Esta semana se dio a conocer una carta firmada por 93 académicos y académicas, provenientes de la centro izquierda. En ella plantean debatir mecanismos para que se haga un plebiscito seguro, dado los efectos de la pandemia del coronavirus. La misiva era a su vez una respuesta a propuestas de sectores del oficialismo sobre no realizar el referéndum de entrada fijado para octubre o agregar opciones como un Congreso Constituyente.

Votar en más de un día era una de las ideas planteadas. Otra, casi al final de la carta, agregaba evaluar el voto electrónico. “Entendemos que las opciones de voto electrónico son variadas y complejas. Por una parte, puede facilitar el sufragio a distancia pero, al mismo tiempo, puede generar impedimento de acceso a mucha población, así como también afectación al secreto del voto. No obstante, es una opción que debe ser analizada”, se lee en la carta.

Ese párrafo fue criticado en el mundo académico y se reflejó en las redes sociales. La Red de Politólogas emitió un comunicado en el que se valoraba poner el tema de un plebiscito seguro, resaltando que “la democracia no se suspende” pero señalando que la pandemia ha reflejado las distintas realidades de los chilenos, entre ellas la brecha digital que podría manifestarse afectar el alcance del voto electrónico. En tanto, la Asociación Chilena de Ciencia Política también consideró importante establecer un referéndum con todas las garantías posibles pero la implementación del voto electrónico podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Pablo Viollier, abogado de la ONG Derechos Digitales y docente de la Universidad Diego Portales, indica que “vale la pena evaluar cualquier mecanismo que nos permita tener un contexto de voto seguro en la pandemia, excepto el voto electrónico”. Le llama la atención el párrafo de la carta que hace mención a analizar esta opción. “Sé que son personas expertas en Derecho Constitucional y en Teoría del Derecho, y connotados académicos, pero en el fondo de la redacción de esa carta da a entender que el voto electrónico no se ha analizado (...), pero la verdad es que esto si se ha analizado. Hay gente que ha escrito y estudiado el tema. Entonces, no es que haya que analizar esto. Se han escrito los artículos, se han hecho los papers, se han escrito los análisis y la conclusión es que no conviene”.

El académico aventura que la propuesta fue “para enfatizar la importancia de que el plebiscito se haga”. Apunta a que la Constitución “garantiza que el voto es secreto y es personal. Y no sólo lo garantiza la Constitución, que queremos cambiar, sino que lo garantizan los tratados internacionales suscritos por Chile. Y esa garantía constitucional y esa responsabilidad internacional significa que no puede organizar una elección que no garantice el secreto del voto o que el voto sea personal”.

Añade que “sería profundamente deprimente y paradójico que en el proceso de enmendar ese problema de legitimidad de la Constitución nosotros generemos otro germen de ilegitimidad en el nuevo texto. Si nosotros hacemos un proceso de plebiscito por voto electrónico y hay un problema en la votación, como lo ha habido en un montón de votaciones en América Latina y en otros procesos, a la mitad de la población que pierde le queda la impresión de que el proceso estuvo viciado”.

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción Amaya Alvez, una de las redactoras de la carta explica que todas las medidas para realizar un referéndum seguro “deben ser debatidas, si ello ocurre con altura de miras y con fundamentos siempre me parece un aporte. El diálogo permite conocer los pro y los contras. No nos debemos cerrar a analizar experiencias comparadas desde una perspectiva interdisciplinaria. Hoy tenemos una magnífica declaración de la Red de Politólogas y los expertos podrán aportar ideas y debatirlas, pero las autoridades tienen la obligación de evaluarlas e implementarlas oportunamente”.

Alvez señala que el plebiscito de entrada definirá tanto la voluntad de aprobar la redacción de una nueva Constitución y el tipo de órgano constituyente que la redactará. “El resultado no es indiferente”, pues “solamente la Convención Constitucional tendrá una integración cien por ciento ciudadana y paritaria (...) debe aún legislarse respecto de escaños reservados a miembros de pueblos originarios y la eventual participación de jóvenes entre 16 y 18 años”. Por esto dice que “el debate por crear las condiciones para hacer de forma segura este plebiscito de entrada es una necesidad urgente y una demanda ciudadana obvia”.

Pablo Marshall, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y uno de los firmantes de la carta argumenta que “el afán de la carta era poner de relieve la necesidad de adecuar las prácticas electorales vigentes a la situación de la emergencia sanitaria de tal forma que el proceso constituyente no se vea amenazado”.

Marshall considera que es algo anecdótico “la mención del sufragio electrónico”, y que “lo importante en este momento no es adoptar un excesivo dogmatismo respecto a las actuales reglas que configuran el proceso electoral y por tanto estar abiertos a introducir ciertas modificaciones que apliquen a los procesos electorales en situación de emergencia. Y aquí se genera un dilema”.

“Ya se aplazó una vez la realización del plebiscito. Sería una muy mal señal a la sociedad chilena y al mundo cancelar el plebiscito o aplazarlo de nuevo”, reflexiona Jeanne Simon, académica de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción e integrante de la Red de Politólogas.

Simon indica que “es fundamental buscar la manera de hacer un proceso que sea seguro en términos de la salud de la personas y seguro en el voto emitido, construir un proceso que genere confianza de todos los actores involucrados porque es el camino que permite avanzar hacia la transformación pacífica de las demandas que motivaron las marchas y protestas del año pasado”.

Simon piensa que “en el contexto actual”, no hay las condiciones para implementar de buena manera el voto electrónico. “Considerando la importancia del plebiscito para la consolidación democrática en Chile, es fundamental que el proceso eleccionario no tenga fallas tecnológicas ni políticas”, agregó.

El profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, quien también firmó la misiva explica que “la trascendencia que tiene el plebiscito para la historia del país nos obliga a considerar y evaluar todas las alternativas disponibles, así sea para descartarlas”.

“La propuesta de plebiscito seguro ha dejado en evidencia que no hay margen para suspenderlo nuevamente. Hay suficientes alternativas que nos permitirán llevar adelante el proceso cuidando la salud de la población, tales como gestionar el flujo de votantes, realizar la votación en dos o tres días sucesivos o instalar las mesas receptoras en recintos abiertos. El deber de la autoridad es evaluar las alternativas que le permitan cumplir los compromisos políticos asumidos y garantizar la salud de la población”.

En octubre de 2018, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría, dijo que “en Chile, en realidad creo que no es necesario el voto electrónico, tenemos un buen sistema, que incluso es más rápido en el escrutinio que países que establecen el voto electrónico y además viene en retroceso, no todo lo digital hoy día es signo de modernidad”.