Columna de Álvaro Vargas Llosa: El caso Lula

La decisión del máximo tribunal brasileño de rechazar el "hábeas corpus" con el que el expresidente brasileño Lula da Silva pretendía evitar ir a la cárcel mientras el proceso por el cual ha sido sentenciado sigue su curso ha provocado un enconado debate. La izquierda denuncia una injusticia organizada por las élites contra el líder de los pobres. Otros creen, por el contrario, que por fin el cerebro del sistema de corrupción organizado en torno al gigante energético Petrobras está pagando sus culpas. Ofrezco a los lectores este ejercicio para tratar de encontrar qué es verdad y qué es pura pasión política o ideológica.

Lula tiene no uno sino siete procesos judiciales en marcha (más dos denuncias). El que ocupa la atención es el que tiene que ver con el supuesto soborno que recibió por parte de la constructora OAS -gran beneficiaria de los contratos con el Estado en tiempos del gobierno del Partido de los Trabajadores- en la forma de un tríplex valorizado en 1,15 millones de dólares en Guarujá. Lula es uno de centenares de políticos, empresarios y ejecutivos procesados por corrupción en años recientes. Más de 160 han sido sentenciados. Su caso no es único.

El año pasado, él fue condenado en primera instancia por el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, por corrupción pasiva y lavado de dinero, a una pena de cárcel de nueve años y seis meses. Entre los elementos ponderados está la confesión del expresidente de OAS Leo Pinheiro, según el cual el inmueble fue otorgado por la constructora al ex mandatario a cambio de favores. En enero de este año un tribunal de apelaciones de la 4ta. Región confirmó la decisión por unanimidad y amplió la condena a 12 años y un mes. Lula presentó entonces un "hábeas corpus" a un Tribunal Superior de Justicia, que lo rechazó basándose en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (máxima corte del país) según la cual la pena de prisión se hace efectiva después de la segunda instancia. Pocas semanas más tarde, el tribunal de la 4ta. Región antes mencionado volvió a fallar contra Lula, rechazando un recurso de su defensa.

Lo que ahora ha hecho el Supremo Tribunal Federal es simplemente mantener las cosas como estaban, es decir confirmar su propia jurisprudencia, pues ya en 2016 había decidido, en un fallo sin relación con el caso de Lula, que los condenados deben ir a prisión si los jueces así lo ordenan después de que la segunda instancia confirme la pena privativa de libertad.

Lula no ha obtenido, en su amplio recorrido por la judicatura brasileña, un solo fallo a su favor. La sentencia original de Moro, el juez estrella de Brasil que sin embargo sólo es responsable de un tribunal de primera instancia, no explica que todas las instancias mencionadas, que van desde Curibita hasta Brasilia e incluyen al máximo tribunal del país, tengan a Lula con un pie en prisión. Lo que explica su tragedia, es que, a diferencia de lo que sucedía en Brasil anteriormente, los fiscales y jueces ahora están obsesivamente abocados a castigar el vasto sistema de corrupción que se dio durante tantos años y se sienten amparados por una sociedad que rechaza a su clase dirigente.

Que se cometen excesos, errores y negligencias en el sistema anticorrupción, es casi seguro, pero el caso Lula se inscribe dentro de un espectro muy amplio. Creer que hay una inquina contra él implica creer que la hay también contra los más de 160 sentenciados por la corrupción de aquellos años. Su sucesora, Dilma Rousseff, que había presidido Petrobras en su día y que fue destituida como Presidenta por la manipulación de las cifras del presupuesto fiscal, no está procesada por corrupción y sin embargo es, después de Lula, la figura más importante del "lulapetismo", que abarca los años del Partido de los Trabajadores en el poder.

Olvidemos por un momento el descaro que implica que un hombre que fue Presidente en los años en que el Estado incurrió, en complicidad con la empresa privada, en la más vasta corrupción registrada en la historia republicana de ese país quiera volver a gobernar. Olvidemos que su insistencia en la candidatura para los comicios de octubre próximo es una forma de presionar a los tribunales y politizar su situación judicial. Olvidemos, por último, que el audio de una conversación entre Lula y Dilma dado a la publicidad por los jueces hace algún tiempo probó que la entonces Presidenta estaba dispuesta a ofrecerle a su antecesor un ministerio para protegerlo de la justicia. Lo que resulta absurdo, a la luz de los centenares de personajes poderosos de todos los partidos y de las principales empresas de Brasil que han sido sentenciados o están siendo aún investigados bajo medidas cautelares, es sostener que todo este andamiaje anticorrupción tiene por objeto central perseguir a Lula por sus ideas o su gestión política. La mayor parte de los sentenciados hasta ahora son precisamente… ¡de la élite brasileña!

Basta leer el artículo publicado por Sergio Moro en 2004, una década antes de que surgiera el caso Lava Jato, en el que el joven juez de Curitiba explica por qué fue posible que en la Italia de los años 90, los del famoso proceso "Manos Limpias" ("Mani Pulite"), tantos políticos y empresarios poderosos fueran a la cárcel y el esquema de corrupción imperante hasta entonces fuese desmontado. Aquella operación anticorrupción fascinó a Moro y no sólo a él: en una década fueron expedidos casi tres mil mandatos de prisión y se investigó a más de seis mil personas, incluyendo políticos y empresarios.

En ese texto, titulado "Consideraciones sobre la operación Mani Pulite" y publicado en una revista jurídica, Moro explica que la clave estuvo en que los fiscales y jueces construyeron un sistema que se basaba en tres elementos (algo así como las patas de un trípode): la prisión preventiva, la delación premiada o colaboración con la justicia a cambio de una reducción de la pena, y el uso de los medios de comunicación para crear una presión social que protegiera a los tribunales contra las interferencias.

Esto, exactamente esto, es lo que los jueces brasileños, empezando por Moro pero abarcando a todo el sistema judicial, están haciendo en Brasil. Han empleado insistentemente los tres métodos para ir construyendo su propia operación "Manos Limpias". El juez Moro y otros magistrados del país no surgieron por una conspiración de la derecha contra Lula. El caso les cayó en las manos originalmente en Curitiba por la sencilla razón de que era allí donde estaban los policías y fiscales especializados en delitos financieros. Hablamos de 2014, cuando nada hacía suponer que Lula estaría personalmente implicado en las derivaciones de Lava Jato.

Podría pensarse, si no se tiene una información elemental de lo que sucede en Brasil, que el actual gobierno de Michel Temer, antiguo aliado y hoy enfrentado al Partido de los Trabajadores, influye para que los jueces tengan en sus manos la posibilidad de perseguir a Lula y al PT en general. Ocurre, sin embargo, que el propio Temer está bajo investigación, que muchos miembros de su agrupación, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, sufren la misma suerte que Lula u otra peor, y que no hay, entre la treintena de organizaciones políticas con representación parlamentaria, una sola que no esté afectada de una manera u otra.

Pero hay que tomar en cuenta otra consideración importantísima. En 2013, cuando todavía no había estallado Lava Jato y con aprobación, por tanto, del gobierno y el partido de Dilma, es decir del "lulapetismo", se modificó el Código Penal para permitir la colaboración o delación premiada. Esa ley, la 12.850, promulgada en agosto de aquel año, resultó más tarde determinante. Ya existía en Brasil, desde 1995, la figura de la colaboración del investigado con la justicia, pero con la ley de 2013 la figura se instaló con mucha más precisión e importancia. Gracias a ella el equipo de policías y fiscales que iniciaron las investigaciones en Curibita, y más tarde los jueces, pudieron ir desmadejando Lava Jato. Sin ella tampoco habría sido posible más tarde que el expresidente de OAS confesara todo lo que confesó, incluyendo el soborno a Lula que es motivo del actual debate.

El orden de los factores aquí es fundamental: no es que los jueces encontraron que los políticos y empresarios eran culpables y luego los legisladores y el Presidente adaptaron las leyes para condenarlos. Fue al revés: gracias a que hubo esa modificación legal -sin que sus autores, incluida Dilma, quien la sancionó, supieran lo que iba a suceder poco después-, los investigadores fueron encontrando elementos que los llevaron hasta las cumbres del poder político y económico. Que Lula y compañía sean parte de esa trama es un derivado del factor original, que es el uso que los investigadores pudieron hacer de la figura jurídica de la colaboración o delación premiada para acercarse a la verdad, es decir a la trama de corrupción mediante la cual Petrobras fue el núcleo de más de tres mil millones de dólares en sobornos.

Como mencioné antes, hay otros seis procesos en marcha. En uno se acusa a Lula de haber pretendido beneficiarse de un soborno de Odebrecht que, como parte de una serie de pagos al PT, tenía la intención de incluir 12 millones de reales destinados a la adquisición de un terreno donde debía funcionar un instituto del ex mandatario. En otro se acusa a Lula de recibir 2,25 millones de reales a través de una empresa de su hijo a cambio de influir durante el gobierno de Dilma en la compra de cazabombarderos. En un cuarto proceso un político de su propio partido lo acusa de participar en la compra del silencio de un ex directivo de Petrobras. Por último, en otro caso relacionado con Odebrecht se afirma que Lula recibió (a través de la empresa de un sobrino) un pago importante a cambio de influir en el banco estatal BNDES, otro epicentro de corrupción durante el "lulapetismo", para favorecer los negocios de aquella compañía en Angola. Hay otros dos procesos, uno por beneficiar a compañías automotrices ilegalmente y otro por el presunto soborno relacionado con una hacienda que se cree que es del ex mandatario.

No sabemos si Lula saldrá bien librado de estos procesos. Pero, teniendo en cuenta la monumental corrupción que se produjo bajo su gobierno a todos los niveles, lo sorprendente no es que Lula sea investigado y condenado sino que todavía haya quienes pueden seriamente creer que el otrora símbolo de los pobres y portaestandarte de los países emergentes es una víctima y no un gran responsable de esos años podridos.