El Banco Mundial presentó la quinta edición de su informe Women, Business and The Law 2018, que mide la igualdad de derechos de las mujeres en 189 países. Bajo la premisa de que ninguna economía puede alcanzar todo su potencial sin participación plena de mujeres y hombres, el estudio ilustra cómo leyes y normas o la ausencia de ellas limitan la participación femenina en la economía y socaban, por tanto, el crecimiento.
En el caso de Chile, comparándonos con otros países de la Ocde en siete indicadores, nuestros puntajes más altos son en: Incentivos al trabajo (100) y Acceso a las instituciones (91) y los más bajos: Uso de la propiedad (60), La protección de la mujer contra la violencia (40) y La capacidad crediticia (25).
Es claro que aún enfrentamos importantes discriminaciones legales, pero la violencia de género, más presente en el debate, merece un foco especial. El 38% de las mujeres de 15 años y más declara haber sufrido algún tipo de violencia en su vida y la percepción mayoritaria (77%) es que esta ha aumentado en los últimos cinco años (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2017). Además, cifras oficiales registran 35 femicidios consumados y 105 frustrados en lo que va del año.
Tras más de una década desde la promulgación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, el fenómeno sigue naturalizado. De ahí la importancia de campañas comunicacionales como #NoLoDejesPasar, #NiUnaMenos, #MeToo y #OrangeTheWorld, para visibilizar y denunciar las diversas formas de violencia machista cotidiana en contra de mujeres y niñas, que, muchas veces, no son reconocidas como tales.
Pero el esfuerzo también debe ser legal. De ahí la importancia de apurar la tramitación del proyecto que mejora la actual normativa, que reconoce múltiples formas de violencia contra las mujeres (física, sexual, económica, simbólica, entre otras), y cómo éstas pueden darse en el espacio público, en relaciones que no son de convivencia y en el pololeo. Un gran paso, al que se suma la mesa público-privada conformada por el gobierno (Compromiso País), que presentará propuestas de abordaje con foco en mujeres sin autonomía económica.
Con todo, sorprenden los disímiles recursos fiscales asociados este año a la atención, protección y reparación de las víctimas ($ 12 mil millones) versus aquellos que se destinaron a la prevención ($ 793 millones), cuando ¡prevenir es tan crucial, un pilar fundamental!
Debemos derribar los cimientos culturales que legitiman la violencia, que establecen asimetrías en las relaciones de género desde la primera infancia, profundizan la división sexual del trabajo, estereotipan los roles y limitan las oportunidades y trayectorias de vida de las mujeres, pero también de los hombres.
Se trata, en definitiva, de cambiar las estructuras y transformar los espacios y contextos que reproducen estas diferencias. Uno de ellos es la educación. Imposible excluirla de la solución, partiendo por incorporar temáticas de género como materia obligatoria en el currículo escolar. Y en paralelo, formar equipos docentes líderes en prevención de violencia de género, mejor equipados para alertar y actuar ante situaciones de riesgo o conflicto.
Hoy es imprescindible fortalecer el ámbito de la prevención y comprometer en esta lucha a actores gubernamentales y sociales, como el Ministerio de Educación, agente estratégico para la promoción de relaciones de respeto e igualdad de género, aquellas que las propias estudiantes demandan. Solo así avanzaremos en la protección de un derecho humano tan básico como es la vida libre de violencia.
