“Aquí hay una apreciación de que la Convención tiene que ser realmente representativa de la ciudadanía en cuanto a la forma que trabajemos”. El abogado constitucionalista Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado se refiere así al documento Revisión de las propuestas de reglamento Convención Constitucional en Chile: consensos y disensos, elaborado por el Observatorio Nueva Constitución, del que Jordán es parte.

El documento es un ejercicio sobre qué cosas hay en común y donde hay diferencias entre las distintas propuestas para el Reglamento Interno de la Convención. La tarea cobra relevancia ya que será cómo los constituyentes se organizarán.

Lo idea del texto, dice Jordán, “era poder establecer cuales son los puntos de acuerdo y de disenso sobre materia reglamentaria. Esto con miras a qué pasaría o qué va pasar al inicio de la Convención”.

El Observatorio revisó las propuestas de siete centros y organizaciones: La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Chile (CNC), Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución, SOFOFA, Horizontal, Consejo para la Transparencia, Contexto y de Rumbo Colectivo con apoyo de la Fundación Friederich Ebert Stifung.

Según evidencia el estudio, los principales acuerdos se encuentran en la importancia de que existan mecanismos de transparencia, en la aplicación de la Ley del Lobby a los constituyentes, en que existan audiencias públicas con participación de expertos, la transparencia de los resultados y el registro de las votaciones y que la información esté disponible en línea.

Respecto a las audiencias públicas, la CNC propone asambleas distritales, mientras que CNC, RED de Centros, SOFOFA, Horizontal, CLPT y Rumbo Colectivo plantean que se podrá disponer de expertos, técnicos o representantes de la ciudadanía invitados. El CPLT manifiesta que sea previa inscripción en la página web y votado previamente por los integrantes de la comisión.

El CLPT, CNC, Red de Centros, SOFOFA y Rumbo Colectivo coinciden en que haya un secretario que sea un ministro de fe que recoja las firmas y se encargue de la publicación. Se da por sentado que tiene que existir un canal para que las personas puedan revisar el proceso, por streaming o televisión.

Sobre la probidad, hay consenso en avanzar hacia un sistema sancionatorio por las faltas a la probidad, como mecanismos para que los constituyentes se deban inhabilitar en algún debate.

También hay acuerdo en que exista algún sistema, “que de cuenta a la ciudadanía que participó en el proceso, de cómo sus propuestas y discusiones fueron integradas y consideradas a la hora de redactar el texto constitucional (propuesta desde la Red de Centros, CLPT, y Contexto).

Pese a los varios puntos en común, también existen disensos en temas importantes. Por ejemplo, las causales de reserva o sesiones confidenciales, la asistencia del público a las comisiones, el quórum de aprobación del texto en las comisiones, las instancias de deliberación, la resolución de conflictos y los quórums.

En cuanto a las sesiones confidenciales, desde Horizontal, SOFOFA y la CNC, según el análisis, plantean la posibilidad de establecer espacios de deliberación privados entre los convencionales a través de sesiones confidenciales, en aquellos casos en la publicidad pudiera afectar el normal desenvolvimiento de la función.

Por otra parte, hace hincapié el documento, el Consejo para la Transparencia, Contexto, Rumbo Colectivo y Red de Centros “sostienen que se debe contemplar expresamente que la regla general sea la publicidad de todos los antecedentes en manos de la Convención, y sólo excepcionalmente pueda declararse la reserva en casos previamente calificados y por causales expresamente contempladas en el reglamento”.

Respecto a los quórums de aprobación del texto en las comisiones, la Red de Centros, Rumbo Colectivo y Contexto indican que debiese ser mayoría simple o absoluta según materia, dejando el 2/3 solo para el pleno.

El Observatorio Nueva Constitución concluye que les parece que el futuro reglamento deberá tener especial énfasis entre otros, en la instalación de la Convención, la elección del presidente y vicepresidente de la entidad, las atribuciones de la mesa directiva, y cómo se establecerá, como se abrirán y cerrarán los debates, las comisiones o grupos temáticos, la aprobación de las normas, los eventuales cambios o creaciones de leyes que se adecuen a la nueva Carta Magna, y la revisión final.

Sobre este último punto, el Observatorio indican que “es un asunto de difícil resolución hasta ahora”, ya que existen al menos dos lecturas: algunos y algunas estiman que la aprobación es norma a norma sin votación o revisión final del texto y otros consideran que debe existir esta instancia de revisión final.

Además existen acuerdos parciales, por ejemplo, todos señalan que se deben establecer comisiones, pero no hay un acuerdo de cómo, y hay propuestas que no incluyen a todos los sectores. Un ejemplo es la conformación de la mesa directiva. Desde Horizontal se propone que esta “debe ser pluralista, con 3 o 5 integrantes donde al menos uno represente el voto de minoría”, mientras que desde Rumbo Colectivo se dice que “debe ser paritaria y electa por la mayoría absoluta de los miembros”.

La última propuesta que ha surgido públicamente sobre el reglamento es la de Rumbo Colectivo, ligado a Revolución Democrática. Entre las propuestas están resolver controversias antes de recurrir a la Corte Suprema, que, según el documento, podría ser usado para entrampar el debate.

Javiera Ascencio, abogada y coordinadora de Rumbo Colectivo opina que “la Convención tiene un desafío muy grande que es alcanzar su cometido en un plazo establecido, entonces el tiempo ya es un obstáculo en sí mismo, y uno nunca sabe, pero siempre pueden haber intereses o personas que quieran entrampar ciertas discusiones”.

Otra idea es que “dentro de esos mecanismos debe contemplarse el modo de institucionalizar los cabildos que hasta hoy solo son autoconvocados”. Para Rumbo Colectivo, estos mecanismos de participación ciudadana, “deben ser incidentes en la toma de decisiones de la convención”, aunque “no necesariamente deben ser vinculantes”.

También son de la idea de ir avanzado en la redacción con aprobación parcializada de normas por dos tercios. “Es importante que la ciudadanía comprenda qué se va aprobando, y en qué momentos del debate puede incidir. Cuando no se es claro en el procedimiento la ciudadanía también pierde el control sobre qué es lo que está sucediendo dentro de la Convención”, explica Ascencio.

El académico de la Universidad del Desarrollo, Sergio Verdugo, analizó el documento. A su juicio, entre lo positivo es que se trata de una propuesta detallada, con muchas normas procedimentales. Dicho esto, Verdugo es escéptico en algunos puntos. Uno es que, si bien es importante la transparencia, desde Rumbo Colectivo son contrarios a “espacios de confidencialidad”.

Verdugo agrega que la propuesta contiene muchos incentivos para las votaciones sobre las bases de las mayorías “más que la generación de cooperación de llegar a consensos”. “El documento puede terminar haciendo un proceso que más agudiza las diferencias que acercar las posiciones”, indica.

“El documento ofrece varias instancias de participación ciudadana directa. A mi no me parecen malas en un principio, pero si uno las toma en consideración todas juntas de forma comprensiva, todas juntas, ellas podrían terminar reemplazando el poder de los representantes que fueron electos para llevar sus programas al interior de la Convención”, comentó Verdugo.