La abogada Marisol Peña fue la primera profesora de derecho constitucional de la facultad de Derecho de la Universidad Católica y actualmente lleva más de 30 años como académica de esa casa de estudios enseñando a estudiantes precisamente la asignatura sobre la Carta Magna.

Además, fue la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2014, cargo que dejó en 2018 para asumir como secretaria general de la Católica.

En esta entrevista aborda su visión sobre la discusión constitucional, el debate sobre la hoja en blanco que volvió a resurgir y confirma sus aspiraciones de participar en el desarrollo de una posible convención pero en un rol de asesoría técnica y experta.

¿Cuál es su visión del tenor del debate constitucional actual?

Por fin está cobrando cierta importancia el debate sobre contenidos de una nueva Constitución, que a mi juicio, se encontraba ausente hasta este momento. El miércoles se publicó en este diario una columna del profesor Fernando Atria que citando un ensayo, señala que la Constitución no existe, así como en esa novela el infierno dejó de existir. Luego no hay contenidos constitucionales: todo está abierto. Esa constatación a mí me parece francamente pavorosa, porque si no tenemos reglas del juego fundamentales, la única conclusión es que Chile está en una etapa de incivilización o de barbarie o, como dirían los autores contractualistas, que hemos vuelto al estado de naturaleza, que es un estado de conflicto o, al menos, donde el hombre se encuentra encadenado por las leyes de la sociedad que son las únicas que van quedando en ausencia de la Constitución.

El abogado Patricio Zapata señaló a La Tercera en marzo de este año que “la hoja en blanco” es una metáfora, que en la reforma constitucional está estipulado que la posible nueva Carta Magna debe respetar los tratados internacionales, las sentencias ejecutoriadas y el carácter democrático y de República de Chile. ¿Por qué cree que sigue generando resquemores en ciertos sectores esto de la hoja en blanco?

Porque las opiniones se muestran tremendamente divididas entre nosotros. La polarización política que ha demostrado existir en nuestro país en el último tiempo y que se ha hecho evidente en debates como el retiro anticipado del 10%, el impuesto a los súper ricos y una serie de otras materias que han tenido que ver en general con la forma de enfrentar la pandemia y las medidas que el propio gobierno actual ha tomado respecto de ellas, ha favorecido este ambiente de polarización. ¿Y qué es lo que sucede? Que, en ese esquema de polarización, uno puede observar -en ciertos discursos- un mensaje tremendamente deconstructor en el sentido que las mismas categorías conceptuales sobre las cuales hoy está edificada la Constitución, una de las más longevas en la historia de Chile, tiende a ser desconocido para instalar una nueva cultura o, al menos, para desconocer la tradición que nos ha ido forjando como una nación libre y soberana.

¿A qué se refiere?

Carlos Peña tiene mucha razón cuando dice que uno de los fenómenos que enfrenta la sociedad chilena actual es el fenómeno de la anomia. ¿No le parece curioso que entre esos límites que menciona el profesor Zapata y que están en la Ley 21.200, que modificó el capítulo XV de la Constitución, no esté el Estado de Derecho recogido hoy en los artículos 6 y 7 de la Constitución? Se trata de un principio que, entre otros aspectos, supone la sujeción a la Constitución por parte de todos los órganos del Estado, personas, instituciones o grupos, o que promueve que cada uno de nosotros debe sujetarse a un orden objetivo heterónomo que parte por la Constitución. ¿Va a desaparecer el Estado de Derecho como principio rector en la nueva Carta? A mí me parece que detrás de este debate hay algunas posiciones muy extremas que, en el fondo, persiguen una deconstrucción de lo que hoy día somos como sociedad. Se quiere aprovechar este momento para redefinirnos a nosotros mismos: si somos liberales, si somos social-demócratas, etc. Hay elementos de nuestra identidad que están sometidos a un profundo cuestionamiento.

Se ha hablado de que el debate de la posible convención va a ser mucho más sensato de lo que se cree. Efectivamente, el estado de derecho no está en la ley que habilitó el proceso constituyente pero ¿cree que por ejemplo haya una mayoría que lo deje fuera? El mismo Zapata señaló en esa entrevista que le citó que las personas son mucho más cautelosas de lo que se piensa…

Es que el profesor Zapata es muy bien inspirado. Es una persona de muy buena fe y de gran vocación de servicio público, pero él no representa hoy día a todas las posiciones. Y veo con temor que, entre nosotros, hay posiciones tremendamente extremas. Eso no puede ser, porque ése no es el clima que queremos, que quiere el profesor Zapata, que quiero yo, en una futura convención constituyente. Ahora, quiero quedarme en un punto que consiste en que si no hay una efectiva asesoría de expertos, creo yo que definitivamente el trabajo en la convención se va a tornar muy difícil.

¿En qué sentido?

Se va a tornar muy difícil porque tiene que haber alguien desde el conocimiento especializado, supongo que será la secretaría técnica, que vaya poniendo puntos sobre la mesa para orientar el debate. Puntos esenciales que por último están en todas las constituciones del mundo desde el punto de vista del derecho comparado. Voy a poner un ejemplo, ¿cómo va a ser aplicado en Chile el principio de la separación de funciones del Estado con pesos y contrapesos? ¿Cuáles van a ser los contrapesos? Eso nos va a llevar a un debate sobre el presidencialismo, semipresidencialismo o un régimen neo parlamentario, pero esas son preguntas técnicas fundamentales que no van a venir necesariamente de convencionales constituyentes elegidos directamente por la ciudadanía. Porque a la persona, al ciudadano de a pie, lo que le interesa es tener salud asegurada, educación de calidad, una pensión de vejez digna, pero la resolución de ese tipo de problemas no pasa necesariamente por la elaboración de normas constitucionales. Eso hay que sincerarlo y se va a necesitar un grupo de expertos con la suficiente autoridad para explicar a todos, quienes de buena intención están en ese trabajo, que hay cosas que son propias de una Constitución y otras no.

El acuerdo del 15 de noviembre y lo que se acordó en la mesa técnica fue que exista una secretaría técnica precisamente para eso…

La verdad es que hoy hay una hoja “semi en blanco” y que se refiere al funcionamiento de la Convención Constituyente, porque éste está confiado a un reglamento para su funcionamiento y adopción de acuerdos que no pueden ser inferiores a los 2/3 de sus miembros. ¿Quién lo va a elaborar: la Secretaría Técnica? Entonces está todo por decirse. ¿Cómo va a funcionar la Convención Constituyente?, ¿Va a tener una página web, como han existido en otros procesos constituyentes, en África o Europa, para recibir inquietudes ciudadanas? ¿Va a tener un sistema de redes sociales, un canal de YouTube o Facebook abierto? ¿Va a funcionar con audiencias públicas o va a ser exclusivamente un grupo de notables que va a estar encerrado durante un año para entregarnos un producto sobre el cual tengamos que votar finalmente? Si fuera esto último, me parecería que el proceso constituyente sería a un fracaso absoluto, porque sencillamente sería un poco más de lo mismo con el riesgo, además, de que los que saben trabajar este tipo de cosas, que son los partidos políticos, ya que es parte de sus funciones propias el articular acuerdos, probablemente capturarían a la convención constituyente. Y no queremos eso, y supongo que nadie en Chile quiere que se elabore una Constitución por un grupo de notables, de otra forma no habríamos puesto de cabeza todo el sistema como se ha puesto producto del acuerdo de noviembre pasado.

¿Qué riesgo ve en que los partidos políticos “capturen” la convención?

Sí, tengo ese temor. ¿Saben realmente las personas qué significa una Constitución? ¿Qué es constitucional y qué no? ¿Qué puede y qué es lo que no puede lograr una Constitución? De forma tal que yo temo que la mayoría de los convencionales constituyentes que elijamos, aunque sean personas muy bien inspiradas y con mucha vocación de servicio público, se van a enfrentar a un problema práctico. Y ojo, este proceso constituyente tiene muy poco tiempo, porque le fijaron en principio nueve meses que pueden extenderse a un año. En Bolivia estuvieron los primeros tres años de funcionamiento, solo discutiendo cómo lo iban a hacer para trabajar. Quienes representen a los partidos políticos tendrán gran ventaja en la Convención Constituyente, porque detrás estará todo el aparato partidario apoyándolos.

A usted le gustaría ser parte o tener un rol ahí respecto de lo técnico en la posible convención...

La verdad es que yo nunca me he sentido cómoda en un mecanismo electivo, porque significa de alguna manera tomar partido, y siempre mi único partido ha sido mi país, la docencia, la enseñanza del derecho constitucional. Eso a mí me pone una cortapisa de carácter personal para entrar a un proceso electivo como convencional constituyente. Pero si, de alguna manera, mi país cree que, como ex ministra por 12 años del Tribunal Constitucional y después de 30 años de estudio en la cátedra, tengo algo que aportar, ciertamente estaría muy dispuesta a integrar la comisión técnica para ayudar.