Dice que fue su peor error, del que se arrepiente hasta hoy. En las elecciones presidenciales de 1998, la abogada venezolana Beatriz Ruiz votó por Hugo Chávez. Lo hizo porque estaba convencida.

"Él se vendió como un demócrata. La mayoría de los venezolanos votamos por ese candidato. Lo reconozco", dice Ruiz, quien advierte que al poco tiempo se dio cuenta de que Chávez era una amenaza para su país.

Ruiz hizo carrera como abogada especialista en derecho penal. Siempre trabajando en el ámbito público, por lo que no podía expresar públicamente su rechazo al gobierno.

La mujer intentó hacer una especie de campaña subterránea como opositora. Cuando había elecciones hablaba con otros funcionarios públicos para decirles que votar era un derecho fundamental. Recibían amenazas de autoridades de gobierno para no hacerlo.

Cuando Nicolás Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez las cosas se pusieron peores en el país. Y también para el trabajo de Beatriz Ruiz. La jueza asegura que empezó a recibir presiones indirectas para ciertos fallos.

"Empezaron a haber presidentes de circuitos que controlaban el horario de entrada de los jueces y lo que hacíamos. Nunca antes en el poder judicial había alguien que hiciera eso. También hubo intromisiones en los fallos, pero nunca acaté esas órdenes", dice Beatriz Ruiz.

En 2009, la jurista fue suspendida de su cargo sin goce de sueldo. Estaba con licencia médica en ese momento y no le dieron razones del despido. Luego, según su versión, revivieron un caso sobre tráfico de drogas en el que había intervenido y la acusaron de haber decidido sobre datos falsos.

Pero lo peor llegó el 20 de julio del 2017. Ruiz había sido designada por la Asamblea Nacional como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno de Nicolás Maduro no aceptó el cargo y persiguió a 33 magistrados que debieron pasar a la clandestinidad. La orden era llevarlos a la cárcel. Entre ellos estaba Beatriz Ruiz.

La magistrada pasó a la clandestinidad por 10 días, viviendo encerrada en un departamento en Caracas. No podía salir ni asomarse a la ventana. Asumía que la estaban buscando y que cualquier persona podía delatarla. Fueron los peores momentos de su vida.

La magistrada preguntó en la Embajada de Canadá sin éxito. Luego llegó a la de Chile. Allá estuvo viviendo con otros cuatro venezolanos.

El 19 de octubre del 2017, Ruiz llegó a Santiago. La asignaron a un hotel en Providencia y luego empezó a arrendar en Santiago Centro.

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El abogado chileno Juan Carlos Manríquez viste una llamativa camisa con diseños, un pulcro terno azul y una corbata que combina. Y como detalle, un pañuelo de varios colores en la solapa. Parece que no le gusta pasar inadvertido. Ni siquiera en la primera impresión.

Su oficina, en pleno centro de Santiago, rebosa de libros y diplomas. En un rincón hay una caja fuerte muy antigua, que llama la atención por su tamaño. Debe medir más de un metro. "Adentro tengo papeles importantes, no es solo de decoración", cuenta el abogado.

Manríquez ha representado a parlamentarios del Senado en casos de financiamiento irregular y desafueros. Además, ha asesorado a Codelco en el caso de contaminación en Quintero y a Marco Enríquez-Ominami en la investigación por delitos tributarios en el caso SQM, entre otras causas.

Por estos días, el abogado trabaja en lo que será su causa más importante. No importa que sea verano. Manríquez pasa por horas cruciales: se prepara para denunciar a Nicolás Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Esto marcará un precedente mundial porque es la primera vez que en Latinoamérica se recurre a la justicia penal internacional denunciando violaciones a los derechos humanos y graves atrocidades ocurridas en Venezuela", dice el abogado.

La ofensiva busca justicia para un grupo de magistrados supremos que fueron perseguidos por el gobierno venezolano durante varios años y que debieron abandonar su país para no ir a la cárcel.

Ese grupo de 20 jueces va a ser representado por Juan Carlos Manríquez, quien va a viajar a Estados Unidos en marzo para presentar su demanda en Naciones Unidas.

La imagen llama la atención por si sola: un chileno en contra de Nicolás Maduro.

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A Ruiz le gusta Chile. Dice que está muy agradecida de las autoridades por la posibilidad de empezar una nueva vida. Del hotel en Providencia pasó a arrendar un departamento en calle Carmen.

Para las fiestas de fin de año, la magistrado recibió la visita de su madre. Ella también se ha quedado más de lo presupuestado. La crisis en Venezuela la ha retenido por el momento.

Desde Santiago, juntas, siguen de cerca las noticias sobre Juan Guaidó y el movimiento que busca la salida de Nicolás Maduro del poder. Algo que podría restablecer su antigua vida.

"Yo creo que me devuelvo con mi madre pronto a Venezuela. Estamos atentas por si cae Maduro", dice la magistrada.

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Manríquez y Ruiz se conocieron por colegas en común. Luego empezaron a trabajar en la denuncia que busca medidas cautelares en contra de Nicolás Maduro.

El abogado chileno se sigue preparando para representar a 20 magistrados de Venezuela que están en el exilio. Todos están dispuestos a entregar testimonio de la persecución que, aseguran, han debido soportar del gobierno de Maduro.

La denuncia será publicada durante los próximos días. Para marzo, Juan Carlos Manríquez tiene programado un viaje a Estados Unidos para explicar en Naciones Unidas su acción judicial. La idea es reunirse con autoridades de ese organismo internacional y de La Haya.

Con esto, dice el abogado, espera marcar un gran precedente en todo Latinoamérica. R