Renta básica universal en la Constitución: ¿utopía o realidad?

Una de las personas que abrió el tema fue la candidata presidencial por el PS Paula Narváez. Consultada sobre si consideraba impulsar la idea de una renta básica universal respondió: “Sí, en principio pensamos implementar un programa piloto porque es muy oneroso. Tengo la convicción que en el próximo gobierno tenemos que avanzar en un sistema de protección social que contemple, entre otras cosas, una renta básica de protección universal”.

La Renta Básica Universal (RBU), también conocida como Ingreso Básico Universal (IBU) es una idea nombrada en los últimos años tanto por sectores de izquierda como de derecha. ¿En qué consiste? si bien se debate los alcances, hay consenso en que se entiende como una transferencia de dinero desde el Estado a las personas, generalmente sin restricciones ni requisitos, que busca establecer un estándar mínimo.

Narváez no ha sido la única precandidata presidencial en referirse al IBU. También se han mostrado a favor los alcaldes de Recoleta, Daniel Jadue, y de Las Condes, Joaquín Lavín.

El 12 de junio del año pasado, consultado en las redes sociales sobre si eliminar la “burocracia estatal” y destinar recursos estatales “directamente a elevar ingresos de personas más pobres”, Jadue respondió: “Obvio, mediante un Renta Básica Universal que complemente los Derechos Sociales esenciales de manera de asegurar dignidad para todas y todos”.

El 21 de enero de este año, en una nota en El Mercurio, Lavín destacó que “las políticas sociales del futuro coinciden con la implementación del IBU”.

El tema también fue abordado por María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, quien escribió en La Tercera en enero de este año que “además de garantizar un ingreso mínimo a todo evento, su principal ventaja estaría en la mayor simplicidad, pues requiere de menos burocracia en la gestión y búsqueda de beneficiarios”.

Pero agregó que “se debiera explicitar qué programas públicos eliminar, modificar o refundir para obtener el financiamiento necesario para costear una política de esta envergadura, que mientras más extendida y generosa sea, más recursos requerirá”.

Pese a las distintas posturas hasta el momento no hay voces que manifiesten explícitamente que este ingreso requiera intervenir directamente la Constitución. Lo más cercano se puede remitir al Frente Amplio, que presentó un proyecto, aun en primer trámite constitucional, que “modifica la Carta Fundamental para incorporar una prestación monetaria fiscal, a la que tendrá derecho toda persona mayor de edad, denominada renta básica universal”.

Lo que no quiere decir que no sea un tema debatido entre los expertos constitucionalistas. Una de las que se ha referido a esto ha sido Alejandra Zúñiga, académica de la Universidad de Valparaíso, actual candidata a la Convención (Distrito 7).

Zúñiga dice que esta propuesta, “busca reconocer el derecho humano a la existencia. Se trata de un ingreso sin control de recursos ni contraprestaciones asociadas que tiene por objeto introducir criterios de justicia social al sistema de mercado capitalista”.

Para Zúñiga no basta con impulsar un IBU, sino que éste debe ser con perspectiva de género: “Debe incentivar políticas que reconozcan que las mujeres tienen un riesgo mayor que el de los hombres de ser pobres (la llamada “feminización de la pobreza”). Los datos muestran que las mujeres representan el 70% de los pobres del mundo debido, principalmente, a las responsabilidades que asumen en el cuidado de niños, enfermos y ancianos (…) Por ello, un IBU sin corrección de género fracasará si no incluye mecanismos que permitan acabar con este sistema de explotación”.

La propuesta de Zúñiga es que se trate de un IBU que se garantice a todos los ciudadanos desde su nacimiento, y que “quien asuma el cuidado de otros posea derechos de administración sobre el IBU de sus dependientes, “de modo de ver asegurado un sueldo compensatorio lo suficientemente atractivo para alentar cambios en los roles de género, motivando a los hombres a transformarse en cuidadores”.

La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, académica de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, opina que un mecanismo que tienda hacia la igualdad de oportunidades es válido, pero “en la perspectiva constitucional”, la Constitución “no puede descender al detalle de incluir herramientas específicas. Otra cosa es que haya principios que orienten las políticas públicas”.

“Me parece que la idea del ingreso básico universal es una idea interesante en materia de política pública, que contribuye a la superación de la igualdad de oportunidades, pero no la incluiría en la Constitución, como tampoco son partidaria incluir en la Constitución herramientas como el subsidio de cesantía”.

Para Peña, con esto, la Carta Fundamental, “se desnaturaliza, y se transforma finalmente en la propia ley, que es la norma subordinada que debe transmitir los principios constitucionales”.

El constitucionalista Tomás Jordán, académico de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, resalta primero que un IBU es un instrumento de política pública “una forma en que los estados pueden combatir las desigualdades”.

Para Jordán, “lo que es clave en esto es que la Constitución tenga una mirada social, más propia de los estados sociales que subsidiario, y por lo tanto eso permite la habilitación para que el legislador pueda adoptar las medidas sociales legislativas, como la renta mínima (…) en ese sentido me parece que no es necesario que la RBU esté en la Constitución, más bien la cláusula de Estado Social, porque si no sería legislar en la Constitución un instrumento de política pública, y más bien uno tiene que darle libertad al legislador de buscar herramientas que permitan esa corrección”.

Claudio Alvarado, director ejecutivo de IES, opina que, más allá de las buenas intenciones, existen posibles riesgos de este tipo de medidas.

Uno es que se puede perder de vista “que el propósito inmediato de la Constitución no consiste en resolver los problemas sociales más acuciantes, sino en organizar y distribuir mejor el poder político. Después (y más bien en paralelo) será el sistema político el que deberá hacerse cargo de las urgencias sociales. Si el debate constitucional se enfoca en estos temas de índole socioeconómica, se desperdiciará la oportunidad para resolver las dificultades de nuestra arquitectura política, algo en lo que la Constitución sí podría ayudar”.

Además cree que se trata de una política pública compleja, que requiere un trabajo muy riguroso que excede el trabajo de la Convención, y que se terminaría por restringir el debate democrático.

No se trata de críticas aisladas. En 2016, el columnista de The New York Times, Eduardo Porter, criticó este tipo de iniciativas. Señaló que, “para solucionar el problema de dónde sacar el dinero, los intelectuales de derecha sencillamente quieren quitarle financiamiento a todo lo demás que ofrece el gobierno, desde cupones de alimentos hasta seguridad social”.

Indicó que esta medida no incentivaba el trabajo y que apuntaba que “a los libertarios les parecerá más una característica que una falla, pero remplazar todos los elementos que conforman la red de seguridad de una sociedad por un cheque limitaría peligrosamente el alcance de la ayuda que ofrece el gobierno”.

Frente a este tipo de críticas, Zúñiga responde que “el mercado ha sido totalmente incapaz de llevar a cabo de forma espontánea una distribución equitativa de los recursos sociales entre los individuos, es fundamental repensar mecanismos de mejora de cara a una Nueva Constitución. En principio, las propuestas de financiación del IBU van desde la creación de un impuesto a las grandes riquezas, la financiación con rentas generales o con los dividendos derivados de la explotación de recursos naturales”.

Según detalló una asesoría técnica de la Cámara de Diputados de agosto de 2019, “la propuesta de RBU ha adoptado diversas denominaciones a lo largo de su historia”, enumeró entre otros a el “Dividendo territorial” (Bélgica, 1894); “Basisinkomen” (Países Bajos, 1934); “Basic Income” (Reino Unido, 1953); “Demogrant” (EE.UU., 1967); “BorgelØn” (Dinamarca, 1978); “Allocation universelle” (Bélgica, 1984); “Bürgergeld” (Alemania, 1985); “Reddito di cittadinanza” (Italia, 1988); “Revenu d’existence” (Francia, 1988) y “Dividende universal” (Francia, 2003).

La asesoría destacó que “aunque la implementación de una RBU en los EE.UU. ha sido relevada por personas como Mark Zuckerberg, Elon Musk y el mismo ex Presidente Obama, el concepto no sería realmente nuevo. Thomas Paine (uno de los padres fundadores de los Estados Unidos) ya lo habría propuesto en 1792. El economista Milton Friedman y el activista de los derechos civiles Martin Luther King Jr. también apoyaron la idea en los años 60 como una manera de luchar contra la pobreza”.

¿Sería apoyada por la ciudadanía? Existen ejemplos internacionales en que este tipo de medidas no han tenido siempre un respaldo de la ciudadanía. Un referéndum en Suiza en 2016 rechazó una propuesta de dar 2.500 francos suizos (2.418 dólares) al mes a cada adulto y un cuarto de esa cantidad a los niños. El mismo gobierno estuvo en contra de la medida.

En 2019 se completó en Finlandia un proyecto piloto basado en una muestra al azar de 2.000 desocupados de entre 25 y 58 años a los cuales se dotó de una RBU.

Como explicó un reportaje de la BBC, “el objetivo era saber si ese mínimo garantizado de protección, los ayudaría a encontrar trabajo y les daría un apoyo, en caso de que se vieran obligados a tomar empleos esporádicos”.

“El impacto en el empleo parece modesto”, dijo Pirkko Mattila, ministra finlandesa de Salud y Asuntos Sociales. Pero, pese a que los niveles de empleo no subieron, “los participantes reconocieron sentirse más felices y menos estresados”.