“Por una Universidad cuyo norte sea Chile y las necesidades de su pueblo” habría declarado Andrés Bello en 1843 en el discurso inaugural pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile. Sin duda ese ha sido el compromiso siempre de las universidades públicas de nuestro país, pese a los intentos de dinamitar la educación pública llevado a cabo por la dictadura y el difícil camino del autofinanciamiento que han recorrido en los últimos 30 años, dado el escaso compromiso presupuestario del Estado para su reconstrucción. Sin embargo, en este momento constituyente, vuelven a mostrar a la comunidad cuál es su razón de existir.

Los primeros días de la Convención no han sido fáciles, mostrando una fragilidad que no deriva de quienes la componen ni por quienes la dirigen, sino por la falta de diligencia mínima del gobierno en su labor constitucional de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para la instalación y funcionamiento del órgano constituyente. Sin embargo, la Convención ya está en marcha. Y es así porque esa fragilidad fue asumida colectivamente, no sólo por los representantes, sino por distintas organizaciones y actores sociales que no dudaron en ofrecer su colaboración para sacar adelante la instalación, dejando claro que la Convención no le pertenece solo a los constituyentes sino a todos quienes conforman los pueblos de Chile.

Uno de los compromisos más destacados es sin duda el asumido por las Universidades del Estado, que acordaron poner a disposición del órgano constituyente sus sedes e infraestructura presentes en todas las regiones del país. Desde hace un tiempo vienen realizando labores de diálogo y formulando propuestas para la participación en el proceso constituyente, entre otras iniciativas, y ahora, a partir del ofrecimiento formal realizado como consorcio, la Convención deberá decidir cómo lo aprovecha para el logro de su cometido.

En ese sentido, podría establecerse concretamente en su reglamento que se considerarán sedes regionales de la Convención, además de las metropolitanas, las sedes de las universidades públicas regionales. Esto permitiría asumir desde un inicio que la Convención deberá funcionar descentralizadamente, llevando sus discusiones a distintas regiones, y promoviendo la participación en los distintos territorios y comunidades. Así, podrían realizarse sesiones del Pleno en alguna de dichas sedes, audiencias públicas lideradas por convencionales para oír a los distintos grupos de la sociedad civil que así lo soliciten, y ejercicios de rendición de cuentas de los representantes del distrito respecto del desarrollo de la convención.

Pero las universidades también podrían asumir un rol fundamental para promover la participación de todos aquellos que no solicitarán ser oídos, porque han perdido la esperanza en que su voz incida en el proceso de adopción de decisiones, porque su desafección con el rumbo de sus comunidades los mantiene al margen del proceso, o porque simplemente sus condiciones materiales les impiden conocer el modo en que pueden participar de él. En efecto, las universidades pueden desde ya aportar realizando pedagogía y difusión inclusiva, en lenguaje claro y sencillo, para llegar a distintos grupos excluidos explicando la importancia y el desarrollo del trabajo de la convención. Pueden además convocar a cabildos, aportando facilitadores que permitan diálogos intergeneracionales e inclusivos, construyendo metodologías e instrumentos de sistematización que luego permitan incorporar los resultados al proceso deliberativo de la convención, y pueden sin duda desarrollar otros mecanismos que revitalicen los ejercicios de reflexión colectiva en cada una de las regiones del país.

“Estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos” señalaba la Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, al asumir su cargo. La participación hoy es vital para la legitimidad social de la Convención, pero también es vital para avanzar en un nueva “manera de ser” como comunidad de pueblos que se construye. Las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios de carrera del Estado, todos y todas se han sentido convocados a levantar este proceso y deben tener cabida en él.

*La autora de esta columna es abogada e investigadora del centro de estudios Rumbo Colectivo.