José Andrés Murillo (Ind): “Debemos elevar a nivel constitucional el interés superior del niño y niña”

Para José Andrés Murillo, recuperar la confianza para construir un pacto común y legítimo es probablemente el aspecto más ético de la nueva Constitución. Doctor en filosofía y exdirector de la Fundación para la Confianza, Murillo es una de las voces cuya principal bandera es defender los derechos de la niñez y adolescencia. Su nombre estará presente en la papeleta constituyente por el distrito 10, en la lista “Independientes por una Nueva Constitución”.

¿Qué derechos en particular de los niños, niñas y adolescentes deben ser garantizados en la nueva Constitución?

Más que unos derechos sobre otros están los principios rectores de la Convención que si bien algunos dicen que ya están presente en la Constitución o en el sistema legislativo chileno por ser un tratado internacional, finalmente quedan como letra muerta. Hay que reforzar en particular el interés superior del niño y la niña como el eje estructurante que genera finalmente además una prioridad absoluta en las decisiones administrativas, presupuestarias, legislativas, política y sociales.

Esto es clave, es fundamental. Debemos elevar a nivel constitucional el interés superior del niño y niña. Si esto es así, todas las decisiones legislativas, políticas y presupuestarias tienen que pasar primero por el criterio del beneficio o del interés, del niño y la niña.

¿Está de acuerdo con elevar a rango constitucional el sistema de garantías de derechos de la niñez y adolescencia?

Absolutamente porque sino va a depender de la catequesis de cada gobierno. Y lo que siempre pasa es que los gobiernos normalmente gobiernan, valga la redundancia, para sus cuatro años y la niñez toma tiempo. Acá es importante también que tenemos que evitar a toda costa tener un sistema de protección que no tenga garantías reales, y por eso es tan importante el interés superior de la niñez. Ahora tenemos que dar un paso más allá y financiar un sistema de protección integral, es decir, que incluya prevención comunitaria, familiar, detección ante situaciones de riesgo o de vulneración.

Ha señalado que la salud mental es un aspecto que debe ser abordado en el proceso constituyente. ¿Cómo sería posible fomentar y garantizar la relevancia de la salud mental a través de la Constitución?

Cuando se habla de derecho a la salud, no se explicita el derecho a la salud mental. Pareciera que la salud solamente está remitida a los aspecto físicos. Entonces tenemos que volver a poner sobre la mesa esto, así como van a haber discusiones directas sobre el derecho a la salud, se tiene que incluir lo mental porque ahí están también los niveles de desempeño escolar, laboral, de protección de la familia, espacio público, delincuencia, etc. Si nosotros ponemos énfasis en salud mental, puede que se transforme en una de las palancas de transformación de la comunidad.

También busca discutir la “probidad y la anticorrupción” en la convención constitucional, ¿de qué manera abordaría este eje?

El principio de probidad que hoy día está en la Constitución pero remitido solamente a los funcionarios públicos de una manera bastante escueta y débil, lo reforzaría con un mandato para la creación de un sistema de probidad y anticorrupción que incluya a todas las instancias públicas y privadas. Durante mucho tiempo, nos hemos adormecido en el cliché de que Chile es un país pro en el que no hay corrupción.

A nivel constitucional, ¿cómo podría darse el debate en torno a la protección del medio ambiente?

Creo que todos los sectores desde la derecha, izquierda y los independientes, tenemos una cierta conciencia más o menos común de la importancia de proteger el medio ambiente, como base común. Ahora bien, la forma y los niveles probablemente vamos a ver algunos matices. Yo sería más bien partidario de fortalecer al máximo la protección al medio ambiente.

¿Es partidario de que se mantenga o se elimine la exención del impuesto territorial a favor de los templos y sus dependencias, considerando que están destinados al culto y no a producir rentas?

Estoy a favor de eliminar la exención de impuestos, aquí los templos tienen que pagar impuestos como todos los pagamos. En primer lugar, soy absoluto defensor de la libertad de culto, del derecho de las personas a vivir una religiosidad, una fe, religión que quieran, siempre y cuando no violen la ley, los derechos humanos en especial. Y también que puedan en cuanto hay un inmueble, que paguen las rentas que tienen que pagar.

Hoy día sabemos también que la religión ha sufrido transformaciones desde su concepción y las iglesias tienen que adaptarse a nuevos desafíos. No solamente tienen que verlo como una especie de castigo a las religiones, porque pagar impuestos no es un castigo, sino una condición de vivir en comunidad y en esta comunidad, especialmente algunas iglesias como la católica, que ha dañado en muchos aspectos a la niñez y adolescencia.