El lunes 13, momentos antes de partir a Aysén y Punta Arenas -donde leería la cuenta anual de la gestión de Contraloría-, Jorge Bermúdez instruyó al auditor interno del organismo, Patricio Cuadra, buscar los respaldos físicos y electrónicos relacionados con la auditoría N° 515 de 2017 al Sernageomin, a fin de estar preparados ante un eventual requerimiento de la fiscal de Alta Complejidad, Tania Sánchez.
El día anterior, Reportajes había dado a conocer la denuncia interpuesta por la subcontralora, Dorothy Pérez, ante fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y prevaricación que habrían cometido las autoridades del ente contralor al no exigir la restitución de más de $ 322 millones que fueron recibidos de manera irregular por un grupo de funcionarios del Sernageomin.
Según la denuncia de la subcontralora, la orden provino del entorno de Bermúdez para beneficiar a la directora jurídica del Sernageomin, Doris Roa, quien en esa fecha estaba negociando su ingreso a la Contraloría como fiscal.
Bermúdez envió, además, ese lunes 13 el oficio 12.789 a la fiscal Tania Sánchez ofreciendo la "colaboración de la Contraloría para el esclarecimiento de los hechos".
