Con el fin de posicionar la erradicación de la pobreza como un eje central de la nueva Carta Magna, un grupo de organizaciones ligadas al trabajo con personas de bajos ingresos entregaron este martes a la mesa directiva de la Convención Constitucional un documento de 48 páginas que ofrece múltiples propuestas para mejorar el bienestar de poblaciones excluidas en Chile. “El momento constitucional (...) reviste una oportunidad histórica para forjar un nuevo pacto social, objetivo para el cual el presente documento busca servir de aporte”, se afirma en el documento.

Las propuestas planteadas son fruto de la experiencia y del conocimiento acumulado de 9 distintas organizaciones, las cuales por años han trabajado directamente con personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Estas son: el Hogar de Cristo, Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la UAH y la Comunidad Jesuita de Tirúa. A finales de mes, está programado que el contenido redactado por estas entidades se presente en sesión ampliada a la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constituyente.

Por su parte, Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, señaló que “el proceso constituyente se plantea como una oportunidad para visibilizar y representar a grupos especialmente vulnerables e históricamente invisibles en la conducción del país. El objetivo es contribuir al diálogo constitucional por medio de propuestas para mejorar el bienestar de poblaciones especialmente excluidas en Chile. Esta es la oportunidad de avanzar hacia un modelo de sociedad basado en la solidaridad, el bien común y la justicia social”.

Mientras que Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo, afirmó: “El documento es una síntesis de las principales brechas existentes que viven las personas más vulnerables y excluidas del país con un conjunto de propuestas para ser consideradas en la nueva constitución garantizando el ejercicio de sus derechos en áreas transversales del bienestar: vivienda, salud, educación, trabajo”.

Según se menciona en el texto, es posible concebir el proceso constitucional como un episodio excepcional en la historia política, en el que “la ciudadanía interviene de manera más directa en su conducción y reflexiona con mayor intensidad sobre los ideales de sociedad que merecen ser promovidos”. Por esa razón, para los expertos que elaboraron la propuesta, una nueva Constitución representa “la cristalización de un modelo particular de sociedad, con pilares éticos e interpretaciones específicas sobre la relación entre los individuos y la colectividad”.

En concreto, para los expertos la Constitución debería ser capaz de “reconocer y representar (...) a aquellos grupos especialmente vulnerables e históricamente invisibles en la conducción del país”. En nombre de ellos, aceptan el desafío de promover la “representación constitucional de quienes presentan mayores desventajas socioeconómicas y simbólicas (...), para asegurar que la Constitución deje de ser objeto de división y se convierta en una verdadera casa común para quienes viven en el país”.

Las recomendaciones se basan en cuatro puntos clave que, en caso de ser modificados, podrían efectuar cambios radicales en la calidad de vida de las personas de menores ingresos en el país. El primero de ellos es sobre el derecho a la salud. En específico, en el documento se propone abarcar el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental y armónico con otros, y hacer la precisión de que salud es un concepto que abarca tanto aspectos mentales, como de bienestar e integridad.

También se aconseja garantizar la inclusión y acceso a la salud de todas las personas, el desarrollo de programas de prevención y educación, así como también respetar las prácticas tradicionales de los pueblos originarios en materias de salud y precisar que la ley no podrá “violar los límites que impone el respeto a la persona humana”.

En relación a las condiciones de trabajo, el documento recomienda incorporar en la Constitución el principio de protección del trabajo y de los trabajadores, así como también reconocer el derecho de estos a una remuneración justa o “suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

Asimismo, se aconseja prohibir la discriminación arbitraria en contra de los trabajadores, considerar aspectos culturales profundos que se manifiestan en la exclusión social, establecer el derecho de sindicalización, proteger a los trabajadores de la discriminación sindical, crear las condiciones necesarias que permitan el ejercicio de la libertad de trabajo y su protección, y considerar el derecho al trabajo dentro de “aquellos que pueden ser objeto del recurso de protección en términos amplios”.

En cuanto al acceso a la vivienda, se propone reconocerlo expresamente dentro del catálogo de derechos fundamentales, incluir dentro de su definición el carácter de “digna y adecuada”, establecer “un mandato a los poderes públicos para que promuevan las condiciones y dicten la normativa que sea necesaria” para efectivo el acceso, consagrar “la supremacía del interés público en la regulación del uso del suelo”, redistribuir “el poder entre los distintos niveles de gobernanza territorial” y garantizar los elementos que son “transversales a diversos derechos sociales y que tienen una relación intrínseca con el derecho a la vivienda”.

Por último, para fortalecer el derecho a la educación, los autores del documento solicitan considerar que el Estado garantice no solo la gratuidad y obligatoriedad de la educación escolar, sino que avance en otros principios expuestos en la Ley general de educación y de inclusión, así como también que el Estado garantice la provisión mixta de la educación y los mecanismos de diálogo.

Los expertos que participaron en la propuesta consideran que las acciones de los distintos gobiernos que han llegado al poder en las últimas décadas no han sido suficientemente “proactivas y exitosas”, pues se ha ignorado a las poblaciones en situación de pobreza y exclusión social, “al tratarse de situaciones naturalizadas y, por lo tanto, tolerables por un tiempo indefinido”.

Por lo mismo, en el texto se propone “el reconocimiento de las personas como titulares de derechos, con respecto tanto a derechos civiles y políticos como a derechos económicos, sociales y culturales”. Además, se aconseja que los objetos de estos derechos sean promovidos, como piso mínimo de compromiso, mediante deberes u obligaciones constitucionales explícitas al Estado, por lo que no variarían según el gobierno de turno.

Para lograr asegurar la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, los autores del texto hicieron una extensiva revisión de cartas fundamentales de otros países, lo que les permitió identificar un rol relevante de las poblaciones de menores ingresos en la discusión constitucional. “Su reconocimiento en otras constituciones suele transitar desde la incorporación del principio de igualdad y no-discriminación, hasta la mención de una lista explícita de grupos que, en virtud de la gravedad de su exclusión, segregación, e indefensión a lo largo de la historia de sus respectivos países, se les adjudica una categoría especial de consideración como sujetos potencialmente víctimas de omisiones y abusos”, explican en el documento.

Por esta razón, la propuesta concluye que sería recomendable que la Carta Magna incluya una lista específica de grupos de especial protección constitucional, como opción para resguardar la no discriminación de los grupos. Además, se propone reconocer el derecho a prestaciones específicas de algunas poblaciones vulnerables, como, por ejemplo, el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o los servicios de largo plazo en el caso de las personas de la tercera edad.