El proceso constituyente islandés es reconocido como uno de los más innovadores y participativos a nivel mundial. Esto, porque en “casi cada etapa del proceso la población estuvo involucrado y a menudo de forma muy activa”, según explica la investigadora de la universidad holandesa de Tilburg, Anne Meuwese, en su libro Popular Constitution-Making: The case of Iceland.

La actual Constitución de Islandia fue escrita en 1944, cuando el país se separó de Dinamarca. “Está muy desactualizada. Siempre supimos que tendríamos una nueva, porque era una traducción de la Constitución danesa, era más o menos lo mismo. Sólo fue reformada en 1995, cuando se agregó un nuevo capítulo sobre derechos humanos”, explicó a La Tercera la abogada Katrín Oddsdóttir, que participó del proceso constituyente.

La crisis económica de 2008 tuvo consecuencias devastadoras para el país: arrasó con sus principales bancos e Islandia tuvo que ser rescatada. Esto condujo a la deslegitimización de todo el sistema político. Miles de islandeses salieron entonces a protestar para exigir la renuncia del gobierno y una nueva Constitución. A fines de ese año, el primer ministro Gier H. Haarde presentó su renuncia y a comienzos de 2009 se formó un gobierno de coalición entre la Alianza Socialdemócrata y el Partido de Izquierda Verde. En abril se realizaron elecciones anticipadas y el tema de una nueva Constitución fue central. “Se produjo un momento constitucional en el que se dijo: necesitamos un nuevo contexto social, necesitamos una nueva Constitución. Necesitábamos una nueva Constitución para nuestro futuro”, explicó Oddsdóttir.

Tras un intento que no tuvo éxito, los partidos de la coalición decidieron enviar una propuesta al Parlamento que proponía la creación de una Asamblea Constituyente, la que fue aprobada por el Congreso y en la que se especificaba el período en que debería funcionar su mandato. También se estableció la creación de una Comisión Constitucional, que precediera y facilitara el trabajo de la Asamblea.

Fue así como en 2010 se dio inicio al proceso. Se nombró a la Comisión Constitucional compuesta por siete miembros, los que llamaron a un Foro Nacional. Para ello se realizó una selección aleatoria de mil personas del total de la población del país (360 mil), bajo ciertos criterios que permitieron respetar la diversidad territorial y de género. “Primero se escogió a mil personas y de todos los grupos etarios, que constituyeron un “Foro Nacional”. Ellos decidieron los valores para una nueva Constitución y sus nombres fueron seleccionados del registro nacional. Se reunieron solo por un día, el 6 de noviembre de 2010”, explicó a La Tercera la abogada Katrín Oddsdóttir.

Después de eso, la Comisión recogió las conclusiones del Foro, también aportó con nuevas ideas y elaboró un borrador dando los lineamientos que debía tener la nueva Constitución.

“Luego se eligió a 25 personas (10 mujeres y 15 hombres) de un total de 522. Yo fui una de ellas, para reescribir la Constitución. La mayoría de las elegidas eran de Reikiavik, con educación superior y algún tipo de perfil público: profesores universitarios, periodistas y otros”, dijo Oddsdóttir.

Colaboración abierta

Esas 25 personas, que se congregaron en el Consejo Constitucional, definieron materias como derechos civiles y de medioambiente y en cuatro meses escribieron la Constitución. Cada semana estas personas comunicaron vía internet sus avances, el borrador que estaban escribiendo y luego consideraron los comentarios de los ciudadanos para la redacción final. “Se le conoce como la primera Constitución con una colaboración abierta”, señaló la abogada.

Estas 25 personas recibieron el mismo sueldo que los miembros del Parlamento. Al final aprobaron un texto en forma unánime que enviaron al Parlamento en julio de 2011, instancia que quedó a cargo del proceso. El texto incorporó la mayoría de las conclusiones del Foro nacional y también consideró la opinión de expertos en diversas áreas.

Poco después fue sometido a un referendo no vinculante, que fue aprobado por el 67%. El problema es que hasta ahora el Parlamento no lo ratifica.

El informe del PNUD, Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, señaló que “dado que el Consejo se propuso escuchar a todos los ciudadanos por igual, sin acceso privilegiado de ningún grupo o persona, no cooperó ni negoció con el Parlamento ni con los partidos políticos, considerándose esta una de las razones de la fría recepción que tuvo este proyecto constitucional en el Parlamento”.