva realidad.

“En Chile lo que más calzaba era un Estado neoliberal”

¿Cuáles son esas alternativas a la hora de decidir el sistema económico para Chile?

El mundo básicamente está organizado en torno a una economía capitalista, y no creo que haya mucho margen para cambiarlo. Pero no hay una economía capitalista, sino muchas, y creo que debemos enriquecer el abanico de formas de organizar el aparato productivo. Estoy pensando en que hemos crecido mucho en torno a promover las sociedades anónimas, donde lo que importa es el dueño del capital, dejando de lado un sector que es el sector cooperativo, que en Alemania representa casi un tercio del sistema bancario.

Sus críticos señalan que esta Constitución de los 80 promueve el individualismo, ¿qué otra dimensión podría tener?

La fórmula más utilizada es la que tiene la Constitución alemana, que es un Estado social de derechos y ese debería ser el norte. Tener un marco institucional que promueva el crecimiento económico, la justicia social y la libertad, esa es la tríada importante. En Chile lo que más calzaba en 1980 era un Estado neoliberal que puso todo el aparataje institucional al servicio de los mercados, pero eso sirvió un tiempo, y ahora hay que darle paso a un tipo de economía distinta.

Un Estado que deba garantizar más derechos puede presionar las finanzas públicas, ¿cómo se equilibra ese aspecto si Chile decide caminar hacia allá?

Creo que la expansión de derechos no tiene mucha vuelta, va a tener lugar igual. El punto es cómo hacerlo compatible con un crecimiento económico para financiar esos derechos, porque si no se crece estamos fritos y entraríamos en un círculo vicioso absurdo. Se puede decir que es un Estado social de derechos, pero de ahí no se deduce que se deba garantizar por la vía judicial cada derecho que alguien reclame. Sería útil incorporar desde el inicio un principio de sustentabilidad fiscal o de solidaridad intergeneracional.

¿La potestad del gasto debe seguir exclusivamente en manos del Ejecutivo?

Hay que tomarlo con cuidado, por algo está ahí. Hay que buscar un equilibrio entre reducir el excesivo poder del Presidente de la República con el razonable manejo de las finanzas públicas.

¿Cómo ve la discusión de la autonomía del Banco Central (BC)?

Hay opiniones dispares, pero no veo al principio de autonomía cuestionado. El BC ha hecho una pega muy buena de legitimación ante la opinión pública, con seriedad, compromiso, neutralidad, que es muy valioso. Sí puede haber debate sobre los tipos de autonomía, que es legítimo, y hoy lo tienen el BCE y la Reserva Federal. Es un debate que las sociedades democráticas deben aceptar, no hay que asustarse por ello.

¿Qué formas de autonomía hay disponibles?

Está la del BC de Inglaterra, que tiene autonomía de instrumentos, pero el gobierno fija los objetivos; está el de EE.UU., que tiene triple objetivo: inflación, estabilidad financiera y empleo.

¿Cree que a través de una nueva Constitución se puede avanzar en equidad?

La evidencia es débil. El objetivo razonable de una nueva Constitución debe ser democratizar, una mejor asignación del poder, un sistema político más poroso respecto de las necesidades de la gente, producto de lo cual a lo mejor vamos a lograr ser un país más equitativo. La justicia social es una aspiración, pero por el solo hecho de tener una nueva Constitución no vamos a ser mejores en 5 o 10 años más.