Uno estudió en la Universidad Católica, el otro es egresado de la Universidad de Chile. Uno fue ministro de la Corte Suprema por 17 años, el otro alcanzó a estar cuatro años. Uno presidió el máximo tribunal del país, el otro no alcanzó la antigüedad para hacerlo. Pese a estas diferencias, a Milton Juica Arancibia y Carlos Cerda Fernández los une una trayectoria marcada por la investigación de emblemáticas causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen del general Augusto Pinochet.

En los próximos días, además, Juica y Cerda compartirán otro hito: cumplirán 75 años, la edad límite para el cargo de ministro de la Corte Suprema y deberán abandonar sus funciones en la Segunda Sala Penal y la Cuarta Laboral, respectivamente. En palabras simples, llegó el momento de que ambos jueces se jubilen.

Sin embargo, Juica y Cerda han elegido distintas formas para poner término a la labor que han desempeñado por casi 50 años. El primero solicitó expresamente que el pleno del máximo tribunal no realice la tradicional "ceremonia del adiós" con la que despide a sus miembros. Su última actividad como supremo será el viernes 22, cuando realice la vocería de sus pares.

A pesar de la discreción con la que Juica pretende jubilarse, los ministros y relatores de la Sala Penal -encargada de revisar en última instancia las causas criminales del país y que actualmente preside por ser el más antiguo- tienen contemplada una pequeña reunión antes que deje el Palacio de Tribunales, la que está convocada para el jueves 21, cuatro días antes de su cumpleaños.

Cerda, en tanto, ha tenido ya varias despedidas y están contempladas un par más. Por lo pronto, sus pares de la Corte Suprema alistan una ceremonia esta semana en la sala del pleno del máximo tribunal, acto que será presidido por el presidente Haroldo Brito.

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La decisión del pleno fue unánime. Los ministros votaron el 18 de diciembre de 2009 para que Juica fuera el presidente de la Corte Suprema por los dos años siguientes. Por esos días, Sebastián Piñera había pasado a la segunda vuelta presidencial junto al exmandatario Eduardo Frei y por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 había probabilidades de que la derecha fuera gobierno, lo que se confirmó en el balotaje.

Juica asumió como presidente del máximo tribunal el 6 de enero de 2010 y marcó distancia con el recién electo Jefe de Estado: fue la única autoridad que no acudió a realizar un saludo protocolar al Piñera. Solo le envió una nota.

Fue una decisión personal, recuerdan por estos días sus cercanos, para demostrar la independencia de los poderes del Estado. Solo el 16 de marzo siguiente, una vez que Piñera asumió formalmente el cargo, Juica se reunió con el ya Mandatario con el propósito de crear una comisión con miras a modernizar y mejorar la administración de justicia en el país.

En esa oportunidad, el presidente del máximo tribunal del país explicó las razones por las que no visitó en su casa al Presidente electo: "Le di las explicaciones que me parecen las pertinentes. A él le pareció que se había roto una tradición que a mí no me parecía, pero claramente le señalé que creía que el momento adecuado para hacer la presentación es este, como ocurrió", dijo. Y agregó: "Como parte del Poder Judicial, no como Milton Juica, tengo que recordar la independencia del Poder Judicial".

A poco andar, el nuevo gobierno comenzó reiteradas críticas a las actuaciones de los jueces, y sus pares recuerdan que Juica fue una especie de dique que salió en defensa del Poder Judicial cada vez que las autoridades cuestionaron una resolución judicial, transformándose en un férreo detractor del concepto de "puerta giratoria".

Otro sello del ya saliente supremo fue su postura crítica al rol de sus antecesores durante el régimen militar. "En la época de la dictadura, el Poder Judicial no se comportó a la altura, especialmente la Corte Suprema (...), esa Suprema ya no existe, ellos habrán tenido sus razones para haber actuado de la manera en que lo hicieron, yo puedo hacer mi mea culpa, pero no por la institución", señaló por esos días. Tres años después se concretaría el mea culpa del Poder Judicial a 40 años del golpe.

Sus cercanos señalan que la carrera de Juica se vio marcada al investigar el "caso degollados". En 1989, cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago fue designado para investigar la causa en la que condenó a presidio perpetuo a los agentes involucrados en los asesinatos de los profesionales comunistas Santiago Nattino, Manuel Guerrero y Manuel Parada, secuestrados y degollados en marzo de 1985.

Los abogados de los familiares de las víctimas tras el fallo del juez aseguraron que "en la persona de Milton Juica, el Poder Judicial ha recuperado parte de su honor y prestigio. Él lo demostró con determinación, coraje y sabiduría que grandes crímenes cometidos durante la dictadura se pueden resolver".

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Fue llamado el "juez indómito". A mediados de agosto de 1986 el magistrado Carlos Cerda procesó en el "caso de los 13" -por las ejecuciones y secuestros de militantes comunistas y del MIR- al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea y otrora integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh, y otras 39 personas acusándolos de integrar el Comando Conjunto.

La decisión del juez generó un remezón político que solo se apaciguó en parte cuando las defensas de los inculpados lograron que un mes después el máximo tribunal ordenara a Cerda aplicar la Ley de Amnistía.

El magistrado -sin embargo- se negó a la decisión asegurando que eso "sería actuar contra la ley", e indignó a sus superiores, quienes reaccionaron citando a un pleno extraordinario que suspendió a Cerda de sus funciones y lo dejó al borde de la expulsión del Poder Judicial.

Su postura marcó su carrera en tribunales: su nombre fue sistemáticamente vetado por la derecha para llegar a la Suprema, lugar al que demoraría 28 años en ser designado.

Sobre esta larga travesía, Cerda ha comentado que "hubo años en que ese sistema me castigaba porque entendía que no estaba yo al nivel de lo que correspondía en el entendimiento que los jueces superiores en esa época tenían del derecho y de la jurisdicción".

Otra de sus causas emblemáticas fue como ministro de fuero del caso Riggs, respecto del origen del patrimonio de Augusto Pinochet, cuando el 4 de octubre de 2007 Cerda procesó y encarceló a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, a sus cinco hijos, y a militares y colaboradores del exjefe militar por malversación de caudales públicos.

Fue por este caso que días después viajó a Estados Unidos a recibir un premio por su rol en los casos de derechos humanos, tras lo cual declaró: "Hay un sector del país que no reconoce en mí al juez independiente, imparcial y objetivo. Llego aquí con ese vacío (...). Creo ser juez de la gente. Quiero ser juez de todos", sostuvo.

Sus dichos motivaron una vez más la molestia de sus superiores y Cerda fue sumariado y sus procesamientos revocados.

Pero ya en el máximo tribunal, en la Sala Laboral, el juez ha mantenido un perfil más bajo, aunque sin estar totalmente alejado de la polémica, como cuando participó del fallo que dio el cuidado personal de mellizos a su padre homosexual.