Proviene de Parral y ahora desea ser una de las representantes constituyentes por esa zona, que reúne al distrito 18 (Linares-Cauquenes). A fines de diciembre de 2020, Patricia Labra dejó su cargo como coordinadora regional de Senama Maule para ser parte de quienes escribirán la nueva Constitución. La lista por la que va como candidata es Vamos por Chile, como militante de Renovación Nacional.
De profesión abogada, se ha desempeñado en la Municipalidad de Retiro y en la Seremi de Bienes Nacionales de la región del Bíobío. Asimismo, es hermana de la actual Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra.
¿Qué significa para usted escribir una nueva Constitución?
Significa que tenemos que hacer un trabajo serio con miras hacia el futuro de nuestro país para poder llegar a tener una Carta Fundamental que sea sustentable en el tiempo. Es la única manera de dar estabilidad al país y que recoja también las necesidades con un enfoque regionalista, de foco en el bien común. Porque hacer una nueva Constitución tiene que ser un proceso muy responsable, sin crear expectativas de temas que no se pueden resolver a través del proceso constituyente.
Dentro de este posible fortalecimiento de la descentralización en la nueva Constitución, ¿cree que es necesario que se deba consagrar la distribución de potestades y también en la toma de decisiones para las regiones?
Por supuesto. Creo que esto tiene que estar muy ligado a la figura del gobernador regional. Si bien tenemos por primera vez las elecciones de nuestra máxima autoridad regional que va a ser democráticamente escogida, se deben aumentar las atribuciones y facultades del gobernador regional. La figura del delegado presidencial debe tener solamente un rol de coordinación.
¿Sería factible que esta descentralización en la Carta Fundamental resuelva las desigualdades que están presentes en las regiones?
Por si solo esto no lo va a resolver. Por eso, en el marco constitucional se tienen que establecer ciertas atribuciones que estén asociadas a las entidades regionales, como por ejemplo el mismo gobernador regional y en las municipalidades. Para que con posterioridad todas las leyes se vayan adaptando a eso y sea un régimen efectivo, no solamente una declaración de principios.
Un debate que se vincula también con esto es la forma del Estado. ¿Estaría a favor de replantear la forma del actual Estado unitario a otro distinto como, por ejemplo, un Estado descentralizado?
El Estado unitario por si solo y como está concebido actualmente, no es suficiente para poder resolver las demandas y las necesidades de las regiones, considerando también que somos un país bastante heterogéneo en cuanto a lo que es la geografía y la población. Por eso, puede haber un Estado unitario con un enfoque regionalista, lo que no implica que deberíamos hacer un Estado federado pero con enfoque regionalista.
¿Qué se debe hacer con el actual presidencialismo?
Debemos explorar nuevas formas para poder descomprimir el sistema excesivamente presidencialista que tenemos al día de hoy. Creo que Chile estaría preparado para poder, por ejemplo, discutir un sistema semi presidencial donde tengamos dos figuras que sean el jefe de Estado y jefe de Gobierno, para así poder tener un régimen presidencialista más atenuado o derechamente hablar de un semipresidencialismo.
Usted dice que quiere defender las necesidades y requerimientos del Maule Sur, tales como la agricultura y el desarrollo sustentable. ¿Cómo se abordan esos dos lineamientos llevándolo a lo constitucional?
La agricultura como actividad económica tiene que estar consagrada en la Constitución como una actividad esencial y estratégica para nuestro país. Lo que nos va a permitir el día de mañana poder tener la legislación, por ejemplo, más unificada. Y si bien no es materia Constitución, también podríamos pensar en un futuro tener un código de agricultura, de esta manera esta será una actividad protegida y fomentada en nuestro país. En cuanto al desarrollo sustentable, se refiere a una utilización responsable de nuestros recursos naturales con eje en la satisfacción de las necesidades económicas y de la población, pero con enfoque hacia las próximas generaciones.
¿De qué manera se debe establecer el acceso al agua?
El agua tiene que ser un bien nacional de uso público, al día de hoy está consagrado en el Código de Aguas pero no en la Constitución. También el acceso al agua tiene que ser un derecho humano y debe tener un uso preferente para el consumo humano, las obras de saneamiento y la economía de subsistencia.
En el caso de quien se establezca como un derecho humano, un bien de uso público o ambas opciones, ¿qué debería suceder con los derechos de propiedad de agua que ya están concedidos?
Tiene que mantenerse la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, porque los privados, los regantes y los agricultores son quienes saben utilizar bien el agua para la tierra, para que esta sea productiva y la actividad agrícola pueda seguir manteniéndose. El hecho de que exista la propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas no implica que esta no pueda ser un bien nacional de uso público. A través de una mejora administrativa en la utilización de las aguas de una manera más tecnologizada, con un uso más eficiente, se puede asegurar el derecho humano al acceso al agua potable, así como también el agua necesaria para el riego y la agricultura.
