“Un sentimiento de esperanza en la ciudadanía, pero consciente de las dificultades del proceso constituyente que queda por delante”. Así apunta Javiera Toro lo que más le ha quedado grabado de las personas con las que ha conversado, al recorrer las calles del distrito 11 durante su campaña como candidata constituyente.

Abogada de la Universidad de Chile, directora de Nodo XXI y expresidenta del partido Comunes es una de las apuestas constituyentes que disputa un cupo por las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén y otras más, en la lista Apruebo Dignidad.

De acuerdo a Toro para garantizar derechos sociales básicos en la nueva Constitución se requiere “terminar con este Estado subsidiario y pasar hacia un Estado solidario”, en el cual se podrán establecer condiciones de vida digna y al mismo tiempo, éstas sean de una “responsabilidad colectiva”.

¿Cómo sería posible construir una Constitución con perspectiva de género?

Es importante ver que la perspectiva de género no es una agenda particular planteada por un sector sino que es una mirada transversal que tiene que estar a lo largo de toda la Constitución. Eso significa construir una Constitución donde haya una redistribución del poder, eso implica también reconocer la interdependencia social y la importancia de los cuidados como una labor que es fundamental para la sostenibilidad de la vida y que realizan fundamentalmente las mujeres.

¿Cómo propone que se establezcan los derechos sexuales y reproductivos al momento de escribir la Carta Fundamental?

En la nueva Constitución necesitamos un reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que son necesarios para asegurar vidas seguras, vidas libres. Para eso tienen que estar plenamente reconocidos en la nueva Constitución, estableciendo entre otras cosas el derecho a una educación sexual integral -que recordemos fue rechazada hace poco en el Congreso- reconociendo también el derecho a elegir la interrupción voluntaria del embarazo y todo el conjunto de derechos sexuales y reproductivos.

Entre sus propuestas está que la economía esté “al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía, ¿cómo podría ejecutarse eso llevándolo a nivel constitucional?

Una de las grandes crisis que estamos atravesando como sociedad es la crisis económica y de agotamiento de un modelo de desarrollo extractivista que nos ha traído donde estamos hoy día. Es fundamental abordarlo desde la Constitución. Para eso se debe determinar con el Estado subsidiario y las restricciones que hoy día existen en la participación estatal de la economía. Se debe reconocer el trabajo como principal fuente de riqueza, equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores, debe limitarse el derecho de propiedad que hoy día ha sido una limitación a cualquier tipo de intervención estatal en la economía.

¿Cómo visualiza que será el proceso de garantizar ciertos derechos sociales básicos en la nueva Constitución?

Primero, tenemos que terminar con este Estado subsidiario y pasar hacia un Estado solidario, donde establecer condiciones de vida digna sean una responsabilidad colectiva, democrática y no un problema individual de cada uno. Y para ello es necesario no solo tener un largo catálogo de derechos sociales, sino también poner algunas cuestiones que son fundamentales para que estos derechos se puedan realizar. Eso es una nueva institucionalidad que integre la prestación de derechos sociales a través de servicios públicos universales, que es también acciones que permitan la protección y la garantía de derechos sociales.

Algunos plantean que los derechos sociales sean exigibles ante recursos de justicia, ¿cuál es su posición frente a esto?

Me parece que más allá de eso, es importante que existan mandatos al Estado de protección y en función de eso, cuando estos mandatos no se estén cumpliendo, se debe poder recurrir a la justicia.

Usted está a favor de un Estado plurinacional, así lo ha clarificado en su campaña. ¿Qué dificultades se deberán sortear para afianzar, eventualmente, un Estado plurinacional?

El proceso constituyente debe ser un punto de inflexión donde no se continúe con esta escalada represiva, sino que se empiece a reconocer a los pueblos originarios en tanto pueblos, reconociendo su autonomía política y territorial y no solamente como sujetos de subsidios estatales. En ese sentido, el reconocimiento de la plurinacionalidad con autonomía política y territorial es fundamental para establecer un diálogo que pueda contribuir a una resolución política.

Otro de los ejes que propone es el reconocimiento constitucional para que bienes comunes sean considerados como bienes inapreciables, ¿cree que será posible llegar a un consenso sobre esta materia, para que la “naturaleza no sea propiedad de nadie”?

Tenemos la oportunidad de ocupar una posición de avanzada en este punto y tener una real protección de la naturaleza. Para eso, creo que es fundamental terminar con la propiedad privada sobre los recursos naturales y los bienes comunes que se han entregado además gratuitamente a la explotación de privados. En particular, en el reconocimiento del derecho humano al agua, que es quizá el tema más vital que cruza esta discusión.