Este jueves la Convención Constitucional someterá a votación el primer informe emitido por la comisión de Normas Transitorias, instancia que definirá el paso de la actual Constitución a la propuesta por los convencionales, en caso de que gane el Apruebo. En la antesala, uno de los artículos que ha generado mayor debate al interior del órgano constituyente es uno referido a la posibilidad de efectuar reformas constitucionales por parte del actual Congreso a través de un quórum de dos tercios.

En concreto, la enmienda aprobada por la comisión busca establecer que “las normas de reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio”.

Aunque desde distintos colectivos advierten que la propuesta caerá en el pleno, el debate que actualmente mantiene ocupados a los convencionales es con qué quórum fijar esta atribución. Una de las vías para solucionar el nudo sería a través de la reposición del artículo permanente referido a reforma constitucional en la comisión de Armonización, el cual fue rechazado por el pleno el pasado 13 de mayo.

Esta semana la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), marcó un precedente en un punto de prensa, al señalar que “(en la mesa directiva) hemos acordado reconocer lo que en el reglamento está por escrito, que la comisión tiene la atribución de poder definir cómo funcionar y qué proponer al pleno. Además, esta comisión funciona con un quórum bastante alto, de dos tercios, y eso nos da seguridad y tranquilidad a la mesa de que las decisiones que ahí se levanten serán de amplio consenso”.

Además, sobre el caso específico de la reposición del quórum para reforma constitucional permanente, Quinteros sostuvo que “si ese es el acuerdo al que llegan con dos tercios de los convencionales, veremos en el pleno cómo resolvemos, si es cuatro séptimos, tres quintos, o dos tercios”.

Lo cierto es que la opinión de Quinteros es compartida entre la mayoría de los colectivos de la Convención. Las excepciones son la derecha y el Colectivo del Apruebo, grupo desde el que provino un oficio que solicitaba a la mesa directiva que aclararan las posibles interpretaciones de las facultades de la comisión de Armonización.

A raíz del oficio, La Tercera consultó a cada uno de los integrantes de la mesa directiva su postura con respecto a las atribuciones de la comisión, en consideración del debate de los dos tercios.

El vicepresidente Gaspar Domínguez (No Neutrales) respondió que las atribuciones de la instancia están señaladas en el artículo 77 del reglamento. “Debe evaluar la eventual existencia de contradicciones, problemas de coherencia interna del texto y proponer alternativas para superarlas. Esas son las atribuciones que tiene la comisión de armonización, no tiene otras distintas a las que están contenidas en el reglamento”.

“Las limitaciones que tiene la comisión son las que están determinadas según el mismo artículo. Serán zanjadas no solo por la comisión, a través del quórum de dos tercios, sino también a través del pleno por el mismo quórum de dos tercios”, complementó Domínguez.

En esta línea, la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda (Chile Digno) considera que la controversia sobre si las atribuciones existen es “un poco superficial”, porque, según explica, “el reglamento es claro en que la Comisión de Armonización debe resolver las incoherencias, incongruencias e inconsistencias, además de las omisiones que pueden existir”.

“Cualquier interpretación restrictiva de esas atribuciones deja en claro que hay un sector que prefiere que la nueva Constitución quede con esa omisión u otras, me temo que por un asunto de conveniencia política. Yo llamaría a todos los sectores, derecha incluida, a ser responsables y colaborar en el trabajo que estamos realizando para resolver estos últimos detalles en esta etapa, sin mezquindades, pensando en lo que es mejor para Chile y no en sus propios intereses”, sentenció Sepúlveda.

“Yo estaría de acuerdo con resolver la omisión, porque en la redacción del articulado se hace referencia a un quórum que, al no aprobarse un inciso en el pleno, no existe. Es decir, hay que resolver la referencia con una de dos opciones: o se elimina la referencia y la constitución se reforma por mayoría, o se incorpora un quórum mayor y se completa la referencia”, argumentó Sepúlveda.

Por su parte, la vicepresidenta Yarela Gómez (Frente Amplio) sostiene: “No observo que exista contradicción u obscuridad que justifiquen interpretación de la mesa directiva”.

Gómez agregó que “partiendo de la base de que los términos utilizados deben ser entendidos en la acepción de su sentido natural, entre las atribuciones conferidas a la comisión se impone la obligación de que ésta adopte todas las acciones posibles y razonables para velar por la concordancia y la coherencia de las normas aprobadas por el pleno”.

En sintonía, el vicepresidente por el Colectivo Socialista, Tomás Laibe, considera que las atribuciones de la comisión “incluyen la posibilidad de sugerir mejoras en relación a las inconsistencias y omisiones graves que tenga el texto. Creemos que eso posibilita reponer el quórum de 4/7 para reforma constitucional, en el entendido que este es un quórum al cual se hace referencia en dicho capítulo”.

En esta misma línea, el recién asumido Luis Jiménez (Pueblo Aymara), quien desde la semana pasada ocupa la vicepresidencia asignada a escaños reservados que dejó vacante Lidia González (Pueblo Yagán), justificó que hay dos incoherencias o inconsistencia. La primera de ellas relativa al artículo 76, ya que “se hace mención al quórum señalado en los incisos anteriores”, pero ninguno de los incisos establece quórum alguno”. El segundo corresponde al artículo 15, el cual consagra el principio de supremacía constitucional. “Una reforma constitucional no puede tener el quórum de una reforma legal”, argumentó Jiménez.

Además de apuntar al reglamento, el vicepresidente adjunto Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente) sostiene que la mesa responderá durante esta semana al oficio enviado por los convencionales del Colectivo del Apruebo.

Quien marca distancia con el resto de la mesa directiva es el vicepresidente adjunto Hernán Larraín (RN-Evópoli-IND). Él sostiene que “el reglamento es muy claro en decir que la comisión de Armonización tiene por objetivo buscar la chinchorrea formal. Sin embargo, hoy día, buscando interpretaciones absolutamente abusivas, algunos quieren corregir el texto, materias que ya fueron resultas por el pleno y que son definiciones de fondo. Lamentablemente, si avanza en esa dirección, pueden afectar la confianza en el mismo proceso y terminar empañando al texto”.

La vicepresidenta Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche) fue consultada al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de su parte.

Por otro lado, La Tercera también consultó sobre su postura a los coordinadores de la comisión, quienes coincidieron con la opinión mayoritaria dentro de la mesa. Así, la convencional Tammy Pustilnick (No Neutrales) sostuvo que “dentro de las atribuciones que nos confiere el reglamento, tenemos la atribución de proponer soluciones a incoherencias o incongruencias, y es un argumento bastante válido, que deberá analizarse en concreto y aprobarse por 2/3 en la propia comisión, que existe una incoherencia en cuanto al quórum de reforma constitucional bajo el argumento de supremacía constitucional”.

Por su parte, el co-coordinador Daniel Bravo (Pueblo Constituyente) explica que “en el marco del proceso de indicaciones de armonización de esta semana (formulación) y la siguiente (votación), la comisión irá definiendo caso a caso, los supuestos que pueden entenderse comprendidos dentro de la noción de incongruencia e inconsistencia”.