A pesar de que la renuncia de toda la Conferencia Episcopal chilena fue una noticia que llenó de alegría a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, es muy pronto para celebrar sin ambigüedades. La eliminación total de los abusos al interior de la Iglesia Católica y las medidas para prevenir que delitos como estos no vuelvan a ocurrir es una meta lejana aún. Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han liderado esta lucha al interior de la Iglesia, pero esta aún se encuentra lejos del alcanzar el principio de tolerancia cero tan anunciado por el actual Pontífice. Fue a comienzos del 2014, apenas un año después de haber sido elegido, que Francisco estableció la Comisión Pontificia para la Protección del Menor, cuyo objetivo era proveer a la Iglesia de urgentes reformas para proteger a menores y adultos vulnerables de abusos sexuales y asegurar que delitos como los sucedidos ya no se repitan en la Iglesia. El propio Sumo Pontífice declaró entonces que la pedofilia afectaba al 2% de los sacerdotes católicos. Sin embargo, a los tres años de trabajo, dos sobrevivientes de abusos sexuales miembros de la comisión (entre ellos la emblemática Marie Collins) renunciaron por la falta de cooperación que recibían por parte de las otras instituciones vaticanas, especialmente la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la encargada de investigar y sancionar los casos de abusos al interior de la Iglesia. La comisión creada por el Papa había recomendado un elemento clave para terminar con el encubrimiento que ha permitido la perpetuación de estos delitos, ese elemento era la creación de un tribunal para juzgar a obispos negligentes en la persecución de la pederastia. Esta medida fue considerada inaceptable por la Congregación para la Doctrina de la Fe y su prefecto, el cardenal alemán Gerhard Müller, reconocido como el principal obstruccionista a la reforma profunda de la Iglesia. Quizás por esto o porque este cardenal alemán también es sospechoso de haber desoído las denuncias de abusos que afectaban a 500 niños en una escuela de Alemania que el Papa lo reemplazó por el sacerdote jesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Marie Collins, una mujer irlandesa que fue abusada por un sacerdote cuando tenía 13 años, siempre ha exculpado al Papa Francisco del escaso avance de la lucha contra la pedofilia. "El Papa está haciendo lo mejor que puede", ha dicho Collins cada vez que ha sido consultada. Pero la pugna interna entre quienes quieren reformas y sanciones profundas contra los abusos sexuales y los que siguen creyendo en la protección de la Iglesia aún a costa de la vulneración de niños y adolescentes en el mundo sigue presente y el Papa está en medio.
La insistente defensa del obispo Barros en su viaje a Chile puede ser tomada como otro ejemplo de esta pugna. Francisco se desdijo, pidió perdón y acusó haber sido "mal informado". La responsabilidad de esta mala información cae, sin duda, en los obispos chilenos, pero también en sus "ministros" en el gobierno de la Iglesia, que es la Curia romana. De hecho, todas las iniciativas más contundentes en el combate de los abusos han sido iniciativas más personales que colectivas por parte del Papa. Ha sido el Santo Padre quien ha pedido perdón insistentemente, quien organizó la comisión, quien se ha reunido con las víctimas y dedicado a ellas largas horas de acompañamiento. Fue él quien también envío a monseñor Scicluna a realizar un informe sobre los abusos en Chile y fue él quien llamo a asumir sus responsabilidades a los obispos chilenos. Pero qué pasa con organismos que se deberían dedicar a estos temas como la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Obispos. Solo este último prefecto acompañó al Papa en sus reuniones con la jerarquía chilena. El silencio o falta de proactividad de las instituciones vaticanas es algo manifiesto. Tanto es así, que en su ultima carta dirigida a los católicos chilenos recién el 31 de mayo, el Papa les pide a los laicos que protagonicen los cambios y que hablen cuando algo les parece mal. Esos laicos que llevan años siendo censurados por obispos que como el mismo Papa ha dicho se creían dueños de la verdad.
Ahora la gran duda es si el Papa, por más carácter o carisma que tenga, podrá solo con esta enorme reforma en un tema que, además, llena de vergüenza a la Iglesia mundial. El tibio comunicado oficial del Papa al término de las reuniones con los obispos chilenos, donde nada decía de sus renuncias, y el tiempo que ha pasado sin que se informe de la aceptación de alguna de estas dimisiones, añaden más incertidumbre. De hecho, sin que se hubiese filtrado el duro documento que el Papa entregó a los obispos chilenos sobre los abusos en Chile, estas reuniones no habrían generado el impacto que finalmente tuvieron. ¿Impidió alguien que el Papa fuera públicamente más contundente con los obispos chilenos? La filtración del documento ha permitido conocer el verdadero pensamiento del Papa contra los obispos encubridores, apoyando de manera indirecta la necesidad de hacer obligatoria a los obispos la denuncia de los abusos sexuales, una de las conclusiones más polémicas de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Quizás Jorge Mario Bergoglio está actuando de hecho, ante las resistencias institucionales, para avanzar en los cambios que él quiere ver en la Iglesia. Nada nuevo en este Papa, considerado uno de los más hábiles políticamente, pues usó el mismo método para que se permitiera a los divorciados vueltos a casar el sacramento de la comunión. ¿Cuál es ese método? Evitar el enfrentamiento directo contra el statu quo a través de cambios de facto, reformas de hecho. Veremos si esta estrategia también le da resultados en el drama de los abusos en la Iglesia.
