El 6 de marzo de 2006, el entonces mandatario de Bolivia, Evo Morales promulgó la ley de convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de “refundar” el país a través de una nueva Constitución. Desde ahí surgió un “caótico” proceso que estuvo entrampado en una serie de dificultades políticas, técnicas y sociales que terminaron por restar credibilidad. Al menos siete meses tardaron los asambleístas en lograr un consenso para diseñar el reglamento, o sea, el puntapié inicial en el que ampararon su trabajo.
Una vez electos los 255 miembros de la AC -el 2 de julio de ese año- en el que del total 151 miembros eran del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), 72 del mayor partido de oposición Podemos y los 32 restantes de diversos partidos, los constituyentes se instalan en Sucre en el mes de agosto con un límite de máximo un año y no menor de seis meses para lograr una nueva Carta Magna. Sin embargo, esto realmente tardó 14 meses.
“Desde prácticamente la segunda semana instalada la Asamblea Constituyente iniciaron los problemas. No lograban un acuerdo sobre el reglamento de debates”, recuerda Franco Gamboa Rocabado, sociólogo y entonces jefe de proyecto de Apoyo a la Asamblea Constituyente en Bolivia para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A diferencia del proceso constituyente de Colombia en 1991, en Bolivia no se fijó un proceso ni un plazo para que la asamblea adoptara un reglamento base en el que se establecen los parámetros de trabajo que permitirán cumplir con el debate que desencadene una nueva Constitución. Al igual que en el Legislativo, la denominada "piedra angular”- permite “ordenar las intervenciones políticas, los procedimientos para la aprobación de las normas, de las minutas de comunicación, comisiones y documentos. Además, para reglamentar la metodología de aprobación de los artículos, componentes y especificaciones que tendrá la nueva Constitución.
“Idealmente, un órgano elaborador de la constitución (OEC) debe tener un reglamento explícito que regule sus actividades”, señala la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el centro virtual Constitutionmaker.
Ante la falta de lineamientos previos y de experiencia constituyente, los asambleístas se enfrascaron en la disputa por el quórum necesario para las votaciones ya que solo quedó establecido que para aprobar el nuevo texto se necesitaban dos tercios. El MAS exigía un reglamento en que las decisiones se tomaran por mayoría absoluta y la oposición en desventaja se negaba a ceder.
Así, desde agosto a noviembre no hubo avances y la tensión comenzó a debilitar la imagen de la AC. “La ley de convocatoria no previó la aprobación de un reglamento de debate y se discutió posteriormente. Ahí es donde surge la dinámica autoritaria y vertical porque aunque los asambleístas buscaban un trabajo más concertado para conciliar el debate, los mismos constituyentes del MAS recibían instrucciones directas del Ejecutivo lo que complicó el debate democrático porque estuvieron en una inacción hasta diciembre y desde ahí los conflictos evitaron la aprobación de un reglamento hasta comienzos de 2007”, recuerda Gamboa.
Tras la conformación de la directiva de la AC, se conformó una comisión multipartidista que preparó un borrador del Reglamento General de la Asamblea Constituyente, pero este fue desechado por la oposición y aprobado con los votos del MAS.
Durante este periodo, Gamboa Rocabado autor de Las razones del fracaso: la Asamblea Constituyente en bolivia como democracia bloqueada y Transformaciones constitucionales en Bolivia: Estado indígena y conflictos regionales recuerda que los asambleístas “directamente no pudieron trabajar, ni siquiera asistían a las reuniones de convocatoria. A principios de febrero de 2007 recién se pudo aprobar un reglamento claro". Finalmente, se estableció el método de aprobación por mayoría absoluta que permitió comenzar recién a debatir la nueva Constitución. Una vez que se cumplió el plazo máximo de un año -el 6 de agosto de 2007- Bolivia no tenía aprobado ningún artículo y prorrogó el plazo de redacción
Ese mes, los constituyentes salieron de Sucre en medio de manifestaciones y en diciembre 145 de los 255 asambleístas reaparecieron en una convocatoria de emergencia en el que se aprobó “en una noche y entre cuatro paredes, todos los artículos de la Constitución. Los constituyentes electos formularon, discutieron y aprobaron un documento limpio de texto constitucional, pero los acuerdos políticos entre legisladores lograron aprobar una Constitución que carece de legitimidad institucional de los propios asambleístas. Hasta el día de hoy no se sabe quién formuló y terminó de redactar el texto que finalmente se aprobó en febrero de 2009″, enfatiza el entonces asesor del proceso constituyente boliviano.
Según la prensa boliviana, durante esos días de protestas al menos tres personas fallecieron y 130 fueron heridos.
Para Gamboa, no hay parámetros o una receta internacional para una asamblea constituyente ya que responde a las necesidades de las democracia de cada país son "pactos de carácter domestico, interno, de largo plazo, de rediseño de instituciones y Estado que exige una enorme vocación democrática y capacidad de organización para no desperdiciar recursos ni tiempo, por lo que se requiere una autonomía absoluta de los constituyentes que redacten la nueva Constitución.
Por esto, el experto boliviano sostiene que tres son las lecciones que podría aprender Chile de la experiencia boliviana:
- La selección de asambleístas debe garantizar la absoluta representatividad regional, étnica, social, política, ideológica y partidaria. Indígenas, mujeres, hombres, profesionales, obreros, estudiantes deben participar, pero bajo una cuidadosa selección por lo que la convocatoria debe establecer requisitos y límites mínimos porque la responsabilidad es esencial. En Bolivia no se pidieron requisitos y los constituyentes llegaron con una incertidumbre al no saber qué hacer, entonces fueron sometidos al cálculo político y pragmático de los partidos y del poder de turno.
-Es de suma importancia respetar la autonomía del poder constituyente que tiene la asamblea, ni el Legislativo, ni Ejecutivo, ni otra instancia debe amenazar o deslegitimar el proceso de redacción del nuevo pacto social. Aunque sea un sistema presidencial el que domine América Latina no pueden influir, debe haber una expresa prohibición por parte del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia o Corte Suprema para que cualquier poder influya en el trabajo para que nadie agriete el poder constituyente. Así, existen canales de rendición de cuentas para evitar abuso de poder que pueden actuar como veedores.
- La AC tiene que ser un evento abierto de escrutinio público con términos claros y con transparencia en el proceso para que la población conozca ampliamente el producto final que estará vigente. Que la Constituyente sea un evento exitoso y no un desastre depende de la dinámica de fuerzas, de la correlación y responsabilidad de los partidos y de quienes están ejerciendo el poder en su momento. Es la capacidad de responsabilidad que tienen los viejos políticos y las demás instituciones en monitorear permanentemente el trabajo abierto, responsable y autónomo de la Constituyente.
