El Presidente ha iniciado un cambio de fase. No se sabrá por mucho tiempo si se retrasó, se adelantó o lo hizo a tiempo. El cambio es un tanto repentino, pero ha marcado una nueva etapa en el enfrentamiento del Estado de Chile con la droga. Cualquier otra manera de entenderlo es una frivolidad, incluso si la propone él mismo.

El decreto promulgado el martes para involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico significa al menos tres cosas: primero, el gobierno abandona la idea de que Chile está inmune al narcotráfico; segundo, da por superada la noción bobalicona de que solo serviría para tránsito, como un pasadizo sanforizado por donde pasan productos camino al mundo, y finalmente, avisa que lo que viene es más gordo de lo que se ha supuesto.

Como lo menor no puede ocultar lo mayor, es inicuo pensar que detrás del decreto hay un propósito antiinmigración, o un fin segregacionista, o una movida para inflamar la crisis del Partido Socialista, que por lo pronto no ha necesitado la ayuda de nadie para llegar a donde ha quedado. Tampoco el PS se ha mostrado tan alarmado por la acusación de narcopolítica, aunque se trata de la imputación más grave que se ha hecho a un partido en 30 años.

La comunidad de inteligencia no lo interpreta de ninguna de esas maneras. El ingreso de las Fuerzas Armadas significa el peligro, presente o inminente, de que las fuerzas policiales sean insuficientes. El narco de gran escala no siempre tiene ejércitos, pero cuando lo necesita acumula un poder de fuego muy superior al ordinario. Pero lo más peligroso es su extrema flexibilidad empresarial, su capacidad de adaptarse a malas condiciones de mercado manteniendo el foco en el cliente.

Toda la evidencia policial indica que Chile puede ser elegido para las dos actividades de término, la distribución y el consumo. Como recuerda a menudo el periodista británico Misha Glenny, en la categoría de distribución están Colombia, los Balcanes y Afganistán, pero también la muy pacífica Canadá, que luego ha pasado a ser centro de producción (la marihuana de la Columbia Británica tiene una gran reputación) y finalmente de consumo: perfecto caso de diversificación.

El aumento de las incautaciones y del consumo en Chile son señales de que hay un cambio cualitativo en curso. El Presidente no dio más detalles, pero dijo que el 64% de la droga está penetrando las porosas fronteras del norte. Esto toca a tres de las regiones más extensas y hay que ser miope para no ver que ya están muy afectadas.

Tanto, que en algunos casos el decreto solo formaliza algo que ya han hecho fuerzas militares, como la unidad de despliegue rápido instalada en Cariquima, un área identificada como punto de cruce de varias rutas clandestinas. Más nítido es el caso de la Armada, que tiene por mandato constitucional el control del borde costero y las rutas marítimas.

Algunos opositores han reclamado que una medida como esta debe discutirse en el Congreso, lo que es impecable en toda doctrina democrática. El ejecutivo parece haberse cansado de un Parlamento muy frondoso en el debate, pero desértico en el acuerdo (hay parlamentarios que se acercan al récord de no tener ninguno), y que con insistencia prefiere la mensajería electrónica y se alimenta de ejemplos mal citados, distorsiones de la web y fake news. De aquí sale, por supuesto, una pregunta más de fondo para la democracia: ¿Se puede cansar un gobierno de su interlocutor obligado, por intransigente que le resulte? Pero es otro tema.

Los críticos mejor informados tienen un punto muy importante: es preciso prevenir la capacidad de corromper las instituciones, incluidas las militares. La única forma de hacerlo es desarrollar medidas de contrainteligencia altamente invasivas para el personal involucrado, como analizar sus familias y sus cuentas, hacerles pruebas físicas periódicas y someterlos a exámenes de veracidad. La Armada implantó su llamada "acreditación de confiabilidad" en 2013, que concluye con una pasada por el polígrafo.

También es posible que el gobierno haya sido desprolijo en el alcance constitucional, como han observado algunos juristas. A las autoridades políticas nunca les gusta reconocer que la seguridad nacional está amenazada: les parece síntoma de debilidad. Pero si no es así, si la necesidad no es de este nivel, el decreto podría ser objetado desde su raíz.

El gobierno ha intentado saltarse ese problema limitando su alcance: las Fuerzas Armadas solo proveerían apoyo logístico, transporte, vigilancia y tecnología; apenas le faltó el catering. Pero esto no es así: se trata de un cambio de fondo, una pequeña marca histórica. No es menos que eso. No se puede estar solo medio contagiado.R