“¿Cuáles son los límites de las atribuciones de la Contraloría?”. La pregunta ha estado sonando con más fuerza en el debate público luego que el 11 de septiembre se supiera, a través de Radio Bio Bío, que la entidad se encontraba formulando cargos contra siete generales activos del alto mando de Carabineros por su eventual responsabilidad administrativa en hechos ocurridos tras el estallido social.

El general director de Carabineros Mario Rozas calificó de “lamentable” la medida. El gobierno, en tanto, respaldó a Carabineros y desde Chile Vamos cuestionaron las atribuciones de Contraloría, mientras que la entidad liderada por Jorge Bermúdez -a través de un comunicado- hizo ver, precisamente, esas atribuciones que tiene para formular los cargos.

Lo sucedido con la Contraloría ha revivido una discusión, artificial para algunos y muy seria para otros, sobre la autonomía de órganos en la Constitución. En nuestra actual Carta Magna se contemplan diez entidades con autonomía constitucional que tienen independencia para organizarse sin depender del gobierno de turno. Estas son: la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el Servicio Electoral (Servel), el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), y a ellas se suman el Poder Legislativo y Judicial.

El excontralor, Ramiro Mendoza, actual integrante del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, explica que “la autonomia es un reconocimiento, una salvaguarda, esencialmente, de acuerdo a las técnicas previstas en la Constitución del ’80 de cara a quien es el jefe de la administración del Estado. Es decir, es un modo, muy entre comilllas, de libertad frente al Presidente de la República y se refleja en la capacidad de darse normas a si mismo, de independencia frente al Presidente”.

Actualmente, existen discusiones para sumar más entidades como autónomas constitucionalmente como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o el Consejo para la Transparencia. Mendoza es cauto al respecto, pues le parece “un error”. “Como es un fenómeno de independencia, libertad frente al Presidente, muchos organismos han estado o empezaron a apasionarse con la idea de tener esa libertad e instan a estar en la Constitución, lo que empuja a una hiperinflación de estos organismos”, agregó.

La abogada y académica de la Universidad Católica, Marisol Peña, fue presidenta del Tribunal Constitucional entre los años 2013 y 2014. Para ella “es fundamental volver a lo que ha sido la historia constitucional de nuestro país, la que ha puesto en relieve que ciertos órganos deben figurar en la Constitución porque son expresión de los frenos recíprocos que deben existir en relación con las funciones principales del Estado”.

En esa línea, se manifiesta también el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. El actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile comentó que que entidades como el Banco Central y la Contraloría “son anclas muy importantes en esta materia. Son instituciones muy importantes que debieran ser independientes, ser autónomas”.

"Deberíamos ir pensando cómo fortalecer la autonomía pero el problema que existe siempre es que a los políticos no les gusta soltar el mando y no se dan cuenta de que construir instituciones autónomas bien gobernadas por el bien del país hace muy bien”, agregó De Gregorio.

Los argumentos del exministro cobran importancia al considerar que este año el Banco Central cumplió 31 años de autonomía constitucional. En medio del debate por el proceso constituyente, sectores de la centroderecha han planteado que de haber una nueva Constitución, una de las cosas que deben contemplar es, precisamente, la autonomía del Banco Central.

Otra de las entidades más relevantes tras el estallido social ha sido el Ministerio Público. Las investigaciones sobre eventuales violaciones a los Derechos Humanos tras el estallido y las formalizaciones por infringir cuarentenas son solo parte del trabajo realizado por la entidad que en la actualidad lidera el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

En abril, durante la cuenta pública del organismo, Abbott señaló que "si la decisión de la mayoría lleva a la elaboración de una nueva Constitución para Chile, el Ministerio Público espera participar activamente en la construcción de esa nueva Carta Fundamental”. Y agregó: “A la Fiscalía se le ha otorgado constitucionalmente autonomía y amplitud en el ejercicio de la acción penal, lo que debiera ser, como ha quedado dicho, profundizado en un nuevo orden constitucional”.

El exfiscal nacional Sabas Chahuán, antecesor de Abbott, opina que la independencia de estos tipos de organismos es esencial. “La autonomía a nivel constitucional que tiene el Ministerio Público ha demostrado como un activo, como una evolución o elaboración favorable que tiene Chile, porque fue bastante discutido cuando se hizo la reforma constitucional para crear la fiscalía del Ministerio Público”, dice.

Chahuán explica que por ejemplo, cuando aún no estaba establecida esta autonomía, lo que ocurrió a fines de los años 90, se discutió si hacerlo dependiente del Poder Judicial o del Ejecutivo, pero que al final prevaleció la autonomía, al ver eventuales riesgos de que la fiscalía se viera politizada o se transformara, en términos de Chahuán, en un “apéndice” del Poder Judicial.

Como “una grave afectación a la autonomía de los magistrados y, por lo mismo, de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”, calificó el Pleno de la Corte Suprema la acusación constitucional presentada contra la jueza Silvana Donoso. En 2016 Donoso integró la Comisión de Libertad Condicional que permitió dar libertad a Hugo Bustamante, imputado por la violación y femicidio de Ámbar Cornejo.

La acusación constitucional es una facultad que también ha entrado en tabla en las últimas semanas de cara al plebiscito, y no solo respecto a ministros de gobierno o jueces del Poder Judicial.

En agosto, el constitucionalista Fernando Atria sugirió que el consejo del Banco Central respondiera ante el Congreso por sus decisiones. Entrevistado en El Mercurio, señaló que si bien ese organismo debe tener autonomía, ella “no tiene por qué ser máxima y radical”. Y ante la pregunta de si eso no lo politizaría, respondió que sería tan politizado como la Corte Suprema. Sus definiciones no son nuevas. Ya en 2013 expresó en revista Qué Pasa que “hay que ampliar la acusación constitucional a los consejeros del Banco Central”.

Sobre el punto, De Gregorio comentó: “Hay que tener mucho cuidado en eso y requiere una discusión menos panfletaria. En el Banco Central tú no puedes acusar a alguien que votó por subir o bajar la tasa, salvo que tu puedas comprobar que lo hizo contra el objetivo del Banco Central. ¿Por qué? Porque lo que no reconocen los que quieren acusar constitucionalmente por razones políticas es decir “te equivocaste” (...). Las autoridades deben tener la independencia para poder tomar las mejores decisiones en contextos de alta incertidumbre; eso es lo que pasa en economía”.

Debido a su importancia en ejercer el control de la supremacía constitucional, el Tribunal Constitucional de manera informal ha sido calificado como una tercera cámara, algo que fue compartido en abril por la actual presidenta de la entidad María Luisa Brahm en entrevista con La Tercera.

Uno de los principales cuestionamientos al TC ha sido su forma de nombramiento, críticas que también se han hecho a otros cargos públicos como ministro de la Corte Suprema o Fiscal Nacional. Peña destaca que en democracia “tiene tanta legitimidad democrática un órgano que es electo directamente por el sufragio popular como aquellas autoridades que van a estar establecidas en la Constitución, sobre todo si como se aspira ahora, va a ser una Constitución fruto de una deliberación profundamente democrática y popular”.

La abogada constitucionalista indica que lo importante es que existan mecanismos que controlen a estos entes, pero que no se de “que el órgano controlador sea fiscalizado por el órgano controlado. En ese sentido siempre he sido profundamente contraria a la acusación constitucional contra los ministros del Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional está instituido para controlar el fruto de la labor legislativa, la legalidad”.

¿Hacia dónde se debería apuntar entonces? Peña aventura una propuesta: “Sin embargo, en el caso de órganos que no dependen exclusivamente de su nombramiento en el Congreso, por ejemplo si la Cámara de Diputados constituye una comisión investigadora respecto de la Contraloría, me parece que eso está absolutamente en el plano de lo que exige el estado de derecho. Los órganos del Estado deben estar sometidos a algún tipo de control que le asegure en definitiva al ciudadano que no puedan desviarse de su cometido”.

Para Mendoza, en tanto, “hay que avanzar hacia mecanismos de remoción que sean más técnicos y menos políticos”. Sobre la acusación constitucional señaló que “no es el medio para reprochar una decisión técnica en un escenario que es esencialmente político (...) y si uno mira en los demás organismos autónomos constitucionales, las vías de remoción son estrictamente definidas en relación a la materialidad de las decisiones que se adoptan”.

Chahuán en tanto, si bien afirma que la autonomía debe ser un valor intransable en la nueva Constitución, “deben haber mejoras al sistema (...) podría perfeccionarse el sistema de nombramientos de fiscales, ciertas normas procesales, y crearse algún consejo superior asesor del ministerio que debiera ser consultado para tomar decisiones de políticas sobre causas criminales o de índoles administrativas”.

El exfiscal nacional agrega, ya con miras a lo que ocurra el 25 de este mes: “Creo que en general la Convención Constituyente debería tener, sin perjuicio que pueda contratar asesores, escuchar opiniones, ó citar personas, también debería tener una diversidad de integrantes entre gente que tenga experiencia, por ejemplo, en materia de economía, pensando en la autonomía del Banco Central, en materia judicial, y por supuesto, gente que tenga conocimiento del diseño y funcionamiento del Ministerio Público para que pueda votar y eventualmente opinar con conocimiento de causa".