Columna de Álvaro Vargas Llosa: Ecuador, algo más que la derrota de Correa

Lo ocurrido en Ecuador el domingo pasado reviste una importancia que desborda largamente el perímetro geográfico de ese país y sintoniza con una tendencia notoria en la América Latina de estos tiempos: el repudio del populismo. Conviene no olvidar que Rafael Correa, gran derrotado en las cinco preguntas del referéndum y las dos preguntas de la consulta popular que promovió el gobierno de Lenín Moreno, llegó a acumular en su momento un poder descomunal gracias al populismo. Gobernó durante diez años que parecieron cien, derrochó tanta demagogia como Hugo Chávez y Nicolás Maduro sin establecer una dictadura pero zahiriendo sistemáticamente la democracia, e implantó un sistema económico intervencionista y controlista que gozó, mientras duraron los petrodólares, de una aceptación social amplia a pesar de la corrupción. Todo eso hace agua hoy y América Latina debe agradecerlo, pues el plan de Correa era que la Revolución Ciudadana, con Lenín Moreno instalado en el Palacio de Carondelet, siguiera su curso a la espera de su regreso al gobierno.

Desde el inicio, Moreno comprendió que desmontar el correísmo era la primera prioridad si quería ser algo más que un Presidente-títere y si quería enderezar el rumbo torcido de su país. Correa, a su vez, comprendió que su destino político, y acaso penal, estaban en juego. El referéndum y la consulta popular del domingo pasado fueron el momento decisivo de esa pugna. Por eso es trascendental para Ecuador y la región que en las siete preguntas, cinco en el referéndum y dos en la consulta, Moreno haya prevalecido sobre su oponente. Esas preguntas apuntaban, entre otras cosas, a acabar con la amenaza del retorno de Correa (la reelección ilimitada), a romper el mando del correísmo sobre el sistema de controles democráticos (la posibilidad de modificar la composición del órgano que elige a esas autoridades) y a eliminar algunas leyes expropiatorias (la llamada Ley de Plusvalía). En todos los casos el "sí" superó cómodamente el 60 por ciento y en alguna preguntas, por ejemplo sobre la inhabilitación de los corruptos, incluso el 70 por ciento. Ecuador se prepara, por tanto, para reformar su Constitución por tercera vez en una década.

Siguiendo la tradición adánica de los hombres fuertes, civiles o militares, Correa se hizo dar una nueva Constitución (la vigésima de la República) en 2008 y la fue enmendando para satisfacer sus fines personales, especialmente en 2015, cuando hizo autorizar, por primera vez desde la fundación del país en 1830, la reelección ilimitada. Moreno, que había sido vicepresidente de Correa pero había dejado el cargo en 2013, se había opuesto a la posibilidad de la reelección ilimitada. Una vez en el poder, manifestó la voluntad de revertir esa decisión y, con acertada intuición acerca del estado de ánimo ciudadano frente al legado autoritario del anterior gobernante, movilizó al país contra esa aberración jurídica y política. Al hacerlo, entró en campaña también contra la posibilidad de que él mismo fuera reelecto en el futuro más allá de dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno.

El blanco inmediato era Correa, pero los beneficiarios no son los enemigos del ex gobernante, sino los ecuatorianos que aspiran, después de una década de poder excesivo y presencia desmedida de la política en sus vidas, a fortalecer la sociedad civil y hacer retroceder el poder del Estado a límites razonables. La reelección ilimitada era la más perversa de todas las herencias del populismo reciente en Ecuador. Por eso mismo, el correísmo -liderado por el propio Correa, que regresó desde Bélgica para ello— movió cielo y tierra para impedir, o al menos ensuciar, el triunfo del "sí". Pero la contundencia del resultado no deja dudas con respecto a la impopularidad de la operación constitucional de baja ley del correísmo.

No habría bastado la derrota de la reelección ilimitada para herir de gravedad el legado correísta. Porque otra de las cosas perversas que hizo el anterior mandatario fue poblar de agentes suyos las instancias de control del Estado cuyos titulares son nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí es donde se designa al contralor general del Estado, al procurador, al defensor público y al presidente del Consejo de la Judicatura que disciplina a los jueces, entra otras cosas. Para dejar a sus peones en muchas de estas instancias es que Correa le puso un "candado" al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por tanto, recuperar la capacidad de remover y sustituir a los miembros era muy importante si se pretendía despolitizar esas instancias y, en lo inmediato, limitar la capacidad de Correa y los populistas de manipular ciertas instituciones del Estado a favor de sus intereses, como librarse de las investigaciones por la abundante corrupción sucedida bajo el populismo. Es la razón por la cual se incluyó una pregunta sobre el Consejo en el referéndum. También ahí triunfó el "sí" de forma inapelable.

¿Existe un riesgo de que Moreno termine colocando a los suyos y la sustitución de autoridades resuelva un problema pero cree otro? Existe, como en toda reforma que pretende desandar el camino andado por el autoritarismo: despolitizar el Estado y la judicatura exige remover a quienes están allí cumpliendo fines políticos y, una vez producidas esas vacancias, llenar el vacío. Pero algunos factores permiten suponer que Moreno no podrá "morenizar" el Consejo. Primero, él debe proponer a la Asamblea Nacional una terna. Aunque el oficialismo es mayoría, la pugna entre Moreno y Correo ha dividido a la bancada y llevado al gobierno a negociar con sectores de la oposición, lo cual tiene un efecto moderador que antes no existía.

Por otro lado, para enfrentar al correísmo y desmontar el legado populista, Moreno ha dialogado extensamente con sectores de la sociedad civil, a izquierda y derecha, que estuvieron muy enfrentados al gobierno anterior. Parte de esos sectores forman, después de la funesta experiencia de la Revolución Ciudadana, corrientes de opinión influyentes contra el abuso de poder. Moreno sabe que cualquier intento de reproducir el autoritarismo bajo su propia Presidencia provocaría un entendimiento tácito del correísmo, la izquierda, el liberalismo y la derecha contra él, arruinando sus aspiraciones de modernizar Ecuador. Moreno no tiene la fuerza que tuvo Correa. Su aceptación social y política depende en gran medida de todo lo que está haciendo para dejar atrás el legado del correísmo. Desviarse por interés personal de esa trayectoria sería un suicidio político.

¿Está muerto Correa? No, qué tontería. Pero está gravemente herido y el futuro inmediato no le augura nada bueno. Las investigaciones fiscales -y en algunos casos las sentencias judiciales ya dictadas- van confirmando el imperio de corrupción que fue la Revolución Ciudadana. Como se recuerda bien, Jorge Glas, a quien Correa impuso como compañero de ticket presidencial de Moreno, ha sido despojado de la vicepresidencia y condenado a seis años de cárcel por los sobornos de Odebrecht.

El propio Correa enfrenta ahora investigaciones, como muchos de sus colaboradores, de incierto pronóstico, que lo tendrán indefinidamente ocupado y preocupado. Ese desgaste seguirá minando su figura política y su estatura moral, de por sí muy encogidas desde su salida del gobierno. Por lo pronto, los fiscales lo interrogarán la semana que viene en relación con la venta de petróleo a China y Tailandia. A efectos de reconstruir su base política, todo esto es muy perjudicial para Correa. Los disidentes de Alianza País dispuestos a apartarse definitivamente de Moreno, es decir del poder, para aferrarse a un derrotado no serán demasiados. No es así como funciona el poder normalmente.

Moreno, pues, ha derrotado a Correa y pasará mucho tiempo para que esa dinámica se revierta, si algún día se revierte. La gran pregunta, ahora, es: ¿hará Moreno las reformas necesarias para modernizar a Ecuador? Por lo pronto, a pesar de su reducción, el déficit fiscal alcanza el equivalente al 4,5 por ciento del PIB y la economía, aunque vuelve a crecer, sigue a ritmo muy lento. El crecimiento estuvo por debajo del 2 por ciento en 2017. El gobierno se ha seguido endeudando considerablemente, por lo que Moreno deberá afrontar vencimientos de 11 mil millones de dólares tanto por el déficit fiscal como por el servicio de la deuda. Urge, pues, una reforma del Estado y un conjunto de modificaciones institucionales para transitar de un escenario en el que el grueso de la inversión ha dependido del Estado a otro en el que los inversores, nacionales y extranjeros, lleven la voz cantante.

Moreno exhibe un talante político contrario al de Correa: dialoga, intenta consensuar, se aleja de los exabruptos y ucases con que se manejaba el Estado y la economía en tiempos de su antecesor. Pero dos cosas atentan contra la posibilidad de reformas profundas. Una es, aunque suene contradictorio, ese esfuerzo por establecer consensos. Algunas medidas necesarias son difíciles de "vender" en el corto plazo, de manera que en determinado punto del camino el gobierno deberá actuar con decisión, incluso si no contenta a todo el mundo. Lo segundo es que todavía rodean a Moreno algunos asesores heredados del correísmo que, si bien se han apartado del ex mandatario y están alineados con el actual, tienen una visión política y económica bastante intervencionista.

En algunos casos -como el del ex ministro que se reunió en su momento con las FARC en territorio ecuatoriano y consideraba al grupo terrorista "movimiento beligerante"—, las simpatías con la izquierda radical no auguran un excesivo interés en abrir la economía y hacerla más competitiva. Pero amplios sectores del país son conscientes del retraso que tiene Ecuador con respecto a otros lugares de la región por el tiempo perdido bajo el anterior gobierno, y exigen reformas parecidas a las que en países vecinos han permitido tasas de crecimiento sanas y una expansión de la clase media.

Moreno, cuya intuición con respecto a los peligros del exceso de intervencionismo político parecen acertados, no ignora que la vía populista, incluso en su versión "light", es nociva para lo que se necesita, que es hacer que los inversores recuperen la confianza y producir mucho más. Ha habido demasiados años de redistribución demagógica y clientelista, y muy pocos de inversión productiva, como para que Moreno no sepa que, además del populismo político, también debe alejarse del económico.

Puede que Correa trate de sacar provecho de esas reformas difíciles si Moreno las lleva a cabo. Pero el actual mandatario tiene hoy el capital político del que carecía, su rival está aturdido en la lona y gran parte del país apoyaría semejante esfuerzo.